Adecuada interpretación de la constitución dominicana

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Conferencia del doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional .

Amigas y amigos

Agradezco la invitación que me hiciera el Ateneo Dominicano, a través de su presidente, el doctor Henry Mejía, para iniciar el “Ciclo de Conferencias Magistrales”.
El tema que nos ocupa es “Justicia Constitucional y Desarrollo
Democrático”.

La justicia constitucional constituye un mecanismo para asegurar la supremacía de la Constitución siendo su medio de defensa por excelencia. Esta no pasaría de ser una simple afirmación de principio, vacía de contenido y privada de eficacia, si no existiese el control de conformidad de la ley a la Constitución, como bien señala el profesor francés Claude Leclercq en “Droit constitutionnel et institutions politiques”.

Surgimiento y expansión
El control judicial de la constitucionalidad es asumido tempranamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Su consagración se produce en 1803, en el famoso caso Marbury vs. Madison, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un fallo motivado por su presidente, John Marshall. Se decidió que o bien toda ley contraria a la Constitución es nula o bien las constituciones escritas serían absurdas tentativas para limitar un poder que por su propia naturaleza es ilimitable, por lo que corresponde a cada juez, en los casos concretos sometidos a su conocimiento, inaplicar las leyes que la contravengan.

En Europa, la justicia constitucional no tuvo cabida hasta inicios del siglo XX, porque el principio de la soberanía parlamentaria echaba por tierra cualquier intento de establecer una jurisdicción de control de la ley. Sin embargo, la justicia constitucional solo echa raíces sólidas en Europa después de la segunda guerra mundial. Asimismo, el rol protagónico que le fue asignado a los tribunales constitucionales en los procesos de democratización de las sociedades del Este de Europa tras la caída del Muro de Berlín y el quiebre del llamado socialismo real, muestran la vitalidad y fortaleza que puede imprimir al sistema jurídico y político la jurisdicción constitucional.

Los Tribunales Constitucionales, configurados como órganos extrapoderes, se han convertido en piezas vitales de muchas democracias contemporáneas organizadas en la forma de Estado Constitucional. Son el resultado de la evolución democrática de los pueblos que han sido abatidos por dictaduras, crisis institucionales e inestabilidad política. La República Dominicana no escapó a esa realidad histórica.

El desarrollo de la justicia constitucional en América Latina inició en el siglo XIX cuando, influenciados por la judicial review norteamericana, se adoptan mecanismos de control difuso de la constitucionalidad y, posteriormente se ensayan algunas formas peculiares de control concentrado que se adelantaron a la experiencia europea. Sin embargo, en las últimas décadas, especialmente a partir de la transición democrática, la influencia europea se ha hecho sentir con la especialización de la justicia constitucional sin renunciar al control difuso, por lo que se ha evolucionado hacia un modelo de justicia constitucional que pretende hacer la síntesis de los modelos norteamericano y europeo, que se ha denominado mixto o dual, sin renunciar a explorar otras vías originales.

Surgimiento y Evolución en la República Dominicana
La justicia constitucional dominicana nace con la Constitución del 6 de noviembre de 1844, mediante los artículos 35 y 125 de esta. En el primero, se consagra el Principio de la Supremacía de la Constitución con relación a la ley, en la medida en que se le prohíbe al legislador crear leyes contrarias a la Constitución. En el segundo, se crearon las bases para establecer el control de constitucionalidad por vía de excepción o control difuso. En la Constitución de 1908, por vez primera se establece la disposición según la cual “serán nulos de pleno derecho toda ley, decreto, reglamento y actos contrarios a la presente Constitución”. Esta disposición permanece en la Constitución actual. En la Constitución de 1908 el control judicial por vía de excepción se establece como atribución máxima de la Suprema Corte de Justicia que debe “decidir en último recurso sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en todos los casos que sea materia de controversia judicial entre partes”.

