A diferencia de otros, lo relativo al financiamiento de los partidos por parte de terceros, es fácil de descubrir, seguir y perseguir y el discurso de ayer del presidente de la JCE, a razonamiento a contrario nos lo hace ver

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Nunca podremos entender esa persistencia en algunos burócratas, quienes asumen, que, en materia de ingresos no declarados, a los partidos políticos hay que sujetarlos mediante la camisa de fuerza de una ley que limite las cantidades individuales o grupales que pueden recibir como donaciones normales de sostenimiento y las otras excepcionales en tiempos electorales.

            Y esto así, porque la naturaleza humana siempre hará lo imposible por evadir las restricciones y por más legales que estas se les puedan colocar, toda vez que en lo atinente a la idiosincrasia dominicana y aun cuando sea duro decirlo, lo cierto es, que hasta ahora no hay políticos y menos partidos, que no quieran disfrazar sus ingresos. Todos sus ingresos.

            Lo que hacen, tanto para que el común de las personas no entiendan que alguna colectividad determinada tiene mucho más de lo que debiera y por lo tanto, para que no se desaten los apetitos irrefrenables por apoderarse de lo ajeno o porque con ese espíritu continuo de evasión congénita en materia de pagos al fisco, la historia reciente, demuestra que no ha habido colectividad política e incluso social o económica y según los casos, que a su vez no haya tratado de hacerse más graciosa de la cuenta tratando de ocultar, por lo menos una cuarta parte de su ingresos reales.

            Solo hay que ver, que en cierto modo, la misma DGII incentiva la evasión fiscal con toda una serie de implantaciones de procesos burocráticos altamente discutibles y al extremo, de que es cierto que la mayoría de las reglamentaciones chocan contra el espíritu de las leyes creadas y lo otro, de que la burocracia interna está totalmente inadaptada a innovar dentro de una reevaluación de los mecanismos de captación de impuestos y al nivel de generar todo un mecanismo tortuoso y el que por cansancio incentiva la evasión por parte del contribuyentes.

            Supóngase entonces, lo que ocurrirá dentro de partidos políticos acostumbrados a incrementar sus activos a costillas de los contribuyentes y vía las asignaciones presupuestarias del Estado o a través de todas las otras, que, en base a mañas y fuerza, quienes dirigen los departamentos contables de esos partidos, se las ingenian y hasta crear un mecanismo alternativo nuevo “para entendernos con la burocracia de la dirección general fiscal”.

           Conociendo esta realidad, entonces, lo correcto debería de ser, que sencillamente y mediante auditorías forenses exhaustivas y realizadas por expertos que no estén en nómina de Impuestos Internos y que al mismo tiempo sean inmunes a presiones de los políticos, se atengan única y exclusivamente a los bienes y activos que cada partido exhibe y en base al nivel de sus gastos mensuales para fines de mantenimiento de la estructura física a nivel nacional e igual de empleomanía propia.

          Si se hiciera este tipo de trazado contable y estudiando a profundidad las cuentas bancarias de los partidos y al mismo tiempo, chequeando las otras ocultas de sus directivos, perfectamente que todo auditor responsable que se precie de tal, podría descubrir cuál es el nivel de bienes, activos y capitales que los partidos políticos tienen y a partir de los mismos, aplicar el nivel que corresponde al pago de impuestos en un periodo determinado.

          Hasta ahora, nada de lo que sugerimos se hace y mucho menos se auscultan los bienes “periféricos o alternativos” que partidos y políticos tienen y los que van, desde oenegés propias, fundaciones, centros de difusión cultural y depósitos en paraísos fiscales del exterior o lo otro tan determinante, de bienes y activos que esas colectividades poseen en determinados países donde hay un fuerte segmento poblacional de inmigrantes dominicanos.

