Mientras en EEUU los indocumentados pasan de los diez millones de personas y quienes por sus ingresos envían un mínimo mensual de 20 millones de dólares a sus familias en sus países de origen, en un país como República Dominicana, el mismo panorama tiene doble vía.
Por un lado, 200 mil dominicanos indocumentados, quienes envían este año y de acuerdo con las últimas estimaciones, 10 mil millones de dólares en remesas familiares y por el otro, 500 mil haitianos indocumentados que envían a sus familiares en Haití cerca de 3 millones de dólares cada mes.
De una y otra forma, cada país se encuentra ante la formidable situación, de que, si de golpe quiere sacar a sus indocumentados, entonces tiene el agravante, de que en principio perjudica a su economía. En EEUU disminuirá la mano de obra para servicios y en República Dominicana, el campo y la construcción y el turismo, serían los más afectados.
Entonces, ¿qué hacer?, para los estadounidenses significaría un fuerte golpe a su economía de servicios, que se encontraría sin la mano de obra necesaria para el quehacer, mientras para la economía dominicana, pudiera darse una parálisis en las industrias, agrícola como en la de construcción y hasta en la turística.
En uno y otro caso, las pérdidas serían realmente cuantiosas y lo que, con certeza, provocaría un desbalance en el producto interno bruto de cada país. Ya los empresarios, comerciantes y agricultores estadounidenses han formulado las alertas de lugar y esperan que un presidente Trump ya instalado en la oficina oval y de ánimo sosegado, busque las alternativas que no impliquen un fuerte desbalance para la locomotora económica de aquella economía.
Del lado dominicano, ya han comenzado a manifestarse determinados sectores de la economía que se nutren de la mano de obra barata y no especializada, de obreros en el campo y la ciudad, alertando por el posible o seguro desbarajuste que semejante movimiento de personas provocaría.
Sin embargo, nadie ha logrado crear la alternativa correcta y posible para conciliar tantos intereses y que son las razones porque a Trump se le plantea comedimiento y nada de medidas desestabilizadoras que afecten el crecimiento económico.
Para la economía dominicana el desafío es el mismo, pero las dos economías saben perfectamente que en algún momento hay que hacer un alto en el flujo de mano de obra indocumentada y lo básico de sacar de cada país el fuerte segmento humano que corroe su institucionalidad y afecta sus servicios de salud y educación, por ejemplo.
Semejante entaponamiento, obliga a buscar alternativas pragmáticas y si se quiere, de rostro humano.
Los dominicanos nos encontraríamos, que si de golpe y en un lapso de doce meses EEUU nos repatria 200 mil nacionales, semejante situación y una bomba desestabilizadora institucional y en lo humano significaría un aumento de consumidores de drogas para un mercado que no tiene capacidad para recibir semejante nivel de potencial mano de obra y teniendo lo otro de medio millón de indocumentados haitianos quienes en la práctica son refugiados económicos de su país, generaría y en situaciones aparentemente contrapuestas, una situación de crisis social casi difícil de manejar.
Y a la que se agregaría, que, si de golpe a Haití les mantenemos el envío de 10 mil ilegales por mes y para un promedio de 60 mil cada treinta días y lo que no pocos estamos convencidos y viviendo aquel país transfronterizo dentro de una precaria situación política, económica y social, lo único cierto que se conseguiría, sería empujarle hacia un caos general de grave perturbación política y social y lo que, de hecho, nos perjudicaría como país vecino y con la probabilidad de afectar nuestro proceso de gobernabilidad.
Entendiendo lo anterior y por obligación, habría que buscar una alternativa juiciosa y pragmática y muy alejada de las pretensiones escandalosas de los activistas anti haitianos, quienes, con un nacionalismo extremo, creen que a la fuerza podríamos resolver la problemática de los indocumentados que tenemos.
