La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirma que el país necesita que se actualicen los marcos regulatorios relacionados directamente con la organización y funcionamiento del Estado, por lo que exhorta a los legisladores a aprobar 15 leyes y códigos requeridos para eficientizar los mecanismos de control y garantizar mayor rigor del sistema democrático, entre las que cita: la reforma a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y el proyecto de Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, señala la prioridad de aprobar proyecto de Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, la reforma de Ley sobre la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Interno, el proyecto de ley de Participación de la Ciudadanía y Mecanismo de Control Social, la Ly que regula el indulto, la iniciativa sobre protección al derecho a la intimidad y el honor, el Código Penal y la Ley sobre Trata de Personas. Asimismo, la Ley sobre Ciberdelincuencia, • Proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia, la reforma policial y la modificación a los códigos Civil y de Procedimiento Civil.
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Castaños Guzmán indica que existe un alto interés en la evaluación de la calidad de los regímenes políticos a partir del funcionamiento de sus instituciones, a la vez que reconoce el avance de la República Dominicana en el ámbito de las instituciones públicas. “Destaca el balance del período legislativo 2020-2024, que conocieron “importantes piezas, como la Ley 340-22 de Extinción de Dominio; la Ley 60-23 sobre la administración de bienes secuestrados, incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio”.
Empero, explica que el país necesita actualizar las leyes que aumenten la transparencia y la rendición de cuentas, mediante la definición y adopción de mecanismos que garanticen la participación social en esos temas. El jurista identifica tres bloques de grandes reformas, la de los órganos del Estado y sus mecanismos de control; los órganos del Estado en su relación con las personas, y las relaciones entre las personas y los marcos regulatorios que requieren. Presenta los fundamentos cruciales para abordar la violencia intrafamiliar, con normas que la protejan, así como a los niños, niñas y adolescentes.
Fuente: Hoy
