Dos declaraciones altamente oportunas y esclarecedoras, que deben provocar que el sentido común vuelva a ciertos políticos y figuras públicas y a los miembros de esa mancuerna golpista denominada IIDRD-CONEP y aliados

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Desde hace unos meses y con gran preocupación, hemos visto como determinados dirigentes políticos y de la llamada “sociedad civil”, también los de ese engendro seudo golpista empresarial de la llamada Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IID) y desde luego, apoyados por un irresponsable coro mediático, se han dedicado a tratar de manipular a la atrapada opinión pública y tratando de hacerle creer a la población, que ellos tienen razón cuando demandan del Poder Ejecutivo, a que se involucre en los relativo a la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y el Tribunal Superior Electoral, que es una potestad del Poder Legislativo,+ y que constitucionalmente hablando, el Poder Ejecutivo y por ninguna circunstancia podría violentar.

            Y lo que no es posible que ocurra, por el simple como trascendental hecho, de que tal petición, tan sucia, canallesca como atrevida, implica, que el mismo poder político opositor y los miembros de la oligarquía plutocrática, le están pidiendo al presidente Danilo Medina Sánchez, que el mismo le dé una especie de golpe de Estado técnico a las instituciones y que sería la resultante que esos grupos sediciosos pretenden, al querer que el mismo gobierno se involucre en un asunto que no le compete y que de hacerlo, se estaría auto descalificando y peor, colocándose al margen de la Constitución y las leyes y que sería una situación terriblemente inquietante y de suyo abusiva el pedirla, justo en momentos que en el país se recuerdan los 43 años del golpe de Estado que se llevó de paro al primer gobierno constitucional pos Era de Trujillo.

            Encima de todo lo inquietante del petitorio, es comprobar, que salvo este periódico digital POR EL OJO DE LA CERRADURA, ningún otro y menos los periódicos de la prensa mercancía, nadie se pronunció contra la petición emanada de grupos políticos y con el PRSC a la cabeza y el apoyo del CONEP y no se tuvo el criterio político institucional,  ni  la responsabilidad  social, de advertir, que los grupos que demandaban semejante despropósito, increíblemente le estaban pidiendo al presidente de la República, que él mismo se diera un auto golpe de Estado y que es lo que hubiese podido suceder, si en el Poder Ejecutivo, donde sus integrantes es evidente que tienen las cabezas bien amuebladas, no se hubiesen resistido a la provocación y ante lo cual,  ayer y cerca del mediodía, a nombre del presidente Medina Sánchez, el ministro de Estado Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, e indudablemente, parecería que impulsado por el criterio que expusimos a las nueve de la mañana en la sección El País Político, tuvo a bien efectuar las precisiones de lugar y con las que definitivamente se permitía entender, que el Presidente de la República, no solo que no cae en trampas, sino que tiene un concepto muy claro y especifico de sus responsabilidades y funciones constitucionales.

            Peralta expresó y al pie de la escalerilla del avión que llevaba a la delegación dominicana a Colombia para los actos de firma del acuerdo de paz entre gobierno y guerrilla, que “quiero aprovechar la oportunidad, para pedir que de esta discusión se saque al Poder Ejecutivo, ya que sus funciones, de acuerdo a la Constitución de la República, son otras. No importa lo que digan sectores del empresario, de la sociedad civil y de los partidos de la oposición, el Gobierno va apostar a la institucionalidad democrática. Esos sectores reiteran llamados a fortalecer a las instituciones, pero en procura de defender sus intereses, demandan cuestiones que afectan considerablemente esa aspiración de la mayoría de la sociedad”.

            En consecuencia, pidió a la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República Dominicana (IIDRD), que agrupa el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y otras organizaciones sociales, “que desvincule al Poder Ejecutivo de esa discusión en vista de que las funciones de ese poder del Estado son otras, conforme lo establece la Constitución de la República. Todavía más, la intervención del Ejecutivo debilitaría la institucionalidad en un país en el que está establecida claramente la separación e independencia de los poderes públicos.

            “Además, no logro entender el planteamiento al Gobierno de aceptar, como prioridad en las conversaciones del diálogo político, el consenso para la integración de los referidos órganos, en base a un perfil de competencias que incluyan la independencia de los mismos. Por eso me causa mucha extrañeza la actitud de sectores del empresariado, de la sociedad civil y de los partidos políticos de la oposición al pedir que se vulnere y viole la Constitución de la República, y lo que refleja, que ese sector y sus grupos, están actuando con incoherencias y porque para ellos la Constitución es buena para algunas cosas, pero mala para otros. En el caso del Presidente Danilo Medina, este ha dado muestra clara del estricto respeto a la institucionalidad, en coherencia directa con su visión democrática”.

            Más claro ni el agua. En este periódico digital habíamos dicho a las nueve de la mañana de ayer, que “DEFINITIVAMENTE y con eso de que sea el presidente de la República el que se salte el orden constitucional para satisfacer los requerimientos del empresariado y de la sociedad civil y para estos convertirse en contrapeso obligado de los políticos y sus partidos, es la concretización de una mascarada harto peligrosa, pues bajo ningún concepto el Poder Ejecutivo no tiene por qué meterse y decidir por otro poder del Estado y como lo es el Poder Legislativo. De hacerlo y hablando en criollo, la legitimidad en la que se sustenta el gobernante se iría a la porra y de ahí a que sucediera cualquier cosa, no habría por qué ponerlo en duda. La llamada Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IID) está corriendo más rápido de la cuenta y ni siquiera la Asociación Dominicana Independiente (ADI) en sus tiempos de golpismo puro, se había atrevido a tanto. ¡Ojo al Cristo!”

