En un abrir y cerrar de ojos se ha pasado de hablar maliciosamente del “gobierno de los empresarios” a pontificar sobre una campaña de desprestigio contra el sector privado, a explicar una suerte de lucha de clases retomada donde se quedó hace unas décadas y a prever que muchos no querrán volver a participar en licitaciones públicas o a aceptar un cargo honorífico en un patronato.
Todo muy complicado, nada inocente.
Un extraño efecto rebote ha cambiado el sentido de la conversación pública y las redes han hecho lo que tan bien hacen: opinar apasionadamente.
La novela va por días. A Medusa le siguió el caso Padre Billini y a éste los sueldos de los superintendentes. Y aquí seguir el hilo se hace más difícil porque la cosa se puede retorcer hasta donde las redes quieran…
Pero hay que tener claro algo como punto de partida. Estos organismos reguladores no “se gobiernan” aunque tengan estructuras descentralizadas. Siguen unas normas de transparencia y rendición de cuentas ajustadas a la naturaleza del sector que regulan. Los sueldos deben ser similares a los que empresas privadas del sector que vigilan ofrecen a sus directivos y se manejan rindiendo cuentas, informes y presupuestos a una junta que supervisa.
La aspiración de cualquier empleado público o privado es que su sueldo aumente cada año al menos indexado a la inflación. Y esto, que se ha podido cumplir para todos sus empleados en al menos dos instituciones reguladoras, ha desatado la última tormenta de exabruptos.
Ni merecían los insultos, ni debían retractarse (puesto que no cometían ninguna ilegalidad) ni hay que ocupar ningún cargo público cediendo el sueldo por muy rico que se sea. Pero… ¿el momento era oportuno?
Si buscan votos… no. Si se trata de seguir trabajando… sí. Por: Inés Aizpún [Diario Libre]
