La permisividad ciudadana a todo lo relativo a la corrupción, ha generado, que ya sea “normal” que pandilleros de cuello blanco que han asaltado presupuestos públicos, el cómplice ministerio público les acepta cuotas de devolución de dineros robados y liberándoles de culpas y cárcel.
¿Qué significa tan deleznable procedimiento?, que en este país, quien robe desde el gobierno tiene impunidad garantizada y con lo que el gobierno y la partidocracia incentivan los delitos de cuello blanco y a un nivel tal, que solo desde el 2020 a este año, funcionarios, exfuncionarios y allegados de este gobierno plutocrático de Abinader-PRM-Competitividad, se les tiene la sospecha que han saqueado más de 300 mil millones de pesos de los contribuyentes y no hay organismo público que les exija cuentas.
Por ejemplo, ¿dónde están las declaraciones de patrimonio de los legisladores y las de los funcionarios públicos del gobierno central o los otros de los municipales y mucho más imperativo, cuando se sospecha de los miles de funcionarios del Estado, que en cinco años se han hecho multimillonarios y para no hablar desde el año 2000 al presente, con los pasados gobiernos de Hipólito, Leonel y Danilo?
¿Cómo puede hablarse de Estado Derecho, en una nación donde la regla política, social y económica, es robarse a sí mismo desde todas las instituciones públicas y privadas y nada importa, mientras la ciudadanía se corrompe hasta los tuétanos y en particular, los nacidos hace 18 años en el 2007? (DAG-OJO)
