Hasta ahora hemos mantenido el criterio, de que al presidente Luis Abinader y al ser un presidente que por primera vez está en el poder, hay que darle el beneficio de la duda en todas sus actuaciones y por la simple razón, de que al ser el primer presidente nacido luego de desaparecida la dictadura trujillista, la República debe darse el tiempo antes de emprender criticas sostenidas respecto a la parte errónea de su mandato (2020-2024).
Teniendo este criterio muy presente, tratamos de ser lo suficientemente cuidadosos y sin que ello signifique complicidad con sus ejecutorias y exactamente igual de como tratamos a la Oposición y a los miembros restantes de la Clase Gobernante y ni hablar de la Partidocracia en su conjunto.
Pero ha resultado, que bajo la firma del primer mandatario, su gobierno a presentado un curioso proyecto de ley, que con el pretexto de enfrentar la ciberdelincuencia, en la práctica, no es más que el proyecto anti prensa clandestino que los políticos y sus partidos tienen contra el ejercicio de la libre opinión ciudadana y por lo que por primera vez, observamos que todas las banderías opositoras y la del gobierno (PRM) se han aliado con miras de asestarle un rudo golpe a la libertad de prensa, también la de información, la de conciencia como a la de palabra.
Frente a esta tesitura y como medio de comunicación con 22 años continuos en internet y 50 años en el análisis político de Estado, por primera vez sentimos y por razón de existencia, el colocarnos en la cera opuesta a los intereses políticos y sociales, ruines y bastardos, que han entendido, que, a esta nación y a sus ciudadanos, el poder político debe imponerle una grosera como abusiva ley mordaza.
Y cuya razón de ser, la entendemos en el hecho, de que los políticos y especialmente senadores, diputados, alcaldes y regidores, no quieren que la prensa les critique y denuncie todo cuanto en pura verdad realizan y en gran mayoría, contra de los intereses permanentes de la República y al apropiarse indebidamente de los recursos públicos y como ha estado sucediendo en estos 61 años de “democracia representativa”, que justamente, son los mismos que marcan el nacimiento de los ocho millones y medio de dominicanos que nacieron a partir del 30 de mayo de 1961 y hasta nuestros días.
Debido entonces, a lo que entendemos sin razón de los que mandan, consideramos, que a los políticos, a todos y sin excepción, hay que enmendarles la plana y que todos los mass media, tradicionales y digitales y en las redes sociales, periodistas y ciudadanos que ejercen el periodismo ciudadano, todos debemos de enfrentar verticalmente, el que viene siendo el primer ataque abierto del aparato político contra el libre ejercicio de la opinión ciudadana crítica y la libertad de prensa y por más duro que el mismo pudiera ser.
Cómo decíamos ayer, solo hay que efectuarle una auditoría forense a quienes han sido en este lapso de 61 años, legisladores, alcaldes, regidores, funcionarios públicos administrativos en los tres poderes inter dependientes del Estado y desde luego, a quienes han sido presidentes y vicepresidentes de la República y se comprobará, que si de un tiempo a esta parte, concretamente desde el 1997, los ciudadanos y mediante las redes sociales han estallado en contra de las inconductas de los políticos, se ha debido a que los niveles de corrupción a gran escala que la mayoría de estos arrastran, es uno, que en un país de comportamiento totalitario, haría rato que unos estarían presos, otros fusilados y a todos confiscados sus bienes y activos y por tener un origen ilegal de enriquecimiento ilícito y desproporcionado y basado en el tráfico de influencias para obtener recursos y dineros públicos.
Por lo tanto, los senadores y diputados y quienes ahora gritan contra las redes sociales y claman por su extinción y lo que la partidocracia aprovecha para meter una ley anti prensa que la castre totalmente, en vez de reclamar una política “legal” represiva contra la prensa y los ciudadanos que ejercen su derecho a opinar y a criticar, deberían en cambio mirarse así mismos y darse cuenta, comprobándolo, cuantos de ellos son ricos en base a la apropiación indebida de recursos públicos por medio de las funciones que ostentan, tanto de administración por delegación o por elección directa.
Un ejemplo, los senadores y diputados actuales y solo con el llamado “barrilito”(apropiación indebida de recursos públicos con pretextos demagógicos de ayudas a terceros) y que de suyo es un hurto, desfalco y fraude contra los dineros de los contribuyentes, para nosotros como para muchos, no tienen autoridad moral alguna para erigirse en censores y perseguidores del ejercicio de la libertad de prensa y mucho menos del derecho ciudadano a criticar, señalar o imputar acciones de administración pecaminosos en materia moral en contra de la totalidad de los miembros de la administración pública e incluidos quienes son militares, policías o pertenecen a servicios de inteligencia o espionaje.
Sencillamente, todo aquel sector o ciudadano que entienda que alguien se ha extralimitado en el ejercicio de su palabra y le a afectado en su integridad y honor, tiene abierto los tribunales para quejarse al respeto y, sobre todo, que no es necesario formular un proyecto de ley contra la ciber delincuencia, cuando leyes suficientes hay y con la Carta Magna a la cabeza para que los quejosos hagan valer sus derechos.
Es decir, de ahí a pretender taparle la boca todo el mundo, medios y periodistas, es un accionar o actitud que absolutamente nadie se lo aceptaría y lo que nos impulsa a recordar, que los miembros de la partidocracia, se oponen e irritan con las criticas y señalamientos de medios y periodistas, cuando lo que aquí se debe llegar, es al nivel del periodismo amarillista que hay en Reino Unido y que gracias al mismo, mantiene a raya a los políticos y funcionarios públicos y a cualquier poder desbordado dentro del empresariado y las fuerzas vivas.
En consecuencia, entendemos y este nuestro mejor consejo y si no se quisiera que el clima social se fracture y la gobernabilidad corriera peligro y porque nadie en sus cinco sentidos y como ciudadano, permitiría semejante atropello y negación de derechos adquiridos, que el presidente Abinader, haría bien en retirar el proyecto de ley sobre ciberseguridad y con fines de reestructuración y escuchando opiniones de la SIP, WAN, Sociedad de Diarios, Colegio de Periodistas y Colegio de Abogados, que son los organismos públicos de índole privada, más llamados a asesorar a un gobierno sobre tan espinoso tema.
La SIP, es la Sociedad Interamericana de Prensa, la WAN, es la organización Mundial de Periódicos y las otras mencionadas, organizaciones representativas dominicanas y todas, los naturales mecanismos de defensa de la atrapada opinión pública. ¡Ojalá se nos escuche! (DAG)
