Con la credibilidad del Congreso Nacional en el suelo, el gobierno debería verse en ese espejo y no condescender con los presos de Odebrecht

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Sin duda alguna, que para el gobierno peledeísta del presidente Danilo Medina Sánchez, debe representar un trago muy amargo, el encontrarse de pronto teniendo que actuar como carcelero de los suyos propios, pero la realidad es, que ningún funcionario que delinca en el ejercicio de sus funciones, puede esperar que su falla moral, el gobierno debería cargarla como suya y menos, cuando está en juego la credibilidad de la misma administración.

            Desde luego, se podrá decir, que hasta ahora, no se había visto en todos los años que el PLD tiene en el poder a partir del 2004, que de golpe, el Poder Ejecutivo consintiera en castigar a quienes de sus peledeístas y funcionarios, hubiesen incurrido en serios errores de procedimientos burocráticos y lo que no impide, que tan pronto estos se hicieran mayores y por el peso y presión de la atrapada opinión pública, se pudiera tratar de ignorar aquello que inquieta y censura a la población.

            Por lo tanto, lo política y moralmente correcto, era que el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez, asumiera la parte de responsabilidad que le toca y que, actuando en consecuencia, la generalidad de los ciudadanos haya coincidido en entender, que el régimen no estaba en eso de ocultar lo mal hecho y como sí ocurría con notoria frecuencia en el gobierno de su antecesor. 

            Ahora bien, también hay que reconocer, que un partido gobernante con ramificaciones tan amplias y firmes en los demás poderes interdependientes del Estado y cuyos responsables, diez días después de haberse motorizado la acción persecutoria del ministerio público y la subsiguiente comparecencia de los imputados ante un juez de la instrucción especial, es que emiten una tímida declaración de apoyos a los suyos ya presos y por recibir o diligenciar sobornos a cambio de facilitarles leyes hechas a la medida de esos intereses, que necesariamente, también haya que entender, que la situación no le era nada lisonjera y menos atractiva.

            Sin embargo, ante esa realidad, lo correcto y en un partido oficial que se le entiende con una amplia cola de ilícitos a rastras, era aceptar que no podía eludir una respuesta, sino categórica, si más o menos creíble, pero no tan vana como la emitida a favor de unos imputados, ahora presos, de los que, como partido, se debió haber tenido el cuido de guardar distancia y sin dejar de auxiliarles jurídicamente, pero nunca, dejando ver que se hacía a la fuerza y no porque se llevara gusto.

            De esta manera, lo que ha sucedido en la percepción pública, es que el rosario tan intrincado de complicidades con lo ilícito, que tantos altos cargos peledeístas tienen o se les imputan por parte de una atrapada opinión pública que siempre se ha sentido agraviada por el PLD, que al final, el gesto haya sido entendido como una salida calculada para salir del paso y no, porque haya un sentir cierto, de que lo mal hecho no puede ni debe permitirse.

            Lamentablemente, es seguro, que los miembros de los comités, político y central del partido oficial, tan acostumbrados a actuar a la libre y paralelamente al ordenamiento jurídico del Estado en sus funciones respectivas como funcionarios o servidores públicos, hubiesen llegado al extremo de confundir sus atribuciones administrativas y como si estas fueran privativas de sus respectivas personas y de ahí que la línea tan débil entre actuar correctamente  o con ánimo de violentar las reglas, haya terminado por ofuscarles y posiblemente, hasta creyéndose que absolutamente todo les está permitido.

            Esa creencia y tan irregular, también hay que achacarla a la permisividad pública de la mayoría de los ciudadanos, que también han llegado a entender, que las funciones públicas están para lucrarse indebidamente y cuya expresión mayor, no es tanto que determinados funcionarios delinquen, sino que el grueso de la empleomanía pública, es cierto que practica el soborno, como política normal en todos y cada uno de los pasos que los ciudadanos deban dar y hasta conseguir determinado documento o cristalización de servicios.

            Y semejante práctica, tan inmoral y de gran impunidad, por lo visto, es el factor, que ha resultado, en esa especie de puntal de apoyo, para que determinados legisladores, alcaldes, regidores y funcionarios del gobierno central y los demás municipales, hayan entendido, que la ciudadanía acepta las prácticas de enriquecimiento ilícito y de ahí a que se hubiesen podido presentar las muestras más irritantes de semejante quehacer delictivo.

            Por eso y por ese actuar de “comesolos”, es que se comprende y lo que, por supuesto no se acepta, que los organismos de control y supervisión en el ministerio de Hacienda, así como la Contraloría General de la República, las diferentes superintendencias y hasta la Cámara de Cuentas, se hubiesen revelado contra los mandatos de las leyes y como sus responsables actúan primero como peledeístas, parecería, que ello le ha impedido entender, que el gobierno no le pertenece al PLD y sí a la República.

