En tiempo de reformas

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Este jueves – atinadamente – el Presidente Abinader, luego del retiro de los partidos de oposición de las discusiones en el CES, declaró que está dispuesto a reunirse con los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández para discutir las reformas a la Carta Política del Estado e hizo referencia a los temores que los líderes de oposición albergan.

Esta posición es sabia porque el PRM con 88 diputados – 101 con sus aliados algunos de los cuales podría perder – y 18 senadores, está matemáticamente lejos de las dos terceras partes – que son 148 votos – que se requieren conforme al artículo 271 para aprobar las reformas.

El 6 de noviembre del 1844 cuando se dicta la primera Constitución dominicana que ha sido modificada 39 veces, existían escritas, básicamente la de Filadelfia de 1787, que fue la primera – que ha sufrido 27 enmiendas – y la de Cádiz de 1812, de la que fuimos parte con dos diputados, además de las presidenciales latinoamericanas.

Siendo que este fue un instrumento nuevo es normal que haya sido modificado en cada país para cubrir imprevisiones y, con el pasar del tiempo para ajustarla a la realidad del desarrollo de las sociedades; la quinta enmienda de la norteamericana, que consagra la no autoincriminación, el gran jurado, la excepción de cosa y juzgada y el debido proceso, fue aprobada poco tiempo después de ser promulgada, en el 1791 y nadie discute la pertinencia de esas enmiendas.

La Carta Magna no es un contrato social pétreo, no está mal modificarlo, si es necesario; en nuestro caso, excepto la Constitución de 1858, mejor conocida como la de Moca, que era bastante adelantada, no hay modificaciones notables hasta la de 1963 de Bosch, sin olvidar que algunas fueron para integrar derechos políticos, como el voto universal de los varones, porque primero fue censatario, cuando sólo votaban los ricos, profesionales, militares y comerciantes y, en 1942, para incluir a la mujer, que obtuvo sus derechos civiles, en este caso, mucho antes que en la mayoría de las naciones del mundo.

La Carta Política más duradera, que sirvió de base a la democracia liberal-electoral, fue la de 1966 que se mantuvo hasta el 1994, cuando con la crisis política post electoral, la salida fue prohibir la reelección presidencial, crear el Consejo Nacional de la Magistratura para que el Senado no designara a los jueces y establecer la mayoría absoluta con la doble vuelta electoral, para eliminar, para la Presidencia, la mayoría simple que imperó hasta entonces y permitió ser elegido con el 34% de los votos al Presidente Balaguer en 1990: Nadie discute que en ese momento la modificación fue una necesidad.

El cambio introducido en el 2002 para restablecer la reelección, dejado sin efecto en la Carta Sustantiva del 2010, fue reinstalado en el año 2015: ambas fueron modificaciones puntuales para reelegirse, no así la Constitución de Leonel que modificó la República liberal convirtiéndola en un Estado social y democrático de derecho. Entonces, las modificaciones se discutieron a lo largo de todo el país, sin temor a que se colara el tema de la reelección.

Si bien no había ambiente porque los cambios eran una cuestión de las élites, este se creó y, por demás, el Presidente de la República tenía mayoría sólida en la Asamblea Nacional y, en consecuencia, la Ley que declaró la necesidad de la reforma, no confrontó dificultades: Ahora, no hay ambiente, los temas propuestos no generan interés, ni existe la mayoría requerida o la posibilidad de apoyo de los partidos opositores cuyos líderes han sido empujados al extremo en la sala del entendimiento.

El escenario – que representaba Agripino Núñez Collado – tampoco está, el Consejo Económico y Social CES es un órgano constitucional que fue concebido para él y carece de representatividad.

En la discusión de la Constitución del 2010, iniciada después de la reelección de Leonel, participaron académicos de universidades nacionales y extranjeras, todos los líderes políticos y de opinión del país y se llevó a cada rincón de la geografía nacional: No había una necesidad percibida, pero se convirtió en una moda de la que todos querían opinar y de esa forma, aunque debió ser una Constituyente, la inmensa mayoría, participó.

Actualmente, saliendo de la Pandemia, con una crisis económica en ciernes y el mundo en guerra, el tema no parece estar en la agenda de los ciudadanos, por otra parte, los partidos – aguijoneados por la persecución – se han manifestado en contra: Pero sobre todo, la Reforma se anuncia para  “decretar la independencia del Ministerio Público”, centro de preocupación de los líderes opositores, aunque a decir verdad, en la Ley que declara la necesidad de la Reforma, lo único que hay es un cambio de nombre del Procurador General de la República, por el de Fiscal General… la designación y las atribuciones se dejan a la Ley, una ley que – visto así – podría dictarla el Congreso Nacional, sin modificar la Constitución actual. Las otras son cuestiones cosméticas, excepto la modificación de la composición y plazos de las altas cortes, aspecto pendiente de consenso.

En honor del Presidente Abinader debemos admitir que él anunció esas iniciativas, incluido el envío de una nueva la Ley de Hidrocarburos,  el pasado año y está cumplimento.

En el caso de los combustibles el borrador incluye una serie de definiciones y de asuntos que hacen parte de la práctica diaria del Ministerio de Industria y Comercio – desde el 2000 – por vía resolutiva y, que ahora se incorporan a la ley: Eso no está mal.

Por otro lado, se procura cambiar el método de fijar precios semanalmente a quincenal, eso, por sí solo, va a generar déficits que la Refinería y los importadores, sobre todo los de GLP, tendrán que soportar, pues en los mercados, el precio varía varias veces, en un solo día, imagínese en quince.

Puede ser que el Fondo de compensación previsto cubra esas partidas, que además debe financiar los faltantes actuales que hoy se cubren a través del “subsidio”; ojalá los cálculos cuadren, pero en todo caso, eso quizás ayuda con la fluctuación de los precios, pero no los reduce en el mercado doméstico, porque el tema acá es el peso de los impuestos, los márgenes y otros costos encubiertos que en la ley y, eso no se trata en el anteproyecto.  Hay que cuidar al Gobierno y al Presidente de la frustración que puede producir la expectativa de rebajas que no llegarán.

Dentro de las iniciativas, está la normativa electoral, que por la cantidad de artículos de las leyes Electoral y de Partidos Políticos anulados por el Tribunal Constitucional en sus primeros meses de vigencia – incluido el arrastre que me fue acogida -, nadie duda que ésta debe ser modificada: Pero ese no es el problema, el tema es que estamos cometiendo el mismo error desde el 1994 y no aprendemos.

Recuerden los colegios electorales cerrados, un disparate introducido en la Constitución – que generó abstención forzada – y que nunca funcionó, en esa oportunidad también quedaron separadas las elecciones legislativas y municipales de las presidenciales; con otra modalidad, eso se trasladó a la norma vigente para las elecciones del pasado año cuando la ineficacia de la Junta Central Electoral abortó el proceso por primera vez desde 1924 y, ahora, el tema resucita como pretexto para cambios en la normativa: Serían los novenos cambios desde la Ley de 1997, con iguales resultados esperados y, es porque de nuevo estamos poniendo a carniceros como si fueran neurocirujanos a hacer cirugía del cerebro en el quirófano: Si no aprendemos del pasado, seguiremos cometiendo el mismo error. Por: Ángel Lockward. [Listín Diario]