«La verdad»

0
24

El evangelista san Juan nos cuenta como el Gobernador romano, Poncio Pilato, interrogó a Jesús de Nazaret sobre las acusaciones que le formulaba el Sanedrín y le preguntó si verdaderamente era Rey, cuando Jesús responde afirmativamente, añade: «Para eso nací y vine al mundo, para dar testimonio de la verdad». Pilato contesta, con lo que hoy llamaríamos pregunta retórica: «¿Y qué es la verdad?», dando la vuelta y saliendo al exterior para dirigirse a los judíos.

La respuesta la había dado el Nazareno varios meses antes cuando dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Para los creyentes solo Dios tiene la verdad, los hombres poseemos «nuestra verdad», que tenemos derecho a sostener y defender, pero no a imponerla a los demás. Al margen de creencias religiosas, la libertad democrática se asienta en el principio de que a nadie se puede obligar a aceptar una verdad que rechace; eso no quiere decir que no existan realidades incontestables desde el punto de vista jurídico, pero son únicamente la verdad formal que un Tribunal de Justicia libre e independientemente declare sobre hechos que juzgue.

Hace pocos días, en Barcelona, hablé de la tentación totalitaria de los que no se someten a la Ley porque tienen una verdad absoluta por encima de ella, perdón por la autocita, que me permite señalar ahora que hay otra tentación, igualmente totalitaria, la de intervenir con la Ley, creando verdades y sustrayendo a la investigación científica y a la libre opinión la existencia de unos acontecimientos y su valoración, creando una especie de verdad revelada políticamente; es el caso de la pretensión que se apunta en la proposición de Ley de ampliación de la de Memoria Histórica, que publicó el Boletín del Congreso de los Diputados el pasado 22 de diciembre.

Comienza dicha propuesta por una Exposición de Motivos singularmente extensa, lo que me hace recordar aquel consejo que recibí en la Escuela Judicial de la boca de un insigne jurista, a la sazón director de dicho órgano formativo y presidente de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, don Manuel de la Plaza, que nos dijo: «Los considerandos (así se llamaban los actuales Fundamentos Jurídicos) han de ser solo los necesarios, la pluralidad de argumentos revela inseguridad en la convicción de lo que se dice», cuando hay que exponer tanto los motivos de algo que se va a hacer puede causar la impresión de que no se está seguro, o peor aún, que no se confiesan los verdaderos motivos.

Personalmente era un niño de dos años cuando empezó la guerra, que cumplí cinco justo al terminar; por aquellos tiempos cuando se hablaba de la guerra era siempre la Guerra Civil Española de 1936-39; conocí por tanto el horror de aquel desastre histórico y fui testigo, aunque infantil, de los odios, los crímenes y las venganzas que cometieron uno y otro bando y que permanecieron durante algunos años siguientes. En la adolescencia recibí el ejemplo de reconciliación y paz que me dio mi padre y lo cultivé y seguí fielmente; después consagré mi vida al Derecho, y más tarde también a la Justicia, de manera apasionada, consumiendo en ello mi propia vida y cuando esa reconciliación y esa paz cristalizaron en una ejemplar Transición a la Democracia, creí sinceramente que, por fin, habíamos encontrado los españoles el perdón recíproco. Pues bien, ahora se apunta la posibilidad de ahondar de nuevo en aquella absurda distinción entre buenos y malos, que creíamos desterrada y que únicamente cambia de signo.

Bien recientemente y en estas mismas páginas, un político de Estado, que no de partido, Fernando Suárez, que además es jurista y hombre de bien, puso de manifiesto los peligros y las situaciones absurdas a que llevaría la conversión en Ley de esta propuesta, que entre otras cosas, anuncia la creación de una «Comisión de la Verdad» que, aunque sin comparación posible, podría recordar aquel organismo que desde Moscú se ocupaba de realizar periódicas correcciones de la Enciclopedia Soviética, según la situación política de los dirigentes del Kremlin en cada momento y que llegaba hasta la pintoresca supresión de la figura de los que habían caído en desgracia desde la última edición, suprimiéndolos de las fotografías de grupo, en un absurdo y siniestro «photoshop».

Respetemos y apoyemos todos, sin reserva alguna, el legítimo derecho de los familiares de los asesinados a rescatar sus restos, pero tratando exactamente igual a los desaparecidos cadáveres de García Lorca y de Muñoz Seca, y todo ello para darles una sepultura digna, no para resucitar el enfrentamiento desde el BOE.

Dejemos a los muertos en paz y confiemos a los profesionales que investiguen y discutan los acontecimientos históricos, como lo hicieron a lo largo de los tiempos hombres tan insignes como Sánchez Albornoz y Américo Castro, por ejemplo, pero sin condicionar sus libertades de creación científica y de cátedra, que les reconoce y protege, dentro de la libertad de expresión a la que todos debemos poder acceder, el art. 20 de la Constitución, y no estableciendo una proscrita censura, con la amenaza legal de sanciones administrativas y hasta penas de cárcel, viniendo a instaurar una suerte de «Inquisición laica», disparatada pretensión que confiemos no llegue a plasmarse y ante la que tendría que salir al paso, por una u otra vía, el Tribunal Constitucional.

Los ochenta años que están a punto de transcurrir desde el final de la Guerra Civil y los cuarenta que también llegarán en este mismo año desde la promulgación de la Constitución, que proclama, reconoce y protege nuestras libertades, exige no solo el perdón de cualquier culpa de los unos o de los otros, sino también un misericordioso olvido de ellas, porque esa generosa actitud que nació en 1978, no es incompatible con el sereno recuerdo de las víctimas, fueran también propias o ajenas. La paz se construye mirando al futuro; no volvamos más la vista atrás, como no sea para perdonar.

Por RAMÓN RODRÍGUEZ ARRIBAS  (http://www.abc.es/opinion/)