La Constitución de 1924 constituyó el primer intento de establecer en el país el control concentrado de la Constitucionalidad como atribución exclusiva de la Suprema Corte de Justicia. Esta competencia le fue retirada en la reforma constitucional 1927 debido a que fue objeto de profundas críticas en aquel entonces, por alegadamente producir parálisis en la administración de justicia. La reforma constitucional 1994 estableció, al lado del tradicional control difuso, un mecanismo de control concentrado de la constitucionalidad como atribución de la Suprema Corte de Justicia.  La creación del Tribunal Constitucional es incluida en la reforma del 26 de enero de 2010. Esta estuvo precedida por una amplia consulta popular que favoreció la creación de un Tribunal Constitucional superando la propuesta de crear una Sala Constitucional o seguirle atribuyendo a la Suprema Corte de Justicia el control de constitucionalidad. El pueblo dominicano cosechaba un viejo anhelo de institucionalidad democrática, pues este hace parte de un pequeño núcleo de ideas en torno a las cuales se expresaron los mayores niveles de consenso histórico por casi cuatro décadas.

Hoy contamos con una verdadera jurisdicción constitucional, inspirada en el modelo kelseniano-europeo, que se erige en la cabeza de la justicia constitucional pero no la monopoliza, porque se conserva el control difuso a disposición de los tribunales de la República. Las decisiones del Tribunal Constitucional constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos y poderes del Estado. En consecuencia, el Tribunal Constitucional no tiene la única palabra, sino la última.

Incidencia de la jurisdicción constitucional en el desarrollo democrático En cuanto a las objeciones schmittianas en torno a la existencia del Tribunal Constitucional, esto es, la que enfrenta la justicia constitucional al principio democrático y el cuestionamiento a la capacidad e imparcialidad del Tribunal para afrontar en mejores condiciones que el Congreso o el Ejecutivo la interpretación imperativa de la Constitución, conviene puntualizar algunas ideas.

En primer lugar, coincido con Mauro Cappelletti en que “muchos críticos de la legitimidad democrática de [la justicia constitucional] parecen olvidar [Ö] que ningún sistema efectivo de control judicial es compatible ni tolerado por los regímenes autocráticos enemigos de la libertad, ya estén a la derecha o a la izquierda”.  La justicia constitucional constituye una técnica de autolimitación que la democracia ha instaurado para ponerse al abrigo de la desviación autoritaria del poder.

La experiencia histórica recuerda que las pasiones de un momento pueden llevar al pueblo a sacrificar los principios más elementales de libertad y justicia. La democracia que la Constitución instituye en la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho es una democracia limitada por la Constitución para asegurar la protección de los derechos fundamentales.

Por otra parte, el particular estatus de los jueces constitucionales, su formación especial como juristas, y la naturaleza particular del procedimiento jurisdiccional lo convierten en un foro paradigmático para la interpretación constitucional. Los jueces tienen que explicar y justificar sus decisiones fundándolas en una interpretación adecuada de la Constitución y los precedentes relevantes.

El desafío democrático que deben encarar los tribunales constitucionales es erigirse en órganos de restricción, racionalización y control del poder estatal y social, de protección de los derechos fundamentales, así como espacios de cooperación y construcción de la ciudadanía sin imponer agendas políticas. 

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CONCLUSIÓN

La creación del Tribunal Constitucional es fruto de las aspiraciones y el desarrollo democrático del pueblo dominicano. Nos insertamos en un movimiento histórico que busca que la Constitución no sea un simple pedazo de papel, sino un documento vivo, de garantías ciudadanas y de sostén al Estado Social y Democrático de Derecho. El Tribunal Constitucional, en más de 2,500 decisiones, ha establecido las raíces del impulso vital para desarrollar el constitucionalismo en la Nación.

En la obra “Derecho Constitucional Comparado”, Lucio Pegoraro, Diego López Garrido y Marcos Massó Garrote mencionan tres fenómenos que explicarían el estado y evolución del modelo constitucional de un país: • Constitución con constitucionalismo • Constituciones sin constitucionalismo • Constitucionalismo sin constitución formal

A partir del Tribunal Constitucional, junto a las universidades, el mundo jurídico, los tribunales ordinarios y los ciudadanos, la República Dominicana ha iniciado un camino irreversible hacia el estadio de la “Constitución con constitucionalismo”, siendo esta expresión de la trascendente aspiración de que la Constitución verdaderamente limite el ejercicio del poder de los gobernantes y permita la cristalización de los derechos fundamentales.

¡Dios, Patria y Libertad! ¡Viva la República Dominicana!

Sección La República (http://www.listindiario.com/)