Aparentes contradicciones jurídicas que matizan un controvertido accionar institucional que afecta el animo constitucional de las instituciones y con el tufillo de represión judicial de política represiva

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Los llamados expertos jurídicos y constitucionales podrán decir y hasta tratar de justificar lo injustificable, pero con el grosero allanamiento perpetrado contra la sede de la Cámara de Cuentas y por parte de la Procuraduría General de la República, se ha impuesto el peligroso antecedente, de que por primera vez un órgano del Poder Judicial adscrito al Poder Ejecutivo allana las oficinas   de un poder técnico, supervisor e independiente del Estado.

Al hacerlo y  con el pretexto de terminar de concluir una indagatoria sobre corrupción política y administrativa y a la que tendenciosamente se le ha agregado  la imputación de lavado de activos, por primera vez en toda la historia de la República, la PGR  ofrece una iniciativa devenida en puro escándalo político desde el poder, que marcará de ahora en adelante, la probabilidad, de que cualquier institución publica y aun cuando dependa de uno de los tres poderes del Estado, será susceptible de ser intervenida via un allanamiento y envío de tropas policiales y fiscales.

Por tal proceder, de ahora en adelante, hasta el mismo Palacio Nacional y sus áreas ejecutivas del ministerio de la presidencia y del otro administrativo o cualquier ministerio, pueden ser allanados e incluso, el propio despacho presidencial y su colateral vicepresidencial y desde el momento que un fiscal entienda, que existe causa probable para hacerlo y con lo que de inmediato, el Poder Ejecutivo en su totalidad quedaría en entredicho.

Hablamos entonces de un hecho político cuyo accionar administrativo afecta la funcionabilidad del órgano del Estado de que se trate y el que, como hecho político es que debe apreciarse la hondura de la situación, en la que sin duda alguna la Procuraduría General de la República ataca directamente la funcionabilidad de la Cámara de Cuentas con el pretexto de cuestionar la conducta moral y administrativa del pleno de sus jueces.

Para nosotros, el procedimiento empleado es totalmente inaceptable y mucho más, cuando el periodo por el que concluye la actual Cámara de Cuentas se encuentra a termino legal. Y si bien es cierto, de que, en materia investigativa, el ministerio público tiene calidad y potestad para efectuar todo tipo de indagatorias sobre un accionar presumiblemente nada correcto cometido por funcionarios públicos administrativos, no lo es menos, que el paso dado tiene un tufillo de justicia política muy difícil de ignorar y es ahí donde se descubre el accionar político partidario de la PGR.

En principio, la magistrada Miriam Germán y por via de sus subalternos en la subprocuraduría contra la corrupción, mejor conocida como la PEPCA, perfectamente que su despacho tiene derecho y como es el caso, de abrir una investigación penal a la Cámara de Cuentas y lo que podría terminar en la apertura de un juicio político y si se comprueba que cometieron falta en sus funciones, uno o todos los miembros que la dirigen.

Y que es totalmente distinto a lo que ha ocurrido ahora, que una juez especial de la Suprema Corte de Justicia emitió una orden de allanamiento y fundamentada en el hecho de presumir, que hay una denuncia o una querella por la presumible comisión de algún delito o crimen.

Si esto es así, se entiende que la juez de la SCJ se motivó en un expediente persecutorio con fundamento procesal de parte de la PGR y en tal caso, se estaría ante un inicio de sometimiento por delitos o irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones por uno o todos los miembros del pleno.

Ahora, la PGR se encuentra ante la nada placentera situación, de tener que demostrar la culpabilidad individual o compartida de los miembros del pleno y desde el punto de vista administrativo, al tiempo que, si al final no pudiera hacerlo, quedaría ante la nación, como autora de un accionar de persecución política muy difícil de quitar del ánimo público.

Por ejemplo, parecería que la PGR y al efectuar su pedido ante la juez especial de la SCJ no contaba con las pruebas suficientes para darle respaldo sólido a su investigación y por eso, con el allanamiento, se apresura a recabar más de 15 mil supuestas pruebas con las que pudiera avalar sus imputaciones y sin importarle, como en efecto ocurriera, el desarticular el trabajo diario de las oficinas donde fueron obtenidas.

De por sí, tal hecho arroja dudas sobre el procedimiento empleado y del que ahora, se supone que hoy, se conocerá la versión del pleno de jueces cuestionados y via una rueda de prensa y a quienes dicho sea de paso, la insólita incursión fiscal y policial, los ha dejado con menos honor y dignidad que cualquier delincuente barrial y esto así, porque como todos los profesionales, estudiosos y diletantes de las ciencias jurídicas conocen, si un funcionario publico ha cometido un delito penal, perfectamente que puede ser juzgado y sin necesidad de ser destituido, por lo menos, hasta que no se demuestre su culpabilidad por los hechos que se le imputen.  

Pero hay otra pregunta ¿y si todo el aparataje policial y fiscal es producto de denuncias de alguno de los jueces de la misma Cámara de Cuentas y que vendría siendo la razón del espíritu de persecución política que subyace?, seguro que entonces los fiscales tendrían que desviarse hacia el Senado de la República, donde la mayoría que tiene el partido oficial, el PRM se encargaría de actuar políticamente y aplastando a todo el pleno de la Cámara de Cuentas en su conjunto.

De ocurrir, sin duda que a partir de ahí,  el mismo gobierno no podría ignorar lo que ocurre y menos, cuando la torpeza de la PGR le ha arrastrado con aquello de que también todas las instituciones del Estado y comenzando por el Palacio Nacional, han quedado arrastradas a esa situación nueva, de que también todas sus oficinas podrían ser allanadas y lo que ocurre, porque desde el principio, el manejo que a esta indagatoria se le ha hecho, ha sido política y aunque en la PGR se quiera decir lo contrario.

Lo que ocurre, porque ciertos miembros o agentes de la PGR, al darle un trato político sectario a todo cuanto hacen, mal interpretan aquella disposición constitucional que dice que “el ministerio público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Le confiere al MP autonomía funcional, administrativa y presupuestaria”.

Agobiados pues, por la insólita situación que se presenta, planteamos, que se está ante las aparentes contradicciones jurídicas que matizan un controvertido accionar institucional que afecta el ánimo constitucional de las instituciones. (DAG)