Una nación en la que su sistema de justicia tiene que ver con el mayor o menor grado de acercamiento que un imputado tenga frente a un juez o un fiscal, decididamente que no es uno confiable absolutamente a nadie y menos, cuando desde hace unos días se debate respecto a las idas y venidas de un pandillero juvenil hijo de un comentarista radial al que parecería que su influencia es tal, que no hay juez que realmente le vaya a condenar el hijo.
Lo mismo ocurre en otras instancias del sistema de justicia en donde los derechos les son negados en la mayoría de las veces a quienes se les ocurra ir hasta los tribunales o peor que por un simple trámite burocrático y con el pretexto de que los “traslados de notarios están suspendidos”, la Suprema Corte de Justicia impone un mecanismo de corrupción dentro de la burocracia judicial, que sonroja al menos conocedor del manejo interno de esa burocracia y sin importarle afectar derechos adquiridos.
Recientemente, el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís ordenó este lunes la puesta en libertad de Ruddy Santos Ramírez, luego de estar preso durante casi tres años por una supuesta agresión a una inquilina y no obstante que un tribunal había rechazado la acusación temeraria.
Miguel Surum Hernández, presidente del Colegio de Abogados y quien asumió la defensa del acusado, saludó la puesta en libertad de Santos Ramírez, sin embargo, consideró injusta la imposición de dos millones de pesos como garantía económica.
El jurista reiteró que tanto el acusado como su familia son de bajos recursos económicos, lo que les dificulta el pago de la garantía económica impuesta por el tribunal y lo que provocará que la presión injusta continue.
Se recuerda que Rudy Roberto Santos Ramírez, se hizo viral a través de en un video rogando por su libertad, denunciando públicamente la ilegalidad de prisión, por falsa acusación de violencia contra la inquilina que quería evitar su desalojo de un inmueble propiedad de dicho ciudadano.
De acuerdo con Surum Hernández, Santos Ramírez ha sido mantenido ilegalmente en la cárcel por casi 3 años, más del duplo permitido por el artículo 241 del Código Procesal Penal, que consagra cese de la prisión preventiva a los doce meses de imposición. A este día, ya los medios dejaron de hablar sobre esta monstruosa afectación de los derechos de un ciudadano. [OJO-hoy]
