República Dominicana no puede ni debe cargar con Haití.
Por eso el Gobierno dominicano debe perseguir penal y legalmente a las autoridades civiles y militares que se dedican al tráfico ilícito de personas, así como a las empresas y particulares que contratan mano de obra de inmigrantes ilegales.
Eso no lo impide ni Haití ni la comunidad internacional. Eso es responsabilidad nacional y si no se cumple es porque autoridades y particulares dominicanos se lucran de este comercio ilegal.
Los ultranacionalistas, oportunistas porque saben lo redituable del antihaitianismo en la República Dominicana, apuestan a la crispación popular.
Por ser fuerzas súper minoritarias se dedican al chantaje sistemático de las autoridades gubernamentales, las que han cometido el error de adoptar medidas de control migratorio en violación a las leyes nacionales y a los convenios internacionales de derechos humanos.
Ya lo habían hecho y logrado con las pasadas autoridades, pero, gracias a la perspicacia e inteligencia política de Danilo Medina, el gobierno pasado logró zafarse de la locura a la que querían conducir las fuerzas retrógradas “nacionalistas”.
El Gobierno está sacando provecho del antihaitianismo pero, a nivel internacional, es mucho lo que el país está perdiendo con el desconocimiento de las leyes migratorias dominicanas y los derechos humanos, como lo revela la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Falta poco para que comience un boicot en Estados Unidos y Europa a las empresas que vayan a invertir en un país que desconoce los derechos de las embarazadas “haitianas” y las discrimina claramente en la aplicación de las leyes migratorias.
Si yo fuera el presidente Luis Abinader hiciera caso al informe más lúcido y coherente sobre políticas públicas respecto a Haití que es “El reto haitiano en República Dominicana: posición y propuestas del Consejo Nacional de la Empresa Privada ante la presencia en el país de inmigrantes haitianos y de sus descendientes”, publicado en 2008. Y solo tomaría en cuenta las opiniones de empresarios precursores como Juan Bautista Vicini y Fernando Capellán quienes, al igual que el tirano Rafael Leónidas Trujillo y todos los que han propulsado por la “dominicanización de la frontera” desde Américo Lugo hasta Manuel Arturo Peña Batlle, siempre han apostado al desarrollo económico fronterizo y no se dedican como muchos otros empresarios dominicanos a la contratación habitual de mano de obra ilegal.
No hay dudas que Haití representa un peligro para nuestro país. Pero es responsabilidad de las autoridades que ese peligro no traspase la frontera porque no todos tenemos escolta armada como el expresidente Hipólito Mejía. La seguridad ciudadana de los dominicanos es responsabilidad de las autoridades dominicanas y no de la comunidad internacional. Haití es un “Estado fallido” pero no debemos permitir que República Dominicana sea un “Estado fallando” (José Israel Cuello).
Y, lo que no es menos importante: a nivel internacional, no debemos perder credibilidad y convertirnos en un Estado paria, racista y violador de los derechos humanos. Ese lujo se lo puede dar Israel, con su magnífico lobby estadounidense y global, pero no la República Dominicana que apenas defiende su hasta ahora exitosa “marca país”. Haciéndole caso a un grupo de descerebrados, no nos convirtamos en el “secreto peor guardado del Caribe”, socavando nuestro precario “soft power” (Joseph Nye) en la comunidad internacional. Por: Eduardo Jorge Prats [hoy]
