Esa grave situación de delincuencia militar asociada a la droga y al sicariato y desde todos los niveles de la cadena de mandos, es el mayor peligro institucional que experimenta la República y lo que hasta podría derivarse, en un nicho contestatario, de militares en activo no cómplices de esa delincuencia

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Los gobiernos del presidente Leonel Fernández, decididamente y a partir del año 2004, fueron los favorecedores y con mirar de lado en lo relativo a altos militares en el ministerio del ramo e igual en el Cuerpo de Ayudantes Militares del presidente de la República, constituidos en evidentes demostraciones de delincuencia de uniforme, que de golpe, penetró a las instituciones armadas y al extremo, de que todavía en este año y en otro gobierno, la situación continua y sin que por lo visto haya forma de detenerla y definitivamente.

            Al mismo tiempo y lo que ahora hemos empezado a descubrir y como un factor político de contrariedad extrema. Que dentro de todas las instituciones militares, ha empezado a surgir un amplio movimiento de renovación moral, mediante el cual, una gran parte de la oficialidad, así como del estamento de subalternos y de acuerdo a las diversas jerarquías dentro de la línea de mando, quienes al ver que en el gobierno no se hace nada efectivo para resolver tan delicada situación que afecta el buen nombre e integridad de las instituciones castrenses, hayan empezado a reunirse aisladamente y consultarse entre sí respecto a los pasos a dar y sin que en modo alguno, el Poder Ejecutivo pudiera presumir que hubiese algún tipo de escaramuza institucional desestabilizadora.

            En este sentido, quienes ya conocemos del malestar anímico militar y el que se ha agravado con los notorios hechos delincuenciales de aparentes criminales asesinando a militares para despojarles de sus armas de reglamento, hemos observado, que muchos militares en activo se han quedado espantados ante la realidad dada a conocer los otros días por el general del Ejército supervisor de los sistemas de seguridad privados, en cuanto a que se ha organizado un mercado clandestino de abastecimientos de armas ilegales en muchas de las organizaciones de seguridad privadas y de forma resaltante, con comercio abierto para adquirir las armas que los delincuentes despojan a los militares y policías en activo.

            Es decir, de buenas a primeras, la misma inseguridad que se vive dentro de la ciudadanía e increíblemente, se está haciendo sentir en el estamento militar y en particular en el ámbito familiar, lo que y como hay que suponer, está llevando el  desasosiego más profundo al conjunto de los 50 mil efectivos castrenses y casi igual cantidad dentro de la policía y lo más preocupante, que parecería, que los mismos uniformados ya han empezado a recelarse los unos de los otros y de manera concreta, frente aquellos que dirigen o trabajan en los múltiples organismos de seguridad que hay en puertos y aeropuertos y persecución de drogas ilícitas y ni hablar, con relación a la de aquella parte de la oficialidad que económicamente ha conformado una nueva clase económica al amparo del PLD.

            Y que es una situación, el enriquecimiento militar desproporcionado, extremadamente volátil y porque es hija de la inseguridad y el miedo que constantemente se está apoderando de una parte significativa de la población y con marcado matiz, en los alistados policiales y militares que viven en barrios vulnerables del Gran Santo Domingo y quienes, de buenas a primeras, entienden, que a todos ellos la delincuencia criminal les ha señalado como la primera carne de cañón a la que se quiere afectar en sus respectivas integridades físicas y encima de la desigualdad crónica de salarios que experimentan.

            Lo que nos vemos obligados a plantear públicamente y para ver si en el gobierno le prestan la debida atención, pues en la medida que ahora también se descubren muestras agobiantes de criminalidad militar y policial, como las recientes, con relación a un cargamento de 500 kilos de cocaína recibido desde Colombia y enviado a lo inmediato a Europa, que motivó al alto mando militar, a recomendar al Poder Ejecutivo, las cancelaciones de los nombramientos que amparaban a nada menos dos coroneles, varios oficiales subalternos y un amplio grupo de alistados y lamentablemente, dentro de un ambiente de secretismo que ni siquiera otorga el beneficio de la duda para que la ciudadanía pudiera creer que ha sido una decisión creíble o medianamente razonada.

            Asumimos, que el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, debe tener un fuerte dolor de cabeza e igual una gran preocupación, por la deriva política que semejante situación de criminalidad creciente de uniforme está presentando y que si hasta ahora no ha tomado cuerpo dentro de las fuerzas vivas, se debe solo a dos factores: El fuerte aparato de propaganda oficial ,que parecería que lo neutraliza todo y la ausencia real y preocupante, de una oposición política bien organizada y estructurada, cuyos integrantes supieran entender, que deben defender a la ciudadanía y tanto la civil como la de extracción militar o policial.

