El país no está en condiciones de valerse por sí solo porque no se me ocurre algo más alejado de una autarquía que la República Dominicana. Entonces, tratemos de ser realistas. La estatización hace décadas de la mina de oro de Pueblo Viejo no pudo ser experiencia más decepcionante. El inmenso pasivo ambiental de esa zona es el único legado de esa nacionalización, recibida en su momento como un acto de soberanía reivindicativo de nuestros recursos naturales.
No existe una sola evidencia del beneficio que esa nacionalización le trajera al país o a la provincia Sánchez Ramírez. No existe ni existió nunca una herencia material que pruebe que esa acción pueda ser catalogada como un acto positivo. Mucha gente salió ganando, es cierto, pero a un precio muy alto para el país. Otro ejemplo: la readquisición por el Estado de las empresas distribuidoras. El resultado ha sido la congelación del sistema eléctrico, con apagones y problemas en el suministro similares a los de medio siglo atrás.
Pero si eso es lo que queremos, ¡perfecto! Si la influencia que la Iglesia Católica sobre la población sirve para fomentar la protesta contra la inversión en el área minera, no dejemos esa tarea a los pobres curas de pequeñas comunidades, como vemos a cada momento, y hagámoslo con la dignidad de una pastoral del Episcopado. Si los partidos entienden que Pueblo Viejo y Loma Miranda son intocables, expulsemos sin más preámbulos a las multinacionales depredadoras de nuestras riquezas y dejemos esos recursos intactos para siempre.
Ahora bien, si optamos por ese camino ¿quién suplirá los empleos e impuestos que ellas generan? ¿Qué haremos frente a las demandas que sobrevendrán de esas multitudes hambrientas? ¿Quién se aventurará a invertir en este paraíso de nación soberana, pero incapaz de explotar su propia riqueza? Si pobreza y atraso es lo que buscamos no hay mejor camino. Por: Miguel Guerrero [El Caribe]