Lo que ayer ocurrió en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde los poderes Legislativo y Ejecutivo debieron ceder frente al Poder Judicial, es de una dimensión tan emblemática y decisiva, que a partir de ahora los dominicanos podemos decir que la justicia, es decir, la implementación e interpretación de los domas jurídico, la doctrina, la jurisprudencia y los códigos, todo queda en manos de los jueces y sin que por ello haya que suponer que pudiera darse la distorsión de algún tipo de “gobierno de jueces”, que por cierto, nuestro ordenamiento jurídico nunca ha contemplado.
En cambio, lo que si se ha hecho, es la colocación de la primera piedra para la transformación radical y conceptual del quehacer judicial bajo la interpretación de los hechos, sus circunstancias y la decisión correcta de quien es o no culpable y sin que por primera vez pueda no entenderse, de que al fin nuestro sistema de justicia será absolutamente independiente a todos los poderes públicos y privados y como el mejor mecanismo para que por derivación, el concepto ansiado de que la democracia es el concepto de el pueblo, para el pueblo y por el pueblo se pueda hacer realidad y concretar en los próximos cinco años.
Ahora viene el proceso de reeducación cívica institucional dentro de los medios de comunicación y de información de masas y las anárquicas redes sociales, donde el analfabetismo funcional, la maldad, la perversión de las ideas y la corrupción de las costumbres, tanto daño ha hecho para que los dominicanos carezcamos de un verdadero estado de derecho.
En este sentido, a partir de ahora, todos los ciudadanos deberemos aprender a reeducarnos política y cívicamente y entender, que también a todos ha llegado el momento de que rescatemos el perdido concepto ciudadano, usurpado abusivamente por ese otro bastardo, de siervo.
Pues debido a que todos y tanto a más o menos, le hemos fallado a nuestra nación y abusivamente hemos permitido que el estado de derecho fuera relajado por los llamados poderes facticos, partidos, grupos económicos y financieros y gobiernos, caímos en el grave error de permitir, que los tres poderes del Estado fueran convertidos en el ariete de políticos y partidos inmorales, quienes entre ellos se coaligaron como casta gobernante, que actuando como mafia social, nos arrebató la independencia de acción y derecho que cada uno de los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo, judicial y el “secreto” Municipal, debían de tener constitucionalmente para volcarlo inconstitucionalmente en un solo poder del Estado por encima de todos los demás e imponiendo una dictadura personalizada partidaria y solapada con desmedido apoyo militar y policial, que desde el 2000 a la fecha, ha destruido los cimientos correctos de lo que debe ser una institucionalidad bien entendida.
Por eso cabe esperar, que los doctos jurisconsultos, abogados y jueces, unos, actores directos y otros, como auxiliares de la República, deben hacer lo imposible para que el retroceso institucional experimentado sea erradicado y de raíz y comenzando por disciplinar al Tribunal Constitucional con su dependencia promiscua del Poder Ejecutivo y ni hablar del tribunal de primera instancia que es la Junta Central Electoral (JCE), esta última la autora vil y responsable de los fraudes electorales continuos que la partidocracia y por cobardía ciudadana le impuso a toda la nación y sus instituciones.
La alegría que manifestamos tampoco significa que haya que hacerle ahora una política de culto personal a cada juez, y desde el nivel de juez de paz hasta el último en el escalafón en el Tribunal Constitucional y la misma Suprema Corte de Justicia. Sino que todos deberemos de trabajar de conjunto y con el solo objetivo de tener una justicia y todo el aparato judicial verdaderamente fuerte en lo institucional y lo suficientemente decente como para aspirar que las quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos sean atendidas, valoradas y dando sentencias sin favor ni temor.
Sino que también, la nueva reeducación política y social y dentro de parámetros estrictamente judiciales, debe iniciarse haciéndole ver a todo el aparato judicial, que ya llegó el final de la participación política en las decisiones de este poder y comenzando por arrebatarle constitucionalmente al Poder Ejecutivo, la arbitraria facultad que posee, de controlar inconstitucionalmente el presupuesto y ley general de gastos e ingresos del Poder Judicial.
Así mismo, al presidente Luis Abinader hay que despojarle y estamos utilizando el término preciso, de todo ese ámbito seudo dictatorial personalizado en el que se desenvuelve y gracias a la corrupción que le ha impuesto a las instituciones y desde comprar y traficar con las honras de los ciudadanos, prostituir las institucionales tutelares, incentivar que la policía sea dirigida por carniceros y que las instituciones mediáticas e incluidas las redes sociales, sean el peor antro de falta de civilidad, civismo, decencia y haciendo de la vida ciudadana un chiquero y antro de la peor especie.
De ahí que aplaudamos vigorosamente el cambio impuesto y que tanto la sociedad civil como las fuerzas vivas de la nación han logrado dentro del Poder Judicial y para que de una vez y por todas, en este país no continue sucediendo, que la mala practica de que los ciudadanos electores no ejerzan su libertad de escogencia y si las mafias partidarias y los grupos de presión por estos, cese el proceso de golpe de Estado permanente de quien llega al Poder Ejecutivo y quien con la dudosa interpretación de que su partido cuenta con una mayoría en las cámaras legislativas, aplasta la funcionabilidad de los poderes legislativo y judicial y reconvirtiéndose en un solo poder absoluto y hegemónico que le permite a quien sea presidente de la República, ejercer un poder absoluto, personal, ilegal e ilegitimo y hasta hacer del poder militar, policial, de data e inteligencia, uno y de conjunto, que solo le sirve y manipula como si fuera un papel sanitario.
Y sobrepasando los sistemas de inteligencia, data y contraespionaje del Estado y al extremo, de que en paralelo, uno o tres bancos comerciales y sus grupos, poseen un sistema ilegal e ilícito que debe ser expropiado, de data e inteligencia y superiores a los del Estado y que es el mecanismo secreto que los grupos económicos y financieros tienen para doblegar al poder político y prostituir la vida nacional.
La tarea que enfrentar es dura, pero los jueces que ayer fueron designados y juramentados y junto a la mayoría de todo el Poder Judicial, tienen la autoridad moral más que necesaria para lograr institucionalmente, que la justicia prevalezca y como brazo ejecutor y protector de la ciudadanía y mucho más frente al actual poder ejecutivo desbordado y corruptor.
Obligándonos a decir, que con el soberbio cambio juris-institucional en la SCJ, los poderes fácticos, el gobierno, la partidocracia y los Vicini pierden el control de esta y se abre un nuevo amanecer para que el Poder Judicial sea realmente independiente y a favor de la Nación. Con Dios. (DAG) 03.11.2026
imagen: Presidencia de la República