            En estas circunstancias y si el gobierno y rápido, no le sale al frente y con miras de conjurarlas, bien podría de suceder y para lo que solo bastaría algún tipo de asesinato  con características de ejecución pública  y en personas destacadas de la vida nacional civil o militar, que en los días por venir se diera un caso hasta hace poco impensable, de manifestaciones de reafirmación ciudadana instando al gobierno a que garantice las vidas de todos los dominicanos y sin distingos de ninguna especie y como primer paso, antes de que el miedo que se está generalizando entre  los ciudadanos y quienes muchos, ya entienden, que salir de sus domicilios, es exponerse a un grave peligro y no solo de asalto y sí de pérdida de sus propias vidas, con lo cual la paz política, ya tan frágil que se está viviendo, pudiera irse a la porra.

            Mientras tanto, cabe esperar, que el ministerio público y en particular, la procuraduría general de la República, su incumbente no se contente con solo decir, que “que aperturará una investigación profunda y seria, en cuanto al caso donde se vincula a los cancelados dos coroneles de las Fuerzas Armadas, un primer teniente de la Policía y un asimilado militar, acusados de permitir la entrada al país de una aeronave procedente de Cartagena, Colombia, con más de 500 kilos de cocaína” y por la determinante razón, de que ya en este país, muy pocas personas creen en las investigaciones judiciales del ministerio público y menos, si en las mismas están involucrados sectores de poder.

            Al suceder este descreimiento, hay que llamar también la atención, de que perfectamente podría ocurrir y cuando menos se venga a ver, que la intranquilidad en el cuartel, se manifieste casi como de desobediencia cívica y lo que, seguro que terminaría derivándose, en una situación, sino incontrolable, si de animosidad manifiesta, por parte de sectores de la población que la hicieran suya, toda vez, que las mismas angustias que experimentan las familias de militares y policías en barrios vulnerables, son las mismas de todos los ciudadanos y sobre todo de clase media y de a pie y a partir de ahí, que pudiera presentarse un cuadro social de hiriente proyección política y del que el mismo gobierno se las vea y se las desee en como neutralizarla o conjurarla.

            Por lo pronto, muchos entendemos, que el gobierno debe abrir una investigación y si es que quiere recuperar su autoridad moral plena, respecto, a que aquellos militares y policías y en particular oficiales, que demuestran que tienen bienes y activos imposibles de obtener en base a los salarios e ingresos que perciben, sean investigados exhaustivamente y como el mejor mecanismo para que se pueda evitar, lo más parecido a una protesta de uniformados y que sería lo previsible que se presentara, habida cuenta, de que las madres, esposas y familiares de guardias y policías están al grito con el nivel de inseguridad en el que viven y que unido a la falta de ingresos aceptables por parte de sus cónyuges de uniforme, sienten que el mismo presidente los ha abandonado.

            Y como acontece, que en este país, los medios de la prensa mercancía y sus periodistas, callan totalmente cuanta información, noticia o análisis entiendan que pueda irritar al gobierno, medios y periodistas como en POR EL OJO DE LA CERRADURA, al menos, tratamos de ofrecer una especie de alerta temprana, que saque al gobierno de la aparente seguridad que tiene de controlarlo todo y darse cuenta, de que detrás de las sonrisas y el servilismo de muchos, subyace el fundamento de una verdadera tormenta social y política, que si llegara a estallar y lo que hay que decir con franqueza, dudamos que el régimen pudiera confrontar y salir indemne.

            Lo que sería una lástima que llegara a suceder, sabiéndose, que, en esta materia, se presume que el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez, se distingue positivamente del gobierno anterior presidido por Leonel Fernández, pero que al no haber enfrentado con la rapidez de menester, la situación que se describe, parecería, que terminaría siendo responsable por los platos rotos que los guardias de Leonel y tan impunemente crearon y lo más inquietante, que todavía mantienen.

            Más lo otro, que a muchos nos preocupa, de que la gobernabilidad se pierda y por falta de acción eficaz presidencial y lo que nos obliga a decir, que esa grave situación de delincuencia militar asociada a la droga y al sicariato y desde todos los niveles de la cadena de mandos, es el mayor peligro institucional que experimenta la República y lo que hasta podría derivarse, en un nicho contestatario, de militares en activo no cómplices de esa delincuencia. Con Dios.  [DAG. Miércoles, 13 de diciembre de 2017. Año XV. Número 6,118]