Ante el informe final sobre Odebrecht no hay cortafuegos busca impunidad que valga. Los involucrados en esa asociación de malhechores a gran escala, tendrán que ser apresados y juzgados por ello

0
82

Ayer  nos hicimos eco, de unas declaraciones efectuadas en el 2015 por el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Rubén Jiménez Bichara, por medio de las cuales, se reveló que el presidente Danilo Medina Sánchez, no conforme con que el consorcio formado por la brasileña Odebrecht y la dominicana Ingeniería Estrella, habían ganado en buena lid la licitación sobre la construcción de las plantas de carbón Punta Catalina (CDEEE-LPI-01-2013) exigió de esas empresas, que debían rebajar 300 millones de dólares estadounidenses del monto adjudicado como valor final del proyecto, consiguiendo posteriormente, una rebaja nada despreciable, de 100 millones de dólares.

            ¿Qué nos dice este último requerimiento del Estado Dominicano?, que si el presidente de la República se involucró directamente en la negociación final, por lógica debe entenderse, que los funcionarios del ente estatal de la energía y desde Jiménez Bichara para abajo, ninguno podría estar involucrado en tratativas ilícitas de haber recibido siquiera oferta alguna de soborno por parte del consorcio ganador de las obras, puesto que no es verdad que el presidente Medina Sánchez se habría involucrado directamente para procurar un nuevo beneficio marginal para los contribuyentes, al lograr disminuir el monto final sobre el costo que el Estado debería de enfrentar a resultas de la construcción de las nuevas plantas, si hubiese sabido que alguno de sus funcionarios hubiesen cometido el ilícito de aceptar algún tipo de soborno.

            Entendido lo anterior, necesariamente se sobre entiende, que al menos en la negociación referida, ningún funcionario de la administración gubernamental 2012-2016 podía verse involucrado en ningún hecho o acción delictiva de soborno alguno y como al parecer, sí podrían darse en las administraciones gubernamentales anteriores y que involucran los años 2002-2012 y las que tienen que ver con los otros 18 contratos de obras obtenidos por la multinacional brasileña, en los gobiernos PRD-Hipólito Mejía y PLD-Leonel Fernández.

            Despejada la situación, recordamos nuestro análisis político de Estado del pasado jueves dos de los corrientes: “Si Danilo recibió en 2011 apoyo de Brasil y se materializó vía un publicista asociado a Odebrecht, no es culpa ni responsabilidad suya lo que vino después y con los ilícitos descubiertos y que atañen a otros. Pero si en Punta Catalina salen, ahí sí” y en el que hacíamos la diferencia, en lo relativo al escándalo originado por la multinacional en su corrosiva política de conseguir contratos de obras en base a sobornos a los funcionarios implicados en cada negociación y lo atinente a la contratación de un publicista y experto en mercadología electoral brasileño, del que ahora resultó que también estaba en nómina de la Odebrecht.

            Todavía más, recordamos que en el citado análisis, puntualizamos lo siguiente: “Sin embargo, que Danilo haya viajado a Brasil en el 2011 como pre candidato a la nominación presidencial del PLD y hubiese sido distinguido por el ex presidente Lula da Silva y también por la entonces presidenta Dilma Roussef con sendas audiencias privadas y aun cuando de las mismas hubiesen resultado apoyos logísticos del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) a la candidatura en ciernes del ahora jefe de Estado y de Gobierno, por nada del mundo puede inferirse, que en ello hubiese habido algún ilícito y menos, cuando para aquel tiempo, en Brasil no se tenía la menor idea, al menos públicamente, del entramado delictual asociado al poder por parte de la Odebrecht.

            “De ser esto así, mal se podría inferir, que el político dominicano estuviese al tanto de acciones ilícitas dentro del gobierno brasileño y menos, que la propuesta de auxilio tecnológico y logístico, materializado de primera intención con los servicios contratados del publicista, Joao Santana, pudiera ser parte del entramado delictivo, que años después se descubriera y por investigaciones del Poder Judicial de aquel país sudaca.

            “Por vía de consecuencia, pretender asociar la visita a Brasil por parte de Danilo en el 2011 y hasta la otra posterior en el 2012 y luego de ganar las elecciones de ese año, más parece un exceso hijo de la frustración de los que perdieron aquellos comicios, que un hecho que partiera de una situación realista y cuando ha sido, tres años luego, que el escándalo Odebrecht dinamitó la política brasileña y originando hasta la caída del gobierno de Roussef, la imputación a Lula da Silva, el desbarajuste político y la fractura grave en la credibilidad de los poderes públicos brasileños.

            “Ahora bien. Supongamos que sí, que cuando se publiquen los nombres de todos los favorecidos por Odebrecht en materia de apoyos a políticos y gobiernos extranjeros y que es una situación que en cualquier momento va a presentarse. Ni así se podría especular – a no ser atrevidamente- queriendo adjudicarle responsabilidad alguna al actual presidente de la República y por la simple y determinante razón, de que al igual que otros políticos y mandatarios extranjeros, Danilo y como aspirante al poder, pudo haber recibido ayudas logísticas en lo técnico y propagandístico y con fondos de la multinacional, sin nunca haber tenido conocimiento del tejido delictivo del que se derivaran todas esas ayudas y auxilios.

