¿Acosar a la fiscal distrital porque un inspector general entiende que esta abandona el cargo cada vez que concede una entrevista periodística o perseguir propiedades sin que un juez a cargo así lo disponga? Vamos mal.

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Por lo visto y según el gobierno que llega, cada administración trata de imponer sus genialidades o políticas arbitrarias y mucho más, si se trata de someter al que no cae en gracia y que menos merezca respeto de quien se entiende poderoso. En este sentido, los ejemplos cunden y para desgracia y poca fortuna de quienes son objeto directo de las arbitrariedades del poder.

He ahí el caso y que desde ayer ha dejado con la boca abierta a toda una nación que creía que todo lo había visto y que ya nada nuevo podría sorprenderle. El caso inédito de la magistrada fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, que está siendo victima del acoso y persecución del inspector general del Ministerio Publico, Juan Medina y en base a una disposición arbitraria del anterior procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y que, por lo visto, la nueva titular, la magistrada Mirian German ha decidido mantener vigente.

En el fondo, ¿a que se debe esta nueva cacería? A que parecería que la PGR Germán no le interesa que la fiscal Ramos continúe en el cargo y como a la misma le queda todavía un año y de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, se trata de presionarla y para que de una vez y por todas lo abandone, pero con el estigma de ser una funcionaria que en apariencias escapaba a sus obligaciones.

Dentro de la selva que es la vida pública dominicana, nadie que sea empleado público escapa a ser victima de algún tipo de purga al estilo dominicano y lo que tanto va por puro odio, animadversión, envidia o revanchismo y en donde tampoco escapan determinadas actitudes de sexo desenfrenado que algún alto cargo, hombre o mujer, pretende con la empleada o empleado que quiere avasallar.

Ya se vio con el denigrante espectáculo de un director de departamento descentralizado forzando a una relación sexual con una funcionaria financiera subalterna y por lo que ahora y con el caso que nos ocupa, tampoco no pudiera ocurrir igual o de otra naturaleza y con el pretexto de la aplicación de una medida administrativa por parte de un tercer funcionario que quiere lucirse ante quien le ordenó el despropósito.

De ahí que digamos, que ya nada sorprende en materia de inconductas entre funcionarios públicos y menos, cuando se trata de gobiernos originados en el PRD. Desde luego, tampoco es que necesariamente haya que defender a la fiscal Ramos de las imputaciones que se profieren contra ella, sino plantear el necesario punto de vista, ese que haga factible, que, dentro de la PGR, el sosiego y el sentido común primen y que son dos prendas morales, de las que se dice que la procuradora general Germán posee.

Y es que, si a tales niveles dentro de ese ministerio público que está para acumular indicios y pruebas y luego someter ante un juez los resultados de sus pesquisas, se da este tipo de desusado escándalo, ¿qué podrían suponer los ciudadanos de a pie, de magistrados fiscales y procuradores tirándoles al cuello y por casos parecidos, pero desde el ámbito privado?

Ni hablar, de que, frente a este tipo de arbitrariedad administrativa, ningún ciudadano pudiera creer en el ejercicio de trabajo profesional del ministerio público a nivel general y lo otro, ¿cómo es posible que se trate de un pleito desagradable entre mujeres y que se proyecta de manera tan poco agraciada para la credibilidad de los miembros de la PGR y la procuraduría fiscal distrital?

Entonces, cuando se formula este tipo de interrogante, no hay manera de que  la gente no entienda que la política y a nivel más rastrero, a invadido al ministerio público y en esta ocasión, por actitudes políticas represivas  personales entre funcionarios de la PGR como de la fiscalía distrital y lo que también habla de que la justicia administrativa dependiente al Poder Ejecutivo le está haciendo un muy flaco servicio a la aceptable pretensión del presidente de la República, Luis Abinader, en cuanto que el magistrado presidente quiere y desea, que nadie le vea como un jefe de Estado y de Gobierno que no sabe cumplir su palabra.

En consecuencia, es hora de que la magistrada Germán Brito de un paso al frente, de entrada, desautorice al inspector general Medina, así mismo le solicite a la magistrada Ramos abandonar la critica pública y abocarse directamente a resolver un problema súbito que nunca debió de haberse presentado.

Lo que importa, es que la credibilidad ciudadana en el ministerio público no se resquebraje, credibilidad, que por el manejo tortuoso de fiscales y procuradores en ciertos casos de aparente corrupción administrativa ha dejado mucho que desear y al extremo, de que la PGR hace allanamientos y expropia propiedades, cuando los mismos deben ser autorizados por una autoridad legal superior y de acuerdo con el mandato de la ley.

Una nación y lo que todos los ciudadanos sabemos, no puede desenvolverse dentro del caos que se genera cuando la autoridad se rebela a la ley y como ocurre ahora con esta nueva PGR, afectando el orden jurídico dentro de su bien más apreciado, el respeto a la integridad y dignidad de imputados o procesados, así como de la propiedad privada.

¿A dónde llevará el desarrollo de las inconductas que comentamos?, ¿por qué un inspector general en el ministerio público la emprende contra la principal fiscal en el departamento judicial del Distrito Nacional y sin concederle su derecho al beneficio de la duda, arremete contra su dignidad personal y ni siquiera porque es mujer no deja de irrespetarla?, o lo otro, ¿por qué el ministerio público central asume la actitud  de que por simples presunciones y supuestas indagatorias, arremete contra bienes de imputados, desconociendo su derecho de propiedad y encima secuestrándoles y dejándolos en manos de terceros que nada tienen que ver con el proceso, salvo que son amistades de esos procuradores y peor, permitiendo la enajenación de los mismos?

Viendo todo lo anterior, necesariamente que hay que preguntarse: ¿Acosar a la fiscal distrital porque un inspector general entiende que esta abandona el cargo cada vez que concede una entrevista periodística o perseguir propiedades sin que un juez a cargo así lo disponga? Vamos mal. (DAG)