La pregunta no es ociosa, sino que simplemente nos hemos dado cuenta, que desde el 1966 hasta la fecha, nunca los delitos de corrupción de cuello blanco ocurridos en el Poder Legislativo, nunca han sido llevados al animo de la atrapada opinión pública y mucho menos querer buscar que el ministerio público y en este caso desde la Suprema Corte de Justicia, se establezcan responsabilidades por los miles de millones de pesos que en los últimos 63 años, senadores y diputados y comenzando por sus presidentes en todos los periodos legislativos, tienen responsabilidad directa y lo que solo con comprobar, que todos los legisladores entran sin recursos y con la cara más dura salen millonarios, sería más que suficientes abrir investigaciones sobre los dineros que han desaparecido de las arcas nacionales.
Para empezar, cada año legislativo tienen un presupuesto propio que siempre cambia y que comenzando por 200 millones de pesos de los de antes, ahora pasan de los mil millones de pesos por cámara legislativa por año calendario y lo más escandaloso, que todos los legisladores son participes de miles de millones de pesos “especializados” en cuanto gasto especial se les ocurra y absolutamente nadie y los medios de prensa y periodistas mucho menos, han advertido sobre la irregularidad y nadie ha llamado a explicaciones a los legisladores responsables de semejante fraude y desfalco contra los dineros de los contribuyentes.
Todavía más, en este lapso, son más de 300 ONG pertenecientes a legisladores y a sus familias que reciben un mínimo de 300 millones de pesos por año y para no hablar de lo otro, del privilegiado nicho de periodistas, medios, comunicadores, comentaristas y productores de radio y televisión y ahora lo nuevo, de las plataformas tecnológicas en las redes sociales, que se llevan otra cantidad parecida a la anterior y por lo que se ha visto, absolutamente a nadie en cargos de responsabilidad dentro de los tres poderes interdependientes del Estado se les ha ocurrido reclamar sobre lo que es uno de los más escandalosos hechos de enriquecimiento ilícito desde el Poder Legislativo.
Y ahora que estamos viendo con que saña el sector mediático la emprende contra hechos criminales supuestamente atribuidos al Poder Ejecutivo en gobiernos pasados y lo que de seguro también ocurrirá con el presente y al momento que Abinader y el PRM salgan del poder, que necesariamente haya que preguntarse el porqué, quienes manejan y controlan la partidocracia, no han hecho absolutamente nada para impedir, conjurar y castigar tanto saqueo público y perpetrado por funcionarios de elección y quienes para colmos, pueden reelegirse cada vez que les venga en ganas y no así los funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo y principalmente quien sea presidente de la República.
Ah, ¿se nos va a decir que es sospechoso que todas las factorías mediáticas manejen y controlen más de 1,500 millones de pesos por año en presupuestos publicitarios y que todo ese dinero y como parte de los anteriores, salen de capítulos presupuestarios especializados o de la voluntad directa de quienes hayan sido o sean presidentes de las cámaras legislativas y solo para que medios y periodistas y a modo de carteles mafiosos de protección, les cubran las espaldas al Poder Legislativo, cabezas y miembros e inclusive, después que todos esos políticos dejen de ser legisladores?
Entonces y cuando se cae en esta realidad y se nota, que ni siquiera el Poder Ejecutivo hace un llamado de atención sobre este particular y mucho menos reclama cada 27 de febrero, el porqué las finanzas y estados de cuentas de las cámaras legislativas no son auditadas por la tesorería nacional y publicados sus resultados, definitivamente que es para que se entienda, que la dictadura de la partidocracia ha llegado a un nivel de control del Estado y de la ciudadanía, que absolutamente nadie se atreve a preguntar porque tanto legislador es millonario y dueño de grandes empresas y consorcios de bancas de apuestas, de azar y loterías o son parte de una enriquecida clase media originada en en el poder y particularmente por el tráfico de influencias.
Frente a tanta inmoralidad y en la que también hay responsabilidades ocultas en la sociedad civil, las fuerzas vivas y los grupos económicos y financieros y también en las religiones que se nutren y viven del Estado, que ahora como una sola voz y mañana por muchas, se exija un efecto de transparencia absoluta en los tres poderes interdependientes del Estado y se auditen sus cuentas y si es que se quiera evitar que los ciudadanos terminemos por comprobar, que son los políticos y su partidocracia quienes han secuestrado al Estado y a las instituciones públicas y que lo han hecho sabiendo que la mayoría de los ciudadanos y por su estado de desamparo institucional, han apoyado semejante ola de corrupción a gran escala.
¿Qué motivó al Poder Ejecutivo y esto para un punto aclaratorio, el que se compruebe públicamente, que los presidentes del Senado y de Diputados, ambos hayan sido convertidos en amanuenses de la presidencia de la República y en vez de actuar con la independencia de criterio y soberanía que les marca la Constitución de la República?
Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la razón, de que organismos como Participación Ciudadana y Finjus o el empresariado, a sus responsables no se les ocurra denunciar la corrupción desde el Poder Legislativo y el abierto enriquecimiento desproporcionado de senadores, diputados y sus allegados y que es una vergonzosa situación que hay que recalcar y porque representa un grave como grande punto de diferenciación entre la corrupción política dominicana y la de los otros países y en especifico en todo el Continente Americano?
También hay que hablar del ominoso silencio que guarda la ciudadanía frente a estos temas, que se supone deben ser de alto interés nacional y por lo que al final hay que concluir entendiendo, que nuestras elecciones no solo son la negación absoluta a la libertad de escogencia ciudadana sino la demostración más indecente de esa corrupción que ahoga al país y controla, la al parecer, intocable partidocracia y cuya base de fuerza radica en que en el Poder Legislativo no hay ley o disposición adjetiva que prohíba la comisión de delitos e inconductas o que se les sanciones por hacerlo y por parte de senadores y diputados, los verdaderos beneficiarios de la corrupción reinante y paralelamente la mafia de partidos y movimientos políticos que les acompaña.
De ahí que preguntemos, ¿cuál es la razón, de que la partidocracia solo favorece que se persigan los delitos de corrupción en el Poder Ejecutivo y nunca, los que continuamente ocurren en las dos cámaras del Poder Legislativo? (DAG) 07.04.2023