Desde que el presidente Luis Abinader cometiera lo que ya se ha visto ha sido su peor decisión administrativa y al declarar el mismo día que se estableció en el poder en agosto del 2020, la supuesta independencia del ministerio público y al momento de juramentar a su titular principal como Procuradora general de la República.
En ese mismo instante, inauguró el proceso abrumadoramente desintegrador de la aplicación de la justicia represiva del Poder Ejecutivo y lo que constitucionalmente, es una función que el Poder Ejecutivo delega en ese cuerpo “especializado” de burócratas.
Gracias a semejante determinación y la que fuera hecha de manera oportunista y al creer Abinader que de ese modo se libraba de la responsabilidad política directa y al momento de que esa funcionaria aplicara y lo que ya se ha visto, la manera “más humanizada” de represión judicial directa contra los adversarios políticos y comenzando por los principales cargos del pasado gobierno que le entregaba las riendas del poder.
Cómo se esperaba, desde la Procuraduría General y así como desde el ministerio público a cargo de la aplicación de la supuesta persecución contra la corrupción, al día siguiente y en su primer día de trabajo, la PGR asentó los parámetros de persecución seleccionada y lo que fuera aplaudido por todos los medios de comunicación tradicionales y sus apéndices en las redes sociales, donde los peores calificativos e insultos fueron emitidos y tal como si esos medios y esos periodistas y comunicadores, no hubiesen sido el nicho de delincuentes de cuello blanco y con su prédica de a tanto por palabra que sustentaban al régimen anterior.
De esta manera y por la puerta grande, entró la represión política maquillada como persecutora de una corrupción pública, de la que ahora seis años después, es evidente que la nueva patrocinada por los gobiernos del PRM ha hecho palidecer a la anterior y cuyo matiz más rudo, se encuentra en la persecución directa de familiares del anterior gobernante, Danilo Medina Sánchez y creándose de ese modo, la jurisprudencia, para que cuando este gobierno termine, Abinader entienda lo que a él y a su familia les espera.
A todo esto, la jauría de antisociales y trepadores de la pequeña burguesía en las redes sociales, se le fueron al cuello a los exfuncionarios y emitiendo toda suerte de consideraciones negativas sobre los mismos exfuncionarios, quienes cuando eran poder, también sometían a otros ante parecido paredón mediático y hasta más encarnizado si se quiere.
Y de esta forma es que ha transcurrido el accionar de la llamada “justicia independiente”, mientras desde los estamentos de la justicia burocrática desde el Poder Judicial, no solo que se miraba a otro lado, sino que con sus silencios, consentían en la sistemática como bárbara persecución política judicial colectiva y familiar, que hacía trizas todo lo que fuera el derecho a entender y sostener el derecho de los imputados a que se les entienda inocentes, hasta que llegara el momento de que un tribunal de fondo se pronunciara al respecto.
En paralelo, comenzó el festival de expropiaciones, el circo mayúsculo y escandaloso de violación del domicilio del que fuera imputado y sacado a la fuerza desde sus casas y apartamentos y muchos en paños menores y porque el gobierno de Abinader y el PRM decía, que “que quería dar una lección moral» humillando a los exfuncionarios que eran víctimas de su retaliación.
Así pasaron cuatro años del primer gobierno hijo de elecciones fraudulentas financiadas por el narcotráfico y el lavado de activos e iniciando el festival de secuestros de propiedades, que a lo inmediato eran usufrutuadas por funcionarios de ese ministerio público de presumible accionar delincuencial y desalmado y quienes sin sonrojos, dispusieron de bienes, que en el momento de ser retenidos, fácilmente que llegaban y en dinero y en dólares, a no menos 500 millones.
Fue así como “la aplicación de la justicia directa y represiva del Poder Ejecutivo” y ahora operando desde sus subalternos en la PGR, no guardó consideración absolutamente para nada ni para nadie y de escándalo en escándalo, así se pasó ese primer periodo de gobierno.
¿Cuál ha sido el resultado?, que la mayoría de los tribunales y jueces, se las han visto y deseado tratando de atender las órdenes directas de un Poder Judicial totalmente identificado con la justicia represiva de Abinader y el que abusivamente, su presidente y demás jueces de la SCJ y quienes tan irresponsablemente permitieron que se pisoteara el derecho de cada procesado a que se le entendiera inocente hasta que se demostrara lo contrario por parte de un tribunal y jueces competentes y calificados.