           Ahora bien, ¿por qué a los líderes políticos y jefes de partidos, no se les exige que depositen en la DGII los pagos de impuestos que efectúan a través de sus filiales en EEUU o en Europa por ejemplo? Seguro que con una rápida lectura, se descubrirían ciertas peculiaridades de evasión fiscal para fines dominicanos y no así para sus iguales estadounidenses y tan pronto salte a la vista tal contradicción, se podría dar seguimiento  a la manera y forma, de como el PLD, PRSC, PRD y PRM tienen oficinas operativas en EEUU y por qué vías, dineros que salen de este país u otros desde EEUU y Europa y proveniente de las diversas “manualidades” de lavado de activos, se encuentra el nicho de financiamiento oculto con el que se ha logrado evadir al fisco dominicano.

          Desde luego, hacer esto, implica que haya seriedad extrema por regularizar la situación, pues cuando se sabe que la mayoría de los cuatro partidos mencionados, en conjunto poseen bienes inmuebles superiores a una suma que pasa de los cinco mil millones de pesos y todo en el territorio nacional, si a esos bienes se les hicieran las auditorías forenses respectivas, se podría descubrir el otro mal oculto, ¿cuántos de esos bienes son propiedad directa de los jefes de los partidos o cuanto de los mismos han sido logrados en base a donaciones ocultas y muchas de ellas casi delictivas?.

          Es igual con lo relativo a las fundaciones que tienen los mismos partidos políticos y ni hablemos de los fondos que ellos mismos se auto asignan vía sus legisladores en el Congreso Nacional y que componen el principio dizque legal, de una pirámide de estafas continuas como nunca antes se había hecho.

          ¿O tampoco se va intentar siquiera, que los líderes políticos pongan sus libros mayores a conocimiento de todo el ciudadano o fuente oficial, en Hacienda o derivada de esta que quisiera conocer semejante “urdimbre” de ilícitos continuos? En esos casos, ¿cómo saber, que bienes son del presidente del partido y cuales los de la organización?, ¿acaso no habría que fiscalizar todas sus cuentas bancarias y rastrear los niveles de peso económico y financiero de sus respectivas tarjetas de crédito, chequear el nivel de gastos por viajes al exterior y de donde sale el aprovisionamiento de recursos?

            Si todo lo anterior se hiciera, seguro que muchas caretas caerían al suelo y los jefes políticos involucrados en tales excesos no tendrían como defenderse. Entonces, por ahí es que a nuestro juicio deben empezar las indagatorias y si es que en verdad se quiere que las cuentas de los partidos y de sus jefes sean transparentes y que ninguno de estos pudiera continuar evadiendo y como ahora se hace, el que se conozca de donde es que salen los recursos para que la mayoría sostenga un nivel y alta calidad de vida, impropio respecto a las simples pensiones que algunos pudieran estar percibiendo o los salarios e ingresos legales que otros dicen tener.

            Naturalmente, para muchos y en los que este periódico digital POR EL OJO DE LA CERRADURA se incluye, se conoce, que por lo menos en este país, no existe el político honesto y partiendo de ese principio, es que la DGII debería de investigar y fiscalizar los patrimonios, bienes, cuentas bancarias y activos de los partidos como de los jefes políticos, por eso de lo importante de reclutar mediante contratos de servicios, a no menos diez auditores forenses y solo para que ellos se encarguen de las cuentas, bienes y activos de los cuatro partidos mencionados y los de sus respectivos líderes, pues estamos muy seguros, que el nivel de evasión fiscal y falsedad en las declaraciones juradas de bienes y comenzando por presentar en ellas tanto el pasivo como el activo de cada quien, mínimamente debe pasar de los cinco mil millones de pesos.

            Por supuesto, esto es, si lo que verdaderamente se quiere, es dar una muestra categórica de un antes y un después y como el mejor de los ejemplos de transparencia absoluta para que el resto de los ciudadanos lo tomen como casos a imitar. Pero mientras nada de esto ocurra, se verá como desde la presidencia de la Junta Central Electoral y como lo hiciera ayer su burocratizado presidente, quien reclamó “la pronta aprobación de la ley de partidos políticos, para ponerle límites al tiempo de la campaña, y evitar que sean financiadas con dinero sucio e ilegal producto del narcotráfico, juegos de azar, lavado de activos, trata de persona y demás actividades ilegales”.

