Como consecuencia de haber ganado la mayoría de los alcaldes, directores de distritos municipales, regidores y vocales, en las pasadas elecciones del 18 de febrero, se ha propagado la percepción de que el actual partido de gobierno se encuentra en los umbrales de un triunfo en primera vuelta en los próximos comicios de mayo.
Para afianzar más esa apreciación, el oficialismo promueve una serie de encuestas, a través de medios tradicionales, redes sociales y hasta en vallas, ubicadas en lugares estratégicos de distintas partes del país.
Con eso pretende intentar, además, desmoralizar a la oposición y crear la sensación de que no es posible que esta pueda triunfar. Sin embargo, una lectura más atenta de los resultados de esas recientes elecciones municipales, invitan a tener mayor cautela.
Por ejemplo, a pesar de todo el poder desplegado, de todo el dinero desparramado y de todas las truculencias esgrimidas, el PRM solo alcanzó el apoyo del 22 por ciento de los electores, ya que el 78 por ciento restante se abstuvo o votó en su contra.
El fenómeno, inclusive, adquiere una dimensión mayor cuando a pesar de su pírrica votación, no alcanzó el 50 por ciento más uno de los votos emitidos. Solo obtuvo el 47.3 por ciento, insuficiente para una victoria en primera vuelta en los comicios presidenciales.
Más aún, la diferencia entre el voto oficialista y el opositor en las elecciones municipales fue nada más de 289 mil 769 votos, para una brecha porcentual de tan sólo un 6.4 por ciento.
Ese escenario, naturalmente, en unas elecciones presidenciales, obligaría a una segunda vuelta; y en ese caso hipotético, con una intención aproximada de votos del 53 por ciento entre las principales fuerzas de oposición, serían estas las que se alzarían con una victoria sobre el 47 por ciento del PRM.
Dinerocracia al desnudo
Pero, para hacer desvanecer esa posibilidad, el oficialismo, como hemos dicho, se dedica a la realización de encuestas falsas, que luego hace publicar en forma concatenada, para legitimarse entre sí, al procurar aproximarse en sus resultados.
La última de Gallup fue un escarnio nacional. Conforme a los propios datos de la encuesta, el diseño de la muestra aleatoria se hizo fundamentado en el 65.5 por ciento de los que votaron en favor del PRM en las elecciones de febrero, el 16.8 por ciento por el PLD y el 9.8 por ciento por la FP.
Como puede interpretarse, una auténtica grosería contra el pueblo dominicano.
Luego de haber ganado, en circunstancias especiales, las elecciones del 2020, los líderes del PRM llegaron a la conclusión de que no disponían de una fuerza propia, lo suficientemente potente, como para vencer en futuras contiendas electorales.
Por esa razón, desde muy temprano de su ejercicio gubernamental empezaron a aplicar un plan de cooptación de alcaldes, directores municipales, regidores y vocales de la oposición.
De esa manera, consideraban que no solo debilitaban a la oposición, sino que fundamentalmente incrementaban sus caudales para futuros torneos electorales, especialmente en el ámbito municipal.
Así fue. Lo lograron, pero a un alto precio. Cada uno de esos funcionarios electos de los partidos de oposición, eran atraídos sobre la base de la entrega de sumas millonarias de dinero y promesas de apoyo a sus gestiones edilicias.
Nacía así un nuevo modelo político en la República Dominicana: el de la dinerocracia. Era, por supuesto, un grave retroceso institucional. Luego de décadas de lucha por alcanzar una estabilidad política democrática, el PRM la ponía en riesgo, solo por la necesidad que tiene de construir una mayoría electoral que le permita convertirse en la fuerza política dominante en el país.
De 80 alcaldes que el partido de gobierno había obtenido en las elecciones del 2020, por vía de la dinerocracia se elevó a 113. Sumó 32 alcaldes que no había conquistado a través de elecciones. Además, literalmente compró más de 45 directores municipales, 15 diputados y una considerable cantidad de regidores y vocales.
En las recientes elecciones de febrero, el oficialismo incrementó su número de alcaldes a 120. Pero parece que todavía les resultan insuficientes, ya que se ha dedicado a una labor intensa de cacería para capturar tanto a candidatos electos de la oposición, como a los no electos.
Eso nunca había ocurrido en la historia política de la República Dominicana. Se había incurrido en transfuguismo, falta de lealtad o divisiones internas, pero nunca en un fenómeno de corrupción del sistema político nacional tan visceral como el de compraventa de dirigentes de la oposición, para engrosar las filas de un partido de gobierno.
Maniobras turbias
Para el día de las recientes elecciones municipales, el PRM se apoderó de los espacios físicos donde se ejerció el sufragio. Erigía unas carpas donde se congregaban varios de sus dirigentes. Exhibían propaganda, intentaban influir sobre los votantes y compraban cédulas.
La Policía Militar Electoral parecía ausente ante esos desmanes. No era algo que les llamase la atención. Pero no fue lo más grave de lo que sucedió. En realidad, desde hacía tiempo el oficialismo estaba haciendo uso de los programas sociales con fines puramente clientelistas.
Los programas como el de la tarjeta Supérate, el Bonogás, el Bonoluz, y las pensiones, estaban siendo concedidos con una intención puramente electoral. Pero en los últimos tiempos, el hecho se ha agravado.
Por ejemplo, el gobierno entrega un bono navideño que se extiende hasta el mes de junio. Otorga un bono escolar desde febrero de este año, cuando se supone que el año escolar inicia en septiembre.
Algunos dirán que eso lo hacen todos los gobiernos, pero no es así. Sobre todo, cuando se organizan padrones electorales y se cruzan con los beneficiarios de los programas de asistencia social del gobierno.
Durante nuestra gestión recibimos el reconocimiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por precisamente haber evitado toda politización en la concesión de esos programas sociales.
Ahora, ya es abiertamente. No hay escrúpulos. Se trata de utilizar todas las artimañas con tal de imponerse en un proceso electoral que carece de integridad y equidad electoral.
Pero, por más que apelen a la cooptación de dirigentes de oposición, los números no les permiten alcanzar el triunfo al que aspiran. Solo basta que la Junta Central Electoral aplique la ley y establezca el orden para que la dinerocracia no se consolide como el nuevo modelo político de la República Dominicana. Por: Leonel Fernández [Listín Diario]