            A la vez que advertíamos, que “ES lamentable que en este país la institucionalidad no se respete por absolutamente nadie de peso dentro de las fuerzas vivas, instituciones políticas y empresariales y lo que queda patéticamente demostrado con ese afán de que instancias totalmente contrarias al orden constitucional, sean las que ciertos sectores pretenden que deban ser las correctas para dirimir asuntos tan delicados y solo propios del Poder Legislativo como es lo relativo a la escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral.

            “¿Acaso la Carta Magna no especifica que senadores y diputados antes de aprobar un proyecto de ley deben de abrir vistas públicas con miras a que todo aquel que entienda debe hacer conocer o valer su opinión exponga allí sus criterios?, ¿Cómo es posible que se pueda llevar a una sociedad a constitucional como es el llamado “¿Diálogo de Agripino”, el estudio, debate y decisión final de asuntos que atañen directamente a los legisladores? Semejante incentivo a lo ilegal e ilegítimo, en sí es una aceptación e invitación absurda a un futuro rompimiento del orden constitucional, ¿por qué el Gobierno no ha fijado posición a este respecto y que no es otra que llamar a hacer valer y respetar la separación de poderes? Después que nadie se queje cuando los golpes de Estado hacen presencia”.

            Por las transcripciones anteriores, es más que evidente la coincidencia de criterios entre nuestros argumentos y los del ministro Peralta y lo que resaltamos, no para auto halagarnos, sino porque entendemos, que en el Gobierno no existe el menor asomo de pretender violentar el ordenamiento constitucional y lo más significativo, que el Presidente ha sabido salirle a tiempo a la primera conjura sediciosa que grupos políticos, sociales y empresariales opositores y de factura golpista, tan descaradamente han estado promocionando.

            Como si lo anterior no hubiese sido suficiente, una hora después de las declaraciones de Peralta y el presidente Medina Sánchez y su comitiva, en vuelo hacia Colombia. La presidenta de la Cámara de Diputados, señora Lucía Medina Sánchez, reforzó la separación constitucional de poderes, al manifestar y refiriéndose sobre la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas, que “según los reglamentos internos de la Cámara, en principio da un plazo de 30 días ordinarios a todas las comisiones para estudiar y rendir un informe al hemiciclo. La Constitución no prevé ningún plazo para que esta comisión pueda rendir un informe, por lo tanto, al apoderarse la comisión, ellos mismos, su presidencia y los 15 miembros, como el presidente, conocen el reglamento y conocen de la Constitución y tendrán el tiempo suficiente para poder trabajar con esos ciudadanos que quieren participar en representación de este órgano.

            “Al respecto, no hay ninguna indisposición de escuchar a quien sea necesario, por lo que se harán vistas públicas con los aspirantes a formar parte de la Cámara de Cuentas, para que el país pueda conocer de los candidatos a formar parte del organismo fiscalizador de los fondos públicos. En este sentido, estoy convencida de que la comisión apoderada para evaluar a los aspirantes, hará su trabajo apegado a los que es la Constitución de la República y los reglamentos internos de la Cámara de Diputados. Yo creo que la Constitución da su mandato que hay que cumplir, las reglamentaciones de ambas cámaras están ahí y creo que en ningunas de las dos cámaras se tiene el interés de contravenir ningunas de estas leyes, la Constitución misma, las leyes que rigen como es el caso de la ley que regula la Cámara de Cuentas y también el reglamento interno de la Cámara de Diputados”.

            En resumidas cuentas, es de buen juicio advertir, que después de declaraciones tan esclarecedoras como responsables, los presumibles golpistas de nuevo cuño que quieren desestabilizar la institucionalidad democrática representada en unas elecciones libres, que arrojaron, que 62 de cada 100 electores votaron a favor de la reelección del presidente Medina Sánchez, que se entienda, que deban dar marcha atrás a sus excesos y sí ceñirse al orden constitucional y lo que obliga a que también reproduzcamos, la otra nota que sobre el particular colocáramos en la misma edición matutina y sección política y de la que reiteramos, que en Palacio deben prestarle la debida atención:

            “SI el Estado no desarrolla y con presteza un contrapeso mediático totalmente definido en materia de respeto y acatamiento al orden constitucional, cualquier día la oligarquía plutocrática impondrá en todos los órganos de prensa que controla y dirige, una acción abierta de desinformación de zapa dirigida a tratar de minar la popularidad del presidente Danilo Medina Sánchez, desacreditar las ejecutorias del Gobierno y acorralar y chantajear a los demás poderes del Estado. Muchos no entendemos, cómo es que ciertos genios de Palacio no han caído en cuenta de lo que se cuece” y viendo las dos declaraciones altamente oportunas y esclarecedoras que comentamos, que entendemos, que estas deben provocar, que el sentido común vuelva a ciertos políticos y figuras públicas y a los miembros de esa mancuerna golpista denominada IIDRD-CONEP y aliados. [DAG. Martes, 27 de septiembre de 2016. Año XIV. Número 5677].