            Contexto veleidoso y caprichoso, que sin auditoria forense de por medio no va a conducir a nada, salvo mejorar a mayor nivel la bella imagen de burócrata de alta respetabilidad que se ha formado el ciudadano, Julio César Castaños Guzmán y quien para que se vea cómo se las gasta, disparó esta imagen de cuido aparente de la moralidad, al decir, “nos preguntamos: ¿qué hacer frente a una situación tan peligrosa en la que el dinero espurio se hace presente en la política y la democracia interna de los partidos es eventualmente secuestrada por una oligarquía partidaria?” Pregunta que podría tomarse en serio si se supiera que el principal de los Castaños Guzmán, realmente en sus dos tiempos como presidente de la JCE, hubiese hecho algo practico y definido para desterrar semejante mala práctica.

            Por eso, porque lo que muchos vemos, es siempre la presencia de discursos bonitos y bien articulados, pero profundamente vacíos por parte de las autoridades que directamente son las que tienen que enfrentar el problema, es que planteamos, que  a diferencia de otros, lo relativo al financiamiento de los partidos por parte de terceros, es fácil de descubrir, seguir y perseguir y de tomarse en cuenta las sugerencias que presentamos y que nos dan la razón de su aplicación, al conocer los “numeritos” que el presidente de la JCE electoral y como si en él no debió de imponer la voluntad y hace rato, de haber efectuado una investigación contable retroactiva y con lo que haría tiempo, que se descubriría, a que manos se fue el 15 por ciento de las altas sumas económicas que presentara.

            Pues eso de decir y como si estuviera contemplando un bello atardecer desde su regia oficina, que “pocas personas saben con exactitud, aunque lo intuyan, que desde el año 1998, que fue cuando inició el financiamiento público y hasta la fecha, al amparo de la Ley 275-97 y sus modificaciones, el Estado Dominicano ha entregado  al día de hoy a los Partidos Políticos reconocidos la suma de doce mil doscientos veinte millones de pesos dominicanos (RD$12,220,000,000.00);  si de forma estimada extendiéramos el cálculo de esa contribución hasta las elecciones generales del año 2020, ese monto ascenderá a no menos de quince mil seiscientos ochenta millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos noventa y cuatro pesos dominicanos (RD$15,680,443,394.00)” y sin especificar, que “Estado Dominicano” son los contribuyentes, denota a razonamiento a contrario, cierto interés por ese alto cargo de solo ganar opinión pública, cuando lo correcto debió de haber sido. que especificara, que hizo su departamento para analizar vía contabilidad forense, si esos dineros fueron realmente empleados por los partidos o en cambio, una gran parte se fue a mano de sus jefes.

          E igual lo otro, al plantear  con ese dejo de demagogia oculta aprendido en la sacristía, “que tomando como referencia únicamente la inversión que hizo la JCE en la organización de las pasadas elecciones de 2016, sin tomar en cuenta el monto de la contribución a las Agrupaciones Políticas, el costo de cada voto válido emitido ascendió en las elecciones pasadas a RD$1,057 pesos dominicanos, calculados sobre la base de dividir RD$4,980,480,908.65 pesos dominicanos como presupuesto ejecutado, entre los 4,708,746 votos válidos emitidos  en el nivel presidencial, es decir, unos US$23.03 dólares por cada  voto calculado a razón de RD$45.89 pesos por US$1.00 dólar, que era la tasa de cambio vigente para esa fecha conforme la tasa promedio establecida por el Banco Central”

           Lo que de suyo debió de haber impulsado al presidente de la JCE, a demostrar su buena fe, demandando, que hasta que sobre esos dineros no se conozca el destino final, él se opondría a que los partidos continúen siendo financiados por los contribuyentes. Pero Julio César Castaños Guzmán nos tiene acostumbrados a esos discursos aparentemente efectistas, pero inútiles y dado que parecería que no hay vocación cierta para corregir y que es lo que nos impulsa a plantear opciones de corrección realmente de uso práctico y esperanzador. Por eso, su discurso académico de ayer, de cero a diez puntos, apenas obtiene un tres.  [DAG. Jueves, 06 de julio de 2017. Año XV. Número 5956].