           “Es decir, y no descartamos que así haya sido. Danilo recibió una asistencia técnica y logística de buena fe y por parte de líderes políticos brasileños que le entendieron como un pre candidato dominicano con posibilidades de ganar, no simplemente la nominación presidencial de su partido sino también y como en efecto ocurrió, la presidencia de la República. Por lo tanto, de parte del político dominicano no puede hablarse de algún tipo de interés perverso o francamente delictivo.

            “En este sentido, no existe político sobre el planeta que en algún momento no hubiese recibido respaldos económicos, técnicos o logísticos en su camino a concretar su aspiración presidencial  y del que pudiera decirse, que, porque algunos de sus donantes hubiesen cometido un ilícito, los aportes que otorgara pudieran considerarse a su vez como supuesta acción de complicidad encubierta de parte del político que recibió de buen grado esos aportes y lo que nunca podría asumirse, si no es al riesgo de que quien lo exprese quiera perder su credibilidad.

            “Y lo que, a nuestro modo de conceptualizar los hechos, razonamos que debe aceptarse lo cierto, de que todo político en campaña siempre recibe apoyos de donantes y los que tan pronto son tramitados cumpliendo con todos los reparos y especificaciones legales, automáticamente esas donaciones y apoyos no pueden catalogarse de ilícitos y aun cuando años después se descubra, que quien las dio, pudiera parecer que sabía que provenían de fuentes ilícitas y es que la buena fe de parte del político que recibe, siempre hay que presumirse. ¿O acaso todos los apoyos económicos que todo político en campaña recibe, estos no van ajustados a un desenvolvimiento bancario legal y de supervisión fiscal?

            “Necios entonces, quienes quieran tratar de implicar al presidente Medina Sánchez en ilícitos brasileños de los que estuvo todo el tiempo ajeno, por lo menos, hasta que el escándalo Odebrecht ha caído como un balde de agua fría apestosa en la escena política de 28 naciones”.

            Ni que decir, que al publicarse ayer en el gratuito DL como en POR EL OJO DE LA CERRADURA, lo dicho sobre el particular por Jiménez Bichara y en un almuerzo-rueda de prensa ofrecido por el funcionario en mayo de 2015 y en el que quedó despejada toda posibilidad de especulación nociva respecto al accionar del mismo presidente de la República, que entonces haya que enfocarse y por obligación, en quienes fueron los actores y protagonistas de los sobornos que la misma Odebrecht admitió que otorgó en este país y de lo que por lo visto, se conocerán detalles tan pronto el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, retorne de Brasil, donde ha sido convocado por el ministerio público en Brasilia y para que tanto él, como los fiscales de los 27 países restantes involucrados de alguna forma con los sobornos otorgados por la multinacional por obras obtenidas, conozcan en detalle todos los expedientes que se han estado haciendo.

            Ante lo cual, lo correcto debe ser, aguardar esos testimonios y esperar que el PGR remita el informe correspondiente al Poder Ejecutivo y para que luego, la nación pueda enterarse en detalle y a partir de ahí y en la medida que se encuentren y establezcan las complicidades pecaminosas de todos los funcionarios o ex funcionarios involucrados se proceda de inmediato. Sea, a ampliar las pesquisas de parte de la oficina de Alain Rodríguez, o la interrupción del acuerdo logrado por la PGR y Odebrecht y hasta llegar a la emisión de ordenes de aprehensión y secuestro de bienes para los que resulten comprometidos delincuencialmente con los hechos que esos informes establecen.

            Naturalmente, de que ocurrirá un terremoto político y no solo en este país, sino en los otros 27, no nos cabe la menor duda, como tampoco no tenemos dudas, de que en lo que se refiere al gobierno del presidente Medina Sánchez, sería una muy desagradable sorpresa que algún subalterno de este hubiese podido haber delinquido al aceptar algún tipo de atención, regalo o soborno por parte de la oficina local de la multinacional brasileña.

            Pero también, hay otro detalle que todos los dominicanos debemos tener en cuenta: La posibilidad, de que lideres mediáticos criollos o que se dicen criollos y con empresas constructoras o en el ramo de los servicios a la construcción o de servicios de alta tecnología, pudieran estar involucrados en la madeja corruptora conocida en Brasil como Lava Jato (lava carros) y que aquí solo se conoce como Odebrecht a secas.

            Así pues, aguardemos el resultado final de toda esta extraordinaria asociación internacional de malhechores con ramificaciones locales y para que, de modo concluyente, los dominicanos y toda la nación, podamos conocer de primera mano la punta del iceberg de la corrupción política de este país y para que, de algún modo, se pueda iniciar todo el proceso profiláctico para su erradicación.

            Y por lo que decimos, que ante el informe final sobre Odebrecht no hay cortafuegos busca impunidad que valga. Los involucrados en esa asociación de malhechores a gran escala, tendrán que ser apresados y juzgados por ello. [DAG. Martes, 14 de febrero de 2017. Año XV. Número 5815].