Con la Operación Calamar se destapa el origen de la corrupción: Expropiaciones que el Estado delincuente no paga y que mientras sus dueños quieren recuperar sus recursos también despierta un desmedido afán de lucro en funcionarios

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Para los años sesenta del pasado siglo, al entonces presidente Joaquín Balaguer se le atribuye la frase aquella de que “las deudas y si se dejan envejecer, no se pagan” y en función de tan errado concepto, sus gobiernos establecieron la base anti jurídica de cientos o miles de expropiaciones de propiedades privadas en el interior del país y con el propósito de crear parques y reservas naturales y forestales.

Debido a semejante política delincuencial de Estado y que las dóciles cámaras legislativas nunca cuestionaron y mucho menos la Suprema Corte de Justicia, fueron cientos las familias, que de golpe se vieron despojadas de recursos suyos y sin que todavía, a más de cuarenta años, ningún gobierno les hubiese compensado y tal como la ley de expropiaciones dicta, en cuanto a que hasta tanto el Estado no materializa el justo pago, el gobierno que esté en ejercicio no puede apropiarse ilícitamente de los mismos.

Naturalmente, después que Balaguer impuso la primera piedra de la corrupción desde el poder y con el no reconocimiento de la existencia de la propiedad privada, todos los demás gobiernos que le han sucedido y hasta llegar tan lejos en el 2020 y todavía en este 2023, no les ha interesado aplicar el mandato de la susodicha ley.

Esto, ¿qué ha provocado? Que las familias perjudicadas han buscado contactos con funcionarios más o menos cercanos al Poder Ejecutivo o allegados personales del gobernante de turno para tratar de recuperar sus bienes, sea por permuta como la misma ley indica o por el pago en naturaleza y previa auditoría sobre el valor de los mismos y como debe de ser, aplicando lo que los abogados llaman el lucro cesante y la figura contable de la indexación y lo que no significa cambios de nombres de herederos o documentación falsa y como se ha visto en lo relativo a la operación Calamar.

De ahí que se haya dado la situación y ocurrida en áreas del pasado gobierno y que ahora se destapa como “operación Calamar”, atribuyéndosele un accionar delictivo al interés de propietarios despojados de sus bienes por el Estado delincuente de recuperarlos o que el Estado y vía el gobierno de turno se los pague.

En este afanar, son muchos los propietarios despojados de sus propiedades que han firmado contratos de cuota litis con abogados, dándoles atribuciones y calidades para que les representen en cualquier tipo de negociación legal con el Estado y para que los juristas realicen todas las iniciativas legales y en aras de recuperar lo que legítimamente y en tierras o dinero les pertenece a los despojados propietarios.

Ahora bien, una cosa es ese tipo de encomienda o diligencia legal y otra muy distinta, que aprovechando el estado de necesidad de los propietarios afectados, haya funcionarios públicos y quienes, constituidos en asociación de malhechores, pretendan motorizar un insólito afán de lucro y para extorsionar a los de por sí propietarios perjudicados y que entendemos, en principio, es la fase por la que el ministerio público ha creado el entramado de persecución contra la corrupción ya conocido como Calamar.

Aquí, se presentan también tres aspectos. Uno, que el ministerio público no debe ni puede quitarles a los propietarios afectados, los pocos dineros que hayan recuperado de las extorsiones a gran escala que determinados funcionarios del gobierno anterior les hubiesen hecho. Dos, que encima de que los propietarios originales han sido afectados, ahora venga el ministerio público a tipificarles como delincuentes y pretendiendo obligarles a que entreguen los dineros que sus abogados lograron cobrar y tres, diferenciar el accionar distinto coercitivo y delincuencial usado por abogados con propuestas de deudas por pagar de parte del Estado y por operaciones mercantiles entre las partes.

También está lo otro tan subjetivo, de quien o que funcionarios se beneficiaron económicamente de las transacciones y acuerdos hechos con los abogados actuantes y que es un asunto que cae directamente en serias imputaciones o acusaciones con los funcionarios involucrados y mucho más, si las autoridades comprueban que cerca del 60 por ciento de los recursos que fueron pagados en el caso Calamar, se dirigieron a los bolsillos y cuentas de los funcionarios o peor, si aquéllos y en colusión entre sí, los recibieron para transferirlos a otros funcionarios mayores y para asuntos políticos del partido en el poder y que ciertamente sería un robo descarado de los dineros públicos y en lo que indudablemente de cómplices hubieron muchos abogados.

Realizadas estas precisiones y hablando por más de diez mil propietarios de inmuebles  en campo y de vocación turística la mayoría, a los que todavía el Estado delincuente no les ha resarcido, que reclamemos, que el Estado delincuente no continue con sus robos de propiedades privadas y que por lo contrario, llegue a acuerdos por medio del gobierno actual y previas auditorias y observaciones legales de que los reclamos se ajustan a Derecho, para que el gobierno del presidente Luis Abinader formule los pagos o devuelva las propiedades. Pagos que por ley pueden hacerse vía permuta o pago en dinero previamente acordado.

Al solicitarlo, aprovechamos para plantearle a los medios de comunicación y a sus periodistas y en particular a las difamadoras redes sociales, que no pueden estar hablando de que el ministerio público debe quitarles a los involucrados en Calamar las propiedades “que les robaron al Estado” y lo que no es así, pues todas esas propiedades en parques y reservas forestales fueron robadas por el Estado a sus legítimos propietarios y que es distinto a los desfalcos perpetrados por deudas entre particulares y el Estado y que es lo que ahora se está viendo y en donde un sujeto, él solo, cobró un cuatro por ciento de lo que entregó, es decir, 700 millones de pesos.

Lo que sí entendemos que también debe hacerse, es que se regularice el procedimiento de pago de deudas por expropiaciones y con lo que Abinader brindaría una oportunidad para que el Estado delincuente vuelva sobre sus pasos, al elaborar una auditoría que saque a la luz, quienes han sido los propietarios afectados y a quienes el Estado delincuente no les ha compensado y con lo que el presidente generaría la alternativa de un verdadero cambio estructural que beneficie el estado de derecho.

Mientras tanto y en el caso Calamar, quienes como funcionarios públicos hubiesen cometido irregulares para apoderarse de dineros que nunca han sido suyos y con el auxilio de abogados intermediarios, sin duda que el peso de la ley debe aplastarles y para dar un ejemplo definitivo de que la corrupción no paga y menos, cuando se afecta tan terriblemente la existencia de la propiedad privada.

Y lo que provoca que puntualicemos, que, con la Operación Calamar, se destapa el origen de la corrupción: Expropiaciones que el Estado delincuente no paga y que mientras sus dueños quieren recuperar sus recursos, también despierta un desmedido afán de lucro en funcionarios. (DAG) 23.03.2023