Lamentablemente, en el gobierno anterior de Danilo Medina y el PLD, se buscó una alternativa gradual de regularización del haitiano ilegal, que en su mejor momento llegó a 200 mil individuos, pero para nuestra desgracia, el gobierno actual de Abinader y el PRM, de un plumazo y sin justificación alguna, tiró por el suelo tan excelente proceso regulatorio de gran gradualidad y los resultados inmediatos han sido, que el problema de los indocumentados haitianos se ha agravado y para mayor desconcierto, mostrando la incapacidad e incompetencia gubernamental en esta materia.
Ahora, esta nación ha sido metida en un terrible callejón sin salida aparente y que por lo que se está viendo, el gobierno del PRM, lo único que pretende es continuar con las repatriaciones colectivas sumarias. ¿No sería mejor que de ese medio millón de indocumentados haitianos, los cerca de 300 mil que tienen más de diez años viviendo en el territorio nacional y que ya han formado familias, se les otorgue una amnistía migratoria y se les regularice? E igualmente, ¿por qué no se extiende la amnistía migratoria a los otros doscientos mil ilegales que tengan menos de dos años en el territorio nacional?
Desde luego, si por los activistas irracionales anti haitianos fuera, las medidas sumarias más crueles deberían de ser las implementadas. Pero en el mundo que se vive, tal alternativa no se permite, salvo que este gobierno quiera ser clasificado como uno que fomenta un estado apartheid en el que se violentan los derechos humanos de más de medio millón de indocumentados y que de suceder generaría consecuencias catastróficas para el buen nombre de este país.
Naturalmente, no es menos cierto que el desorden de vida que se vive en Haití, sobre todo en el núcleo del gran Puerto Príncipe, hace imposible que el gobierno provisional pueda ver con buenos ojos semejante ola de expulsión de indocumentados y como exactamente los dominicanos no aceptaríamos y con todo y que somos una economía emergente de desarrollo alterno, que EEUU nos arrojara en menos de tres meses, doscientos mil de nuestros indocumentados.
Por supuesto que el problema es agudo, pero hay que buscarle solución. Aquí se tiene la otra situación paralela, de que la mayoría de esos indocumentados cuentan con cerca de cien mil hijos nacidos en el territorio nacional a los que una abusiva sentencia discriminatoria y racista del Tribunal Constitucional les niega que sean reconocidos como nacionales de este país y lo que es de una crueldad inimaginable para toda mente racional.
Quienes se oponen a esa masa humana hija de las trampas y engaños de empresarios dominicanos del turismo y la construcción básicamente y quienes trajeron clandestinamente y como mano de obra esclava, a los padres de esos menores ahora desarraigados y a los que por tecnicismos legales, no quieren entender, que salvo las familias de ilegales haitianos que se vayan motu propio, el resto y nos guste o no hay que buscar las vías para que sean residentes legales y luego y cinco años después se les otorgue la nacionalidad dominicana.
De hacerse, en modo alguno significaría que se perdería la nacionalidad y hasta nuestra nación y lo que nunca ha ocurrido en el mundo de hoy, sino que se darían las circunstancias para una dinámica social más integracionista y por parte de personas que ya han adoptado las costumbres dominicanas y que nunca han estado en el país de sus padres.
Reclamamos pues un criterio racionalista, no sectario y mucho menos racista y en el que cabría que se pudiera crear un calendario de envío de indocumentados y en el aspecto de que si EEUU nos envía en determinado lapso 50 mil dominicanos ilegales, en igual proporción de aquí salga hacia Haití igual número de ilegales haitianos y hasta equilibrar la mano de obra ilegal o indocumentada haitiana. Aparte de ello, decididamente estamos a favor de la amnistía migratoria en los términos que esbozamos. Es una sugerencia, pero por alguna parte hay que buscar la solución más practica a la problemática.
Llevándonos entonces a plantear, que cualquier expulsión masiva de indocumentados, es un reto que superar para la economía de que se trate, por lo que la vía de la regularización es el camino correcto que evitaría el desbalance institucional. Por ahora es cuánto. Con Dios. (DAG) 11.11.2024
