¿Encima de la terrible crisis de credibilidad moral que tiene su oficialidad, ahora un proyecto para que los militares voten? ¡No por Dios!

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Si los efectivos militares y policiales en activo están entre los 100 y 125 mil efectivos y si a la cuenta le agregamos igual cantidad de familiares (cinco por uno por unidad familiar) que de ellos dependen, fácilmente podría hablarse, de que el voto castrense y así a lo simple y descarnado, no pasaría de 500 mil votantes adultos. Por lo tanto, como factor de voto duro para presionar o influenciar al resto de los electores civiles, bien que podría hablarse, de que no menos un millón de votantes estarían bajo su influencia.

Semejante posibilidad y en momentos que está al descubierto, que la corrupción castrense ha llegado a unos niveles tan extremos, que como se está viendo con los efectos colaterales del caso CORAL y anterior Los Tucanos o el mismo Odebrechtgate, poco falta para que el factor militar-policial y a nivel de alto mando y alta oficialidad, abiertamente se rebele contra el orden legalmente constituido y como factor de fuerza para que la autoridad judicial abandone sus presiones e indagatorias sobre los procesos judiciales en los que están envueltos oficiales militares y policiales.

Pensamos, que si lo anterior, los tres diputados proponentes a favor del voto militar lo hubiesen tenido en cuenta y lo que el mismo representaría para los políticos actuales y en particular para quienes son funcionarios por voto directo, que definitivamente habrían serenado sus espíritus y por simple prudencia, haber archivado la propuesta de cambio que han generado y para otros tiempos en los que el poder civil no se encontrara tan vapuleado, indeciso y hasta temeroso con la corrupción militar.

Igual habrían tenido el tacto de no agitar las avispas, en momentos que el factor militar, da muestras presumibles de estar dispuesto a todo, con tal de que el poder civil no cuestione el origen de las multimillonarias fortunas, que sin poder explicar sus orígenes, la mayoría de la alta oficialidad militar y policial poseen y cuyo origen bastardo se encuentra en la disposición gubernamental creada por el presidente Joaquín Balaguer y desde los años de la década de los setenta del siglo pasado, a través de la cual, Balaguer ordenó, que grandes extensiones cañeras pertenecientes a los 12 ingenios estatales fueran repartidas a la alta oficialidad y proveyéndoseles además de todos los insumos requeridos para sus cosechas y posterior cobros de “ganancias”.

Fue a partir de ahí, que el poder civil se metió en camisas de once varas enriqueciendo a generales y coroneles y a todo el alto mando y que todavía en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, la mala practica continuaba haciéndose y hasta llegar a lo de ahora, que el poder militar es tan rico y sus efectivos se han engreído en la medida que se enriquecen y han pasado toda posibilidad de decencia y mesura, que parecería, que en el gobierno del presidente Abinader, es prácticamente imposible o improbable que se pueda detener la corrupción militar y policial y mucho menos con ese ramal castrense de extorsión a gran escala, sociedad con el narcotráfico y toda fuente de negocios ilícitos e incluyendo negocios directos con el mismo Estado como lo destapado recién en el sector eléctrico, vía contratas de obras y de servicios de todo tipo, los casos PULPO y el tan mentado CORAL.

Analizar esta situación, estudiarla y valorarla en toda su perspectiva y si se añade lo concerniente a subalternos dependientes de los generales y coroneles ricos, los que a su vez son gente adinerada que no les importa exhibir la riqueza que les abunda, por obligación hay que entender que sería un suicidio político y social, conceder el derecho al voto militar y por la seria situación distorsionante dentro de una democracia funcional y resquebrajada moralmente y que en las presentes circunstancias, en las que el poder militar-policial se entiende superior al poder constitucional civil.

Es al contrario, dado el alto nivel de corrupción castrense que se exhibe, el aparato político debería tener sumo cuidado en alagar o darle alas de mas influencia al sector castrense y policial y en cambio, sí imponer los controles y frenos de lugar a una oficialidad militar, que engreída en extremo, bien que sería capaz de efectuar cualquier tipo de sabotaje contra la República y parecido a lo ocurrido recién con la supuesta ruptura de cables en la sede del principal aeropuerto internacional dominicano o la caída de una de las cabinas del teleférico de Puerto Plata y para no hablar de lo que pudiera venir con el nuevo frente abierto con el cierre de actividades agrícolas y ganaderas en Constanza y las que afectan los nacimientos de los principales ríos de esta nación y donde el factor policial militar es hegemónico en mas de un 35 % y lo otro, de la tan vieja marca policial, de que cuando allí no se está contento, de inmediato se inicia una ola de asesinatos a puro día y en las calles y hasta obligar que el gobierno de que se trate no moleste ni trate de frenar o desaparecer la corrupción castrense en sentido general.

La situación es tan preocupante, que en el aspecto civil, vemos como las acciones de lavado de activos a gran escala son perpetradas por elementos militares y policiales en todo tipo de actividades comerciales y a un nivel de absoluta impunidad, que familias enteras y en sociedad con castrenses dominan el narcotráfico y hasta han llegado a colocar senadores y diputados en activo e igual alcaldes y regidores y con un descaro tal, que ahora una diputada y de descarada, resta importancia a las acusaciones fundamentadas que se le hacen en materia de recursos ilícitos.

Cuando en una sociedad y en un país como este, los que delinquen desafían el sentido común y hasta se erigen en socios de gobiernos y presidentes y la población responde ampliando el abanico de posibilidades de mayores ilícitos, definitivamente habría que entender que la inquietante inversión de valores morales que ahoga a la República y la que también pasa por el sector mediático casi en su totalidad, parecería que es muy poco lo que se puede hacer y que la gente decente ha quedado derrotada de plano.

Entonces, si se está en una situación como la que se vive, sería una temeridad y un riesgo forzoso, que tres diputados propongan un proyecto de establecimiento del voto castrense y dizque como recurso para “consolidar la democracia” y por lo que decimos: ¿Encima de la terrible crisis de credibilidad moral que tiene su oficialidad, ahora un proyecto para que los militares voten? ¡No por Dios! (DAG)