Este año que recién comienza tiene pendiente el desarrollo de múltiples procesos de reforma y demandas heredadas, que si llegaran a ejecutarse producirán cambios importantes en el país. Es claro que en ningún caso serán concesiones de los que gobiernan, sino que en cada proceso se va a requerir de una conciencia y movilización ciudadanas que las apuntalen e impulsen. Veamos las principales.
UN PACTO POR LA SALUD. Si algo ha dejado claro la pandemia del COVID 19 es el creciente deterioro del derecho a la salud del pueblo dominicano. El tradicional bajo presupuesto de salud –menos del 2% del PIB— es la otra cara del proceso de privatización de los servicios de salud impulsado por los gobiernos de las últimas décadas. Hoy las familias han de invertir anualmente de su bolsillo más de 60 mil millones de pesos. En el 2022 tiene total pertinencia la demanda de un Pacto por la Salud que impulsa la Asociación Dominicana por la Salud (ADESA), que incluya el aumento de la inversión pública en salud a por lo menos el 4.5% del PIB, la reforma estructural del sistema nacional de salud para producir un cambio de paradigma para enfocarlo en la promoción de la salud y no solo en curar enfermedades, y que tenga como eje central la prevención y la atención primaria.
TRANSFORMAR LA SEGURIDAD SOCIAL. En este 2022 adquiere toda su vigencia la necesidad de reformar la Ley 87-01 de Seguridad Social. El sector financiero del país está haciendo uso de todo su poder de presión al Gobierno y al Congreso para que mantenga el actual esquema de la seguridad social como negocio privado y para la acumulación de capital, por medio de las AFP y las ARS, reduciendo al Estado a ejercer un papel de regulación limitada. En el 2021 se estructuró la Coalición por una Seguridad Social Digna que impulsa la transformación del actual sistema de seguridad social para hacerlo de carácter público y donde el Estado pasa a ser el garante del derecho a la salud y a la seguridad social de todos los dominicanos, que asegure la protección contra la enfermedad, vejez, discapacidad, desempleo, entre otros. Todos los sectores que aspiramos a una república con justicia social, en este año 2022 tenemos el compromiso de concientizar, participar y movilizarnos para la transformación del actual sistema de seguridad social para convertirlo, de acuerdo con la Constitución, en un derecho ciudadano y garantizado por el Estado. Se trata, sin dudas, de la reforma social de mayor trascendencia en el país.
PARAR EL IRRESPONSABLE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO. Por todos los medios y vías hay que levantar la voz y oponerse al irresponsable endeudamiento público que viene propiciando el Ejecutivo, con la complicidad del Congreso Nacional. En este 2022, es necesario que el Gobierno disponga auditar la deuda pública para establecer de forma transparente a quién le debemos, cuánto debemos y en qué se utilizó el dinero que se tomó prestado y establecer responsabilidades, si resultara pertinente. De igual modo, insistimos en que el Gobierno debe encaminar esfuerzos y tomar iniciativas para impulsar un movimiento de países de nuestra región, en situación similar a la nuestra, para la renegociación de la deuda externa, aprovechando las circunstancias favorables que ha creado la pandemia.
TRANSFORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL. Este gobierno lleva casi dos años amagando con impulsar una profunda reforma policial. Primero se anunció con bombos y platillos la asesoría del tristemente célebre Rudy Giuliani. Luego la asesoría de la policía colombiana y ahora de los carabineros de Chile –que se destacan sobre todo por su talante represivo en sus respectivos países— pasando por la creación de un grupo de trabajo que laboró unos 10 meses en la formulación de una propuesta de reforma. Mientras tanto, la ciudadanía padece el azote de una delincuencia que no se detiene ante nada y la ineficiencia de la policía. Este gobierno carece ya de excusas para encarar la necesaria transformación de la Policía Nacional, acabar con los grupos que operan en su interior, la corrupción, la connivencia de estamentos con el narcotráfico y la delincuencia, para dar paso a un cuerpo policial profesional, de carrera, tecnificado, bien remunerado y que se asuma y actúe como garante de los derechos y libertades ciudadanas y que sea eficiente en la prevención del delito y del crimen.
REVISIÓN DEL DR-CAFTA. Está pautado que en el 2025 quedarán eliminados los aranceles aduaneros que aún permanecen y que protegen especialmente la producción de arroz en el país. Es sabido que los productores de arroz de nuestro país no tienen posibilidad de competir con los productores norteamericanos de este cereal, pues éstos reciben importantes subsidios de su Estado. Este año es pues el momento para que el Gobierno dominicano tome iniciativas para propiciar la revisión de este tratado, para evitar la profunda crisis que produciría en el campo dominicano la quiebra de la producción de arroz, además para preservar nuestra soberanía y seguridad alimentarias.
BARRILITO Y COFRECITO. Es inaceptable que el partido de gobierno renuncie a su promesa de campaña y, con mayoría en el Congreso, mantenga vigente en favor de senadores y diputados, el barrilito y el cofrecito, que como bien es sabido se trata de una forma de corrupción legalizada, por demás contraria a la Constitución. Exigir la eliminación de esta práctica aberrante tiene que permanecer como demanda de la ciudadanía en este 2022.
AUMENTO GENERAL DE SALARIOS. En el 2021 se produjo un significativo aumento de los precios de los productos de la canasta básica, de los combustibles, incluido el gas de cocinar y está pautado el aumento de la tarifa de la energía eléctrica, empezando por un primer aumento en el primer trimestre de este año. Es decir, se ha deteriorado el poder adquisitivo del peso, sin que se produzca indexación en los salarios por inflación. En este 2022 tiene pues total vigencia la demanda de aumento general de salarios para trabajadores, empleados, guardias y policías.
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD. El Ministerio Público hasta ahora circunscribe la investigación de la corrupción al entorno cercano del expresidente Danilo Medina. Es momento de exigirle que amplíe la investigación y persecución penal de la corrupción hacia los otros gobiernos del peledé y del perredé. También debe proceder a investigar los varios casos de corrupción denunciados en este gobierno, no resulta suficiente la destitución del cargo de los funcionarios involucrados.
PRESA DE COLA EN YAMASÁ. En este 2022 debe finalmente prohibirse a la Barrick Gold la instalación de la presa de cola en Yamasá, a orillas del río Cuance, para evitar los daños que conllevará al medio ambiente y a la producción agropecuaria de la zona. Las organizaciones y comunitarios de la región se mantienen en vigilia permanente hasta alcanzar esta importante conquista. Por: Guillermo Moreno [Diario Libre]
