El Poder Ejecutivo depositó ayer, a través del consultor jurídico, un proyecto para robustecer, ampliar y hacer más eficaz la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en cumplimiento a lo anunciado por el presidente Luis Abinader en el paquete de medidas para frenar la migración irregular de haitianos.
El proyecto fue entregado por el consultor jurídico, Antoliano Peralta, al presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
La nueva propuesta estipula que la pena por tráfico de indocumentados pasará de 10 a 15 años de cárcel y de 150 a 250 salarios mínimos a de 12 a 20 años de reclusión y multas de 750 a 1,500 salarios mínimos del sector público.
Si a causa de la comisión de los delitos contemplados en la ley resulte la muerte de una persona objeto de tráfico ilícito de migrantes o víctima de trata, la pena será de 30 años; sin embargo, si se produce la muerte de dos o más personas, la pena subirá a 40 años de reclusión.
En ambos casos, la pena estará acompañada de multa de 3,000 a 6,000 salarios mínimos del sector público y la suspensión de los derechos de ciudadanía de conformidad con la Constitución. (OJO-DL)
