Ahora que la incapacidad e incompetencia policiales de la actual dirección policial y con el apoyo abierto del no menos incompetente ministerio de Interior y Policía, han dado el folclórico paso de ser “creativos” en el bautizo de sus nuevos operativos, mientras con la irresponsabilidad manifiesta del comisionado ejecutivo para la supuesta reforma policial, que está claro, todavía no se materializa, se lanza un cubo de basura sobre todas las anteriores jefaturas policiales y que de suyo, es una artera acusación contra todo el cuerpo policial en sí y que por lo visto es la manifestación estrecha o “intima” de los prejuicios y rencores que el PRM tiene o guarda contra la institución.
Observamos, que el llamado operativo por “cuadrantes”, un disparate de marca mayor, que nos atrevemos a decir que no resolverá el muy grave problema de inseguridad ciudadana y que ciertamente es responsabilidad directa del gobierno y para entretenimiento de periodistas, reporteros, camarógrafos y fotógrafos, se escenificó ayer una coreografía motorizada por policías o artistas disfrazados de policías, haciendo piruetas en los motores que ocupaban y que sí dio la penosa nota, de que por lo que se está viendo, la policía se encuentra en peores manos que en las anteriores.
Por lo pronto, el rastrero ataque político iniciado por el comisionado ejecutivo para la reforma policial y que fuera hecho con el silencio del Poder Ejecutivo y la complicidad de la comisión esa de rescate policial, conformada en gran mayoría por directores y periodistas, cuya característica principal es que se les presume que son alabarderos gubernamentales que cuidan los millonarios contratos oficiales de publicidad para sus empresas periodísticas y las posibles canonjías que a su tipo de designación siempre acompaña, ha recibido la reacción airada de por lo menos dos pasados generales jefes policiales y de la Sociedad de Generales Retirados de la Policía Nacional y que por sus reacciones, es evidente que detrás de las mismas vendrán determinadas demandas en defensa del honor de los pasados jefes policiales implicados en la grosera denuncia.
Denuncia que para nada es nueva. Primero, porque desde medios de comunicación y de información de masas independientes a todos los poderes públicos y privados y como lo es este POR EL OJO DE LA CERRADURA hemos denunciado reiteradamente y sin que a ninguno se nos hiciera caso y segundo, porque recordamos, que el controversial y poco creíble y por sus implicaciones judiciales posteriores que le llevaron a un juicio de fondo por corrupción, mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, este reveló para mayo de 2021 y lo que fue destacado mediáticamente, sin que ninguna autoridad oficial le desmintiera, denunció ventas de “especialismos” (sobre salarios) que se efectuaban en la Policía Nacional, así como la venta de rangos y pensiones de los agentes y al extremo, de que el sistema de pensiones policial donde a los miembros de esta institución, “sin importar el rango, se les podía otorgar una pensión igual o superior a la suma de dinero que debe recibir el presidente de la República” y lo que de suyo, era una imputación que directamente señalaba a las jefaturas policiales anteriores.
Lo revelador y tan inquietante, dicho por Girón Jiménez, fácilmente se sintetiza en la siguiente expresión de este y expresado ante un tribunal actuante: “Yo me podía buscar fácilmente, con el esquema que hay, una pensión de 300,000, 350,000 y hasta 400,000 mil pesos, y Abinader y yo nos vamos pensionados con lo mismo, siendo él presidente y yo un simple guardia”.
Ni siquiera por semejante señalamiento que menciona directamente al actual presidente de la República, no movió al Poder Ejecutivo a manifestar reacción alguna y demandar las correcciones y castigos de lugar, aunque después de las mismas, fue que más o menos se entendió el porqué de la comisión ejecutiva de periodistas y burócratas de una institución particular de origen bancario que se auto titula de “investigación de la justicia” que había sido creada y la que paradójicamente al establecerse, creó un nicho de privilegiados periodistas y comentaristas adscritos a la nómina oficial.
Es decir, y hasta que se llega a la insólita declaración tan injuriosa del comisionado policial, parecería que el entramado oficial de corrección policial, en sí mismo es una especie de nicho contencioso que por su propia naturaleza también tiene una estructura de pura corrupción y desde el punto de vista del tráfico de influencias.
Visto lo anterior, no se entiende, cual fue la razón que acompañó al presidente Abinader, para no haber sido más drástico y contundente y desde que llegara al poder en agosto de 2020, para enfrentar la corrupción policial y la que, sí ciertamente y durante los últimos 61 años, fue entronizada desde el desastroso gobierno del Consejo de Estado, en el que a un jefe policial (Belisario Peguero) se le nombró mediante un decreto-Ley y al ser un gobierno de facto que abarcaba al Poder Legislativo, como jefe policial y que fue precedido de la primera huelga de policías en toda la historia de la República.
Con Peguero, la corrupción desde el poder y a gran escala fue entronizada en la policía con la compañía de almacenes sin pago fiscal denominados “Cantina” y que se estrenó trayendo al país cuanto articulo adquiría el comercio local y para venderlo a precios inferiores a los del mercado y con pingues ganancias de Peguero y todos los jefes policiales y militares de la época y sin importar llevar a la quiebra al comercio importador.
A partir de este hecho, el comercio entendió que era lo que debía hacer con militares y policías. Comprarlos y mediante la etiqueta de suplidor del Estado y lo que desde entonces ha continuado a lo largo de todos estos años “de democracia” y llegándose a la culminación de la corrupción a gran escala desde el pasado gobierno de Danilo Medina, quien autorizó la existencia del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y su ramal de tráfico de influencias y también a gran escala y que ahora en la gestión de Abinader, el ministerio público a descubierto en el llamado “Caso Coral”, cuyo imputado principal es el general espaldero de aquel presidente, Adán Cáceres Silvestre.
Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, sorprende las declaración-denuncia realizada esta semana por el comisionado ejecutivo encargado de reformar la Policía Nacional, José Vila del Castillo y quien por lo visto, sin darse cuenta en qué hondura metía al presidente de la República, Vila del Castillo y quien de ligero de boca dijo y recogido en un texto periodístico del matutino centenario capitaleño, el “constante trabajo que han tenido, a fin de ordenar la supuesta estructura inmoral que arropaba esa institución, que denominó como el elefante blanco y la lacra de la corrupción.
“Vila confesó haber encontrado y desmontado en la gestión del mayor general Eduardo Alberto Then una estructura que cobraba por nombrar en los puestos policiales, decidir los traslados, los ascensos, cobrar las pensiones, renovar los uniformes y las armas nuevas, así como otras irregularidades.
“Lo digo así de claro, una corrupción histórica, sistemática, llevada de un director a otro, impulsada desde la cabeza, obligando al último raso a pertenecer a ella”, indicó Vila al participar como expositor en el seminario internacional sobre Seguridad Ciudadana, en la biblioteca Pedro Mir, de la UASD.
"Todos los que no pertenecían al sistema fueron apartados, perseguidos o enviados a pequeñas oficinas", añadió el comisionado”.
Entonces, ¿no existe razón suficiente para decir que en la policía no dan pie con bola y encima inventan y sin pudor alguno acusan? (DAG)
