El asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, es un caso extraño de intereses comunes entre empresarios y funcionarios y que solo el Poder Ejecutivo puede desentrañar

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Para nadie era un secreto, que el asesor principal y personal del malogrado ministro de Medio Ambiente, lo era el periodista José Guillermo Gómez y Jorge, quien no solo era primo del asesinado, sino prácticamente, que este le veía como una representación de su propio padre.

Al mismo tiempo, para las altas esferas gubernamentales, nadie ignoraba que el mismo presidente Luis Abinader entendía provechoso que Orlando se valiera de la experiencia de su primo y por esa circunstancia, se asumía que muchas decisiones del ministro, por lo menos habían sido consensuadas con su familiar y en lo que este nunca actuaba como profesional del periodismo, sino que cuidaba a quien entendía como si fuese su hijo y lo que también ocurrió cuando el presidente Hipólito Mejía (2000-2004)  nombró a Orlando al frente de Indotel.

Pero lo que pocos conocían, era que para el doctor Rafael Abinader, padre del actual presidente Luis Abinader, Guillermo Gómez era y aparte de gran amigo, lo veía como si fuese otro de sus hijos y de ahí que el reputado periodista y desde el principio de la campaña presidencial, fue de los primeros que estuvo y ha estado al lado del actual presidente de la República.

En consecuencia, no han sido pocos, quienes no solo han tenido celos de esa relación tan cercana, sino que en lo que respecta a Orlando, muchos intereses privados y otros públicos provenientes de altos cargos gubernamentales, siempre hacían lo imposible por tratar de sabotear las decisiones que el ministro asesinado decidía y que en honor a la verdad y por su aprendizaje en el ejercicio de la cosa pública y no obstante que era cierto que el periodista y primo podía darle opinión sobre algún aspecto que Orlando le preguntara, no lo era menos, que el malogrado funcionario tomaba sus decisiones por sí mismo y en muchos casos trascendentes, compartiéndolas y como era lógico con el mismo presidente Abinader.

Aclarado lo anterior, creemos que el asesinato alevoso y traicionero perpetrado contra Orlando, en realidad, estaba siendo dirigido como meta mensaje aleve contra el Poder Ejecutivo y de pretexto, contra Guillermo Gómez como asesor personal y familiar de absoluta confianza.

Datos tenemos, que nos indican, que intereses económicos muy marcados dentro del mundo agroforestal y la agricultura de montaña, son quienes y como autores y para describirlos de algún modo, “intelectuales”, se encuentran detrás del crimen e incluyendo uno que otro allegado a familiares de la madre ya fallecida de Orlando.

Cómo también debemos decir, que lo que más nos ha sorprendido de toda esta tragedia que reviste características de crimen de Estado y que en otros países, el asesinato de un ministro de Estado generaría una conmoción tal que nada quedaría sin investigar. Aquí lamentablemente, solo genera el frívolo comentario o el chisme malicioso o el dicterio mediático procaz e insultante, es encontrarnos, con que en el seno del mismo gobierno, el asesinato aleve provocó una de conjeturas y originadas por la estrecha relación entre Orlando y Guillermo, que hasta la misma encargada provisional del Poder Ejecutivo, Raquel Peña, se apersonó a las instalaciones de Medio Ambiente y convocando al circulo estrecho de los viceministros, dispuso y en su calidad de vicepresidente de la República, la desautorización de los viceministros respecto a cualquier decisión pendiente a tomar sobre cualquier expediente que pudiera estar a la firma y ordenando que desde ese momento, las decisiones del ministerio se tomarían en el Poder Ejecutivo hasta que sea designado un nuevo ministro.

¿Por qué de la prisa, si burocráticamente todo el mundo conoce, que hasta que, en una dependencia pública, su cabeza principal no está nombrado, la burocracia para en seco toda decisión delicada y hasta que el nuevo incumbente la estudie y decida sobre el particular?

Entonces al ver tanta prisa y observarse, que de hecho la vicepresidenta dio una especie de golpe de Estado interno a la administración burocrática del ministerio y debido al cual, la institución está paralizada, que hubiese que preguntarse, ¿qué documentos pendientes y de interés de los empresarios enemigos de Orlando, aquellos querían fueran “revaluados” y en lo que Abinader designara al nuevo ministro?

Desde luego, no dudamos de la honradez de conducta e integridad personal de la señora vicepresidente Peña y como la sabemos una dama correcta, que traigamos a conocimiento público, lo que en silencio muchos comentan y ante lo inusitado de la reunión aludida y que se conozca, nada típica en toda la historia de la democracia dominicana.

Al fin y al cabo, como contribuyentes, muchos ciudadanos tienen derecho a inquirir y escudriñar sobre todos los aspectos que tienen que ver con el asesinato del ministro de Medio Ambiente y sin dejar de observar las implicaciones políticas directas de cara al presidente como al partido de gobierno. Y mucho más, cuando no todos los días se asesina a un ministro de Estado y en un país, donde un crimen de este tipo tiene más de cien años que no ocurría.

Por eso y ahora que el presidente Abinader se le espera este fin de semana después de haber agotado su fructífero viaje a EEUU, donde estuvo participando en la Novena Cumbre de Las Americas en el estado de California y justamente dentro de la dimensión que habíamos señalado en nuestro análisis político de Estado del pasado lunes 06: “Abinader, por lo tanto, va la nueva cumbre y con la autoridad moral que le da ser el presidente de la única nación suscribiente de la conferencia de Punta del Este y la siguiente primera cumbre de las Americas de Miami, que cumplió plenamente con los objetivos de ambas cumbres y lo que la delegación dominicana debería destacar”.

Al venir ahora robustecido en sus convicciones democráticas y en su exitoso ejercicio de gobierno y con un futuro electoral más que promisor, que consideremos señalar, que el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, es un caso extraño de intereses comunes entre empresarios y funcionarios y que solo el Poder Ejecutivo puede desentrañar. (DAG)