            De entenderse esta realidad, de inmediato, se asume el por qué y durante 13 años continuos, las malas prácticas de sobornos para obtener contratos de construcción de obras públicas o el añadido de aumentos de costos como adendas que terminaban facilitando la sobrevaluación de obras por más de 20 mil millones de pesos en el mismo lapso, haya sido algo así como el pan nuestro de cada día.

            ¿Cómo es posible que existiendo semejante entramado delincuencial oficial a gran escala?, sea ahora que el mismo ha terminado por ser descubierto y el gobierno empujado a reaccionar?, por el factor presión extranjera y tanto desde el ministerio público federal de Brasil, como de su igual estadounidense, quienes han hecho saber, que si las autoridades nacionales no actúan con drasticidad ante todos estos ilícitos, que afectan, no solo a los contribuyentes dominicanos sino también a los brasileños y estadounidenses, ellos se encargarían de revelar todos los pormenores y hasta entablar acciones contra nuestras autoridades, si estas  no hicieran lo que les corresponde y para castigar semejante asociación de malhechores desde los tres poderes interdependientes del Estado.

            Es pues, a partir de esa realidad tan amenazante para la misma credibilidad gubernamental, que la rueda de la justicia ha sido puesta en marcha y ante la misma, la reacción ciudadana ha sido extremadamente chocante, pues ahora, lo que inquieta, no es tanto el nivel de lo robado, estafado o extorsionado, sino si EEUU va a poner en función su guillotina de la supresión de visados, que por lo visto, la mayoría de dominicanos, más le teme, que el saber que se roban así mismos y que nuestro modo de ver, es una situación “fáctica”, hija, de que  de cada diez dominicanos, ocho tienen familiares en territorio estadounidense y tanto como inmigrantes sin papeles o como estadounidenses de origen dominicano y todos, el pretexto para ir al consulado general estadounidense a buscar visados.

            Ni hablar, de que semejante interés tan pernicioso, solo habla de falta de criterio moral e institucional y en un país, en el que, en los últimos 21 años, sus ciudadanos han visto y comprobado, que basta caerles en gracia a los peledeístas o ser sus socios o amanuenses, para que de inmediato su nivel y calidad de vida cambie hacia mejor, siendo esta realidad, el testimonio vivo de la terrible inversión de valores morales, que sin duda alguna el PLD le ha impuesto a la nación.

            Ahora y lastimosamente, se está viviendo una etapa de absoluta sospecha y cada quien, y hablamos de los funcionarios peledeístas en los poderes Legislativo y Ejecutivo, cuidándose de sus propias sombras y lo peor, que como se sienten vigilados, muchos se han vuelto más meticulosos de la cuenta y colocando trabas u obstáculos de administración donde no debe haberlos.

            ¿Qué es lo que se aguarda?, cuantos más peledeístas de importancia caerán presos y cuanto de verdad o medias mentiras serían capaces de revelar y para implicar a quienes todavía se encuentren aparentemente limpios de inconductas ante la atrapada opinión pública y que es lo que se espera de los ahora detenidos y de quienes ya, uno que otro había advertido que, si se les “desconsideraba”, revelarían tantos ilícitos, que hasta el mismo gobierno pudiera caerse y lo que por supuesto, esto último lo entendemos una exageración.

            Claro que no creemos que se pudiera llegar hasta semejante extremo de disolución del régimen constitucional, pero nadie es tonto y para no entender, que si esos presos hablan, no serán ni uno ni dos, los jorocones del poder  y en los tres poderes interdependientes del Estado: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, que caerían en manos de fiscales y el juez de la instrucción especial y como en el Departamento de Justicia estadounidense se aguarda el apresamiento de los 16 imputados más, que junto a los 14 ya detenidos o registrados para detención, conforman el listado original de los 30 que “debían caer presos antes del 29 de mayo” y que les fueran entregados  al procurador general, Jean Alain Rodríguez Sánchez, deberá entenderse, que se tendrán que ampliar las más ominosas posibilidades de detención y descrédito, para sus socios o cómplices, hasta ahora ocultos dentro del papeleo burocrático.

            Es de este modo y teniendo todo lo anterior en cuenta, que afirmamos, que con la credibilidad del Congreso Nacional en el suelo, el gobierno debería verse en ese espejo y no condescender con los presos de Odebrecht y menos, los mismos partidos políticos como el PLD, PRD, PRM y PRSC, en los que allegados y miembros suyos se encuentran imputados y de forma destacada, dos senadores peledeístas, un diputado perremeísta y un rastro amplio de asociados al poder como suplidores del Estado. [DAG. Lunes, 12 de junio de 2017. Año XV. Número 5932].