En peligro la paz social por el accionar de una policía política técnico-policial. 42 años después del 1978 se vuelve a lo mismo. ¡Qué retroceso!

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Independientemente de que algunos entiendan, que quien llega a posiciones de poder debe salir del mismo peor que muerto de hambre, la realidad nos obliga a entender, que la naturaleza humana y en este aspecto, no es precisamente un dechado de virtudes.

Al mismo tiempo, cuando este tipo de casos de persecución política salvaje y bajo el disfraz de pesquisas informativas de índole judicial, se presentan con la celeridad propia de una autoridad judicial salida de control y dispuesta a realizar el mayor daño posible, se hace evidente que el reaccionar de la mayoría del público es el mismo de la tan conocida plebe barrial que no para en diferencias y para hacer valer la envidia, egoísmo y odio que ahoga a sus participantes.

Y desde el momento que esta situación se presenta, de grosera alteración del orden público y de terror inducido hacia toda esa clase media que entra y sale de los cargos públicos, es imposible no entender, que el poder político que se supone legal, no está actuando con la probidad y decencia que se espera de sus responsables, sino que por el contrario, esa rama judicial gubernamental directamente dependiente del despacho presidencial, parecería que por depender de directrices más hondas y oscuras, se entiende sin frenos de ninguna naturaleza, ni prudencia más que elementales.

No estamos hablando de que el gobierno y en base a evidencias concretas no tenga derecho de reclamar sanciones contra quienes, como ciudadanos en posiciones de poder, las hubiesen aprovechado para enriquecerse o animar los peores escenarios de corrupción política y administrativa.

El punto es, que ninguna persona o autoridad y judicial menos, tiene derecho a aplastar y vejar la dignidad e integridad de otra, que, por ser su enemiga política o personal, su apresamiento le diera la oportunidad para humillarla públicamente y exponerla ante toda la atrapada opinión pública como un ladrón o ratero vulgar.

En este sentido, el espectáculo montado la madrugada del sábado y desde las tres,  por el Poder Judicial y en la persona de la Procuradora General de la Republica, Miriam Germán, que dispuso que se hiciera un despliegue recordatorio de como es que la vieja y resentida izquierda de cuando la Guerra Fría se la gasta, sobre todo cuando sus odios y animosidades quiere descargarlos en otros y sin importar las consecuencias, lo que nos dice, es que el presidente Luis Abinader ha cometido el exceso de que sus subalternos actúen impropiamente y como si en este país y sociedad no se rigiera por un mas que elemental estado de derecho.

¿Pensó esa magistrada y el ayudante subprocurador que ejecutaba sus órdenes, que a la nación le sería indiferente semejante despliegue de abuso injustificable de poder?, Así mismo, ¿habrá creído la magistrada Germán que, de esa forma, ella podría saciar las apetencias de cobros emocionales de viejas deudas contra altos cargos del gobierno anterior? Y lo otro, ¿qué necesidad tiene el presidente Abinader de mostrar su gobierno, como uno que no le importa hacer uso de métodos groseramente dictatoriales y, por lo tanto, para que los mismos actuaran como un preaviso de todo cuanto de malo su poder pudiera realizar y con fines de reducir a mínimos, la libertad de expresión o la libertad política?

Justo porque nos inquieta la situación creada ayer y de abierta acción grosera de poder en extremo y viendo las implicaciones profundas que esto implica de cara a la gobernabilidad, que haya que alertar al poder, de que recuerde, que gobierna para todos los dominicanos y no solo para un reducto y menos, para los que se cobijan a la sombra de su poder.

Pues si aun los del PRM no se han dado cuenta del paso efectuado a partir de la madrugada del sábado, bien puede decirse, que el mismo gobierno ha propiciado una grieta social y tan extrema, que ahora y al sacar a los uniformados a participar directa y abiertamente en esta inusitada violación de derechos, automáticamente y conociendo la mentalidad arbitraria de guardias y policías, que ahora y de golpe, Abinader ha dejado que se despierte en estos, la sed y ansias profundas de poder directo y para que llegado un momento, el aparato castrense­-policial pudiera actuar a la libre  y con la mayor expresión y suma de arbitrariedad que pudiera en un momento dado y afectando de ese modo al mismo régimen.

Porque no es que se estuviera negando la probabilidad, de que los detenidos de forma tan arbitraria y grosera no tuvieran culpas por acciones ilícitas que dilucidar ante los tribunales, de eso no es que se trata y si de advertir, que no hay derecho a que un gobierno constitucional pudiera actuar tan atropelladamente y menos, cuando su aparato represivo judicial había hecho los movimiento y cuidos de lugar.

¿No habría sido mejor y prudente, haberlos citado a hora y fecha fija y explicándosele para que se le inquería o comunicarle al mismo expresidente Danilo Medina, tanto como hermano de dos de los imputados, así como jefe político de los otros, el por qué la alta autoridad represiva judicial les requería? Seguro que, si se hubiese obrado de esta manera, hasta el mismo expresidente y por su conducta personal nada grosera, se tiene certeza de que los presentaría donde se les requiriese. No se hizo así y ahora las consecuencias. El daño moral ya está hecho y el dolor de hermano y jefe político agraviado mucho más.

Mientras tanto, esperamos que en la PGR se entienda perfectamente, que acusar es una cosa y demostrarlo otra y lo más significativo, que entablar ahora una desastrosa política de ojo por ojo y diente por diente, no llevará a nada bueno y sí a mucha crispación, odio, venganza y dolor.

Hay otro detalle y el que, en el escenario creado en la madrugada del sábado, debe de mencionarse y que hay que advertir a todos los medios de comunicación y de información de masas tradicionales e incluidos los digitales, independientes a los poderes públicos y privados establecidos: No meterse en este pleito de quien robó más que el otro y menos, para servir de pretexto para que el gobierno descargue su ira contra voces opositoras y mediáticas a las que quisiera echar mano. Informar sí, calificar o imputar no. Que sea el ministerio público el que acuse y demuestre la veracidad de sus imputaciones y mantengámonos los mass media lejos de la controversia judicial y lo que hay que recordar por el bien de la gobernabilidad.

De ahí que planteemos, que por lo que se está viendo, está en peligro la paz social y por el accionar sorpresivo, de una policía política técnico-policial. 42 años después del 1978 se vuelve a lo mismo. ¡Qué retroceso! (DAG)