Cabarete, Puerto Plata. La empresa de accionistas estadounidenses, Inversiones Calpe, SRL, denunció el atropello sufrido por acciones incoadas por entidades gubernamentales el pasado viernes 26 de noviembre dentro su propiedad en la Playa Encuentro.
En un comunicado público, la empresa declaró que la justicia dominicana ha emitido 4 sentencias en firme, 1 de la Suprema Corte de Justicia y 3 del Tribunal Constitucional, las cuales definen claramente el único acceso público a la playa entrando por la Urbanización Vista del Caribe hasta la playa misma, y que a pesar de esto autoridades irrumpieron en propiedad privada destruyendo verja y estructuras donde funcionaban escuelas de surf y restaurantes.
“El camino de acceso público a Playa Encuentro, descrito por todas las sentencias y definido en el plano de la Urbanización Vista del Caribe, es un camino perpendicular a la costa, culmina una vez se llega hasta la playa misma, está pavimentado, nunca ha sido obstaculizado y está a más de 400 metros de distancia de esta propiedad privada”, dice el comunicado, que hace un llamado al presidente Abinader por considerar que no hay seguridad jurídica en el país ante una inversión de más de 50 millones de dólares.
Los accionistas resaltan que en sus terrenos se presentaron autoridades gubernamentales y militares para de una forma malintencionada hacer cumplir en contra de dicha empresa un dispositivo de la sentencia TC/0106/20 del Tribunal Constitucional, relativo al acceso público a Playa Encuentro “bajo una interpretación totalmente retorcida del derecho”. [El Caribe-Ojo]
COMENTARIO AL MARGEN: Mientras en este país las sentencias del Tribunal Constitucional sean letra muerta y los funcionarios dentro de los poderes del Estado no las acaten y constantemente se rebelen contra las mismas y la muestra es la que se comenta y que a su vez, es una demostración de la falta de seguridad jurídica que abate a empresas e inversionistas que no tienen medios de comunicación o periodistas afines o en el Conep y la Asociación de Industrias, no se actue como tribunal de alzada para garantizar derechos adquiridos. Invertir en este país continuará siendo un riesgo para quienes -empresas ó inversionisras- que no sean parte del entramado cuasi delictivo de empresas e inversionistas locales que se resisten a aceptar nuevos capitales de inversión y menos si estos no les dan participación y que es la razón de la violación de propiedad descarada que más arriba se denuncia. (DAG)