Al mismo tiempo, el gobierno del PRM incentivó los rastreros juicios mediáticos, que eran alentados a más, por el presupuesto de 20 mil millones de pesos de cada mes en gasto de publicidad y propaganda de la administración central, más su extensión paralela de persecución sutil y también abierta contra las voces demasiado independientes al gusto e interés de Abinader y llegándose al extremo, de imponerles una fuerte represión publicitaria como ahogo económico extremo y lo más cruel, la persecución directa contra familiares de esas voces independientes y los que -esos parientes- desde años trabajaban en la administración pública.
Por ello han pagado justos por pecadores y en secreto, quienes les “juzgaban” y muchos recibiendo coimas y sobornos sin poder zafarse de la presión abusiva de las jerarquías del Poder Judicial, que aprovechaban la oportunidad para tender puentes personales con el mismo Poder Ejecutivo y en base de la aplicación de este “método persecutor a lo Abinader” como en estos y ya seis años, las autoridades judiciales han coludido con las peores decisiones del PGR y del ministerio público, que nunca dejó de ser realmente dependiente a las persecuciones emotivas de un Abinader desatado como dictador en ciernes.
Ahora y debido a que el desmadre y estafa han sido millonarios en la aplicación del secuestro de bienes e inmuebles de todo tipo, el Poder Ejecutivo se inventa un organismo intermedio y del que se supone debe dar cuentas y autoría de todos los bienes decomisados y para colocarlos en pública subasta y sin importar, que la mayoría de estos y hablando en criollo, quedaron como puro restrojo.
En definitiva y ya que y sin importarle utilizar códigos y leyes como si fueran papel sanitario, la PGR y en su segundo aire del actual gobierno, hijo este de otras elecciones fraudulentas y estas y lo que se entiende presumiblemente, financiadas con el uso y abuso de la utilización del presupuesto de la Nación, ha dejado atrás el desorden del enfermos sexuales y de ninfomanía pura que tomó arraigo en el curioso delirio de poder ajustador de cuentas y lo que en algún momento y en lo futuro, deberá la PGR y todo el ministerio público, responder y dilucidar en muestra descarada de prevaricación continúa y ahora con su última exhibición de manejo directo delincuencial, de uno que otro fiscal y para beneficiarse exigiendo sobornos millonarios a imputados de supuestos actos de corrupción.
Justo ahora la nueva procuradora general se ha apartado del quehacer anterior, pero sí ha sido letal aplicando un instructivo de interpretación jurídica, que hasta el mismo Abinader teme y por lo maligno del quehacer represivo judicial que en la PGR se ha impuesto, a la vez que desde la punta de lanza de la persecución contra la corrupción, no hay día de que la mano represora más endiablada, se cebe en algún objetivo hijo de su incompetencia e incapacidad jurídica para saber conceptualizar y sí como muestra de afán lujurioso “para castigar al delincuente”.
Sin embargo y no obstante la crítica sobre el accionar general del ministerio público, hay que decir, que todavía no se tienen evidencias de que inconductas como las que criticamos, sean autoría de la PGR Berenice Reynoso Gómez o de Wilson Camacho, director general de persecución contra la corrupción o Mirna Ortiz, directora de la PEPCA.
Mientras y en sentido amplio, en los pasillos del ministerio público, allí ya hablan de que habrán sentencias terribles contra “esos corruptos” y de esa manera, incitando a las hienas mediáticas que les hacen juego y para que se les vayan al cuello, por lo que ahora hay que esperar otra muestra infame del terrorismo judicial en su mayor y peor expresión y de lo que al final, será el Poder Ejecutivo el que deberá de rendir cuentas por los excesos inconstitucionales de sus subalternos, en la llamada “persecución contra la corrupción”.
De ahí que preguntemos: ¿Qué clase de ministerio público es el que se tiene, cuyos métodos gansteriles le llevan a secuestrar bienes que no son suyos y los que retiene y usufructúa y luego entrega destruidos y en una especie de saco roto y con etiqueta de supuesto amparo de ley? Con Dios. (DAG) 18.04.2026
última actualización: 11:00 am.
