La pensión es un salario social cuya finalidad es la sustitución del ingreso cuando la edad o las condiciones personales no permiten seguir generándolo de forma autónoma.
Esto puede ser por el envejecimiento natural e irreversible de todo ser humano; por una discapacidad que nadie puede planificar ni eludir si llega; o por el fallecimiento, dejando sin ingreso a las personas económicamente dependientes.
Las pensiones y los sistemas de seguridad social se ampliaron e institucionalizaron en el mundo a partir de una constatación: la inmensa mayoría de la población vive de su propio trabajo, de su capacidad de generar ingresos y, principalmente, de un salario.
Solo una pequeñísima parte de la población cuenta con la fortuna individual (heredada y/o acumulada) para hacer frente a las necesidades y contingencias de la vida, bastándose a sí mismos.
La idea es que la mayoría social no estuviera condenada de origen a la miseria, a sobrevivir por la beneficencia o a costa de sus familias.
Por eso mismo, las pensiones y la seguridad social no pueden funcionar como bienes de consumo que administren privados en función de un precio, un riesgo y unas expectativas de ganancia.
Se declararon derechos fundamentales porque son la base de que las personas puedan sostenerse y vivir, ellas y sus familias, y por tanto deben ser independientes de intereses privados, del estatus y la capacidad de pago particular. Una pensión debe sustituir adecuadamente el ingreso que se deja de generar, ser suficiente para vivir con dignidad y permanente en el tiempo.
Para esto, no puede depender de la capacidad de ahorro individual, pues la inmensa mayoría de población -al no ser beneficiaria de herencias ni dueña de grandes capitales- siempre dependerá de ingresos modestos, humildes, cuya mayor parte se consumirá en la subsistencia, bienes y servicios indispensables, incluyendo a la clase media y pequeños empresarios.
De nada sirve que se llame “capitalización individual” o como sea para generar una rentabilidad que en ningún país ha permitido cubrir más allá del 40 % del ingreso (con mucha suerte), que se agota en el tiempo y se calcula con tablas de edades deliberadamente diseñadas para dividir y hacer más bajo el monto a entregar cada mes.
Recientemente las AFP anunciaron con bombos y platillos la entrega de los fondos a sus legítimos dueños por ser de “ingreso tardío” en el sistema. Mientras las AFP estuvieron enriqueciéndose por años con sus ahorros, a 27,155 dominicanos y dominicanas de 60 años y más les tocó en promedio 305 mil pesos que, a 30 mil pesos por mes, no les durará ni un año y tendrán que conformarse con que esa fue su “capitalización individual”.
¿Comerán con esa palabra tan chula por el resto de sus días? ¿En qué condición quedan estas miles de personas y sus familias? ¿Acaso no constituye una estafa mayúscula?
Las pensiones y la seguridad social se entienden bienes sociales que no deben obedecer a las reglas del mercado, como una garantía que, hasta Marine Le Pen, candidata de ultraderecha en Francia, llama “solidaridad nacional”. Son llamados también “derechos de ciudadanía” porque permiten a todos ser parte de la sociedad en igualdad real y en mutua protección, vivir libres y sin miedo, no condicionados al “quién es quién” y que no impere la ley de “sálvese quien pueda”.
En contrario, de México a Chile, pasando por República Dominicana, la privatización de las pensiones bajo las AFP es un régimen que viola todos los preceptos fundamentales, es matemáticamente inviable y niega la existencia de seguridad social, dejando a las personas en la desprotección, la vulnerabilidad y el miedo, obligadas a elegir entre la caridad pública o familiar, la miseria o la muerte, mientras su sudor ha sido la fuente de enriquecimiento de grupos de administración. Por: Matías Bosch [El Día]
