¿“Imparciales y no viciadas con el PLD” y como requisito único para ser miembro de la JCE?

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Cuando alguien argumenta que no puede aceptar algo que se propone y porque a su decir, “está viciado”, lo que en realidad está diciendo, es que lo que se le propone está cargado de un ámbito lleno de tensiones y de problemas o que se corrompe a otro física o moralmente o que se ha alterado la propuesta de que se trate cambiando su sentido o en otros casos, que se ha anulado la validez de un acto y en último extremo, porque es un asunto imperfecto, deforme y esto último, cuando se aplica al aire no renovado de un salón o que se tiene una pelvis mal conformada. En uno o en otro caso, al final, de lo que se quiere hablar, es de no estar de acuerdo con lo que está o se propone.

            Al aplicar a cualquiera de esas expresiones o respuestas, la acepción que mejor convenga a quien las emite, es evidente que, si se estuviera de buena fe, se debería de entender que se parte de un principio y aun cuando se pudiera creer mínimo, de que también lo que se busca es un resultado de consenso, que como se conoce, trata del cuerdo o conformidad en algo y por parte de todas las personas que pertenecen a una colectividad.

            Sin embargo, en el lenguaje político dominicano y particularmente en el de esa oposición que esta nación se gasta y la que hasta ahora ha tenido que sufrir, lo que se busca, es aplastar al oponente, ridiculizarlo si es posible y en definitiva, humillarle a más no poder con todo tipo de pretextos y solo para que quede únicamente una oposición irracional y cerrada propia de individuos emocionalmente atrasados mentales y quienes por sus propias debilidades culturales y formativas, no son capaces de llegar a acuerdos mínimos y por los que se pudiera decir que la clase política criolla ha aprendido de sus errores y desvaríos y quisiera articular una propuesta unificadora y que haya que suponer que todos los involucrados tienen a bien practicar un mínimo de sana gobernabilidad.

            Lamentablemente no es así. Pues en la actualidad. Los que perdieron humillantemente los comicios del pasado 15 de mayo, a jura de Dios y prevalidos de ese temerario y desquiciado apoyo mediático formulado por sectores pudientes que no quieren que esta nación se les salga de dominio, continúan empeñados en tratar de desacreditar todo tipo de propuesta que se pudiera entender salvable y en razón de ello, para un hecho tan sencillo como sería el ponerse de acuerdo respecto a quienes deberían de ser los nuevos miembros de la Junta Centra Electoral, toda esa oposición insiste -es lo que se ve- en una serie de posturas imprácticas como irrealizables y con lo que en cierto sentido, provoca que mucha gente se dé cuenta, de que sus miembros son incapaces e incompetentes para desempeñar y vivir dentro de la mínima civilidad.

            Con tales actitudes, es pues imposible llegar  acuerdos mínimos entre los partidos de esa oposición y el partido del gobierno y aliados y mucho menos, cuando los agentes opositores, parecería que  lo único que aspiran es que el sector político que ganó los comicios y reteniendo no solo el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo, cada uno abandone sus prerrogativas constitucionales y ceda a quienes no fueron capaces de ganarse la confianza pública, que fueran ellos los que tuvieran la última palabra en determinadas escogencias y como son las pendientes en la JCE, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional.

            Como es lógico, no es posible semejante petitorio y por la alta carga de inconstitucionalidad que el mismo contiene y que hasta ahora ha sido la constante tan inquietante que los agentes de esa oposición quisieran que a hacha y machete el partido oficial aceptara así no más y que de hacerlo, estaría traicionando el aluvión de votos mayoritarios que sus candidatos recibieran en los comicios pasados.

            En este sentido, muchos entendemos que nadie está obligado a lo imposible y menos, cuando el ordenamiento constitucional le ordena a los políticos que ejercen las funciones públicas de senadores y diputados e igual la presidencia de la República, que por sus propias calidades ellos tienen una obligación única e irrenunciable con la nación y en segundo grado con su partido y en consecuencia y cumpliéndose los plazos constitucionales, se ha llegado al tiempo, de que ya es hora de la selección, escogencia y aprobación de los nuevos titulares ante las instancias administrativas más altas y decisivas del Estado.

            Todavía más, porque algún ciudadano de los posibles designados, hubiese tenido algún tipo de relación con el PLD, el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez o el oficialismo en sí, en modo alguno esto quiere decir que se pudiera objetar sus posibles designaciones y menos, cuando la universalidad de los dominicanos y de una u otra manera, tienen relación directa o dependen de alguna que otra decisión administrativa gubernamental.

            Por lo tanto y no siendo el caso, ya que la vida de relación enseña que tener relaciones con quienes gobiernan en modo alguno ello pudiera ser calificado de pecaminoso o de ilícito y que por lo visto es lo que los partidos del llamado “Bloque Opositor” quisieran hacer entender, siendo ellos de los más beneficiados directamente por decisiones de Estado que tienen que ver con el mismo Poder Ejecutivo y desde el momento que este decide e influye en los montos de dineros públicos que deberán otorgarse como financiamiento legal para cada uno de esos partidos opositores y lo que quiere decir, que si no está viciada la decisión económica que les beneficia, menos se puede hablar de vicio alguno, porque el Senado de la República y sus miembros cumpliendo con sus atribuciones constitucionales, formule las escogencias de lugar y a lo inmediato, en lo que se refiere a miembros de la Junta Central Electoral.

            Pero hay algo más que desnuda la hipocresía y maldad de los llamados dirigentes del “Bloque Opositor”, que todos y de una u otra forma han sido poder gubernamental en los últimos veinte años y junto al PLD y por lo tanto, que todos han manejado presupuestos públicos en base a dineros de los contribuyentes, que si sus actuaciones de administración se examinaran juiciosamente, fácil que podrán encontrase vicios de forma y de fondo por parte de cada uno de ellos como funcionarios públicos y por lo que con seguridad deberían ser confrontados por corrupción ante los tribunales de la República.

            Entonces, lo que los dominicanos estamos observando, es la especie de sainete hipócrita y de mal gusto que esa oposición continúa presentando y en esa manera tan suya de atropellamiento e irrespeto hacia los demás. Para empezar, sí existe un documento escrito por medio del cual, tanto el PRM como el llamado “Bloque Opositor” presentaron un listado de 15 candidatos para la JCE y del cual, la comisión senatorial a cargo de la selección, escogió a dos y lo que afirmó tajantemente la presidencia del Senado de la República. Aun así, esa oposición dice y de mentirosa, que ella no presentó ni envió ningún listado. También todos esos políticos y posiblemente con la excepción del PRSD, cuyos altos dirigentes se sumaron al llamado “Bloque Opositor” muy recientemente, todos han participado en múltiples reuniones de aposento y procurando que el partido que ganó los comicios y junto a sus aliados, se abstuviera de tener decisión directa en determinadas escogencias y lo que moral y legalmente también le corresponde.

            Por eso, es imposible objetar, que, si llegara el caso, el mismo presidente de la República tuviera en sus manos un listado de postulantes escogidos por el PLD y en función de la política oficial, para nada se pudiera entender ilegal o pecaminoso y por la simple razón, que ello también se corresponde al derecho de administración que ejerce el jefe de Estado y de Gobierno. Lo que ocurre, es que cuando esa oposición dice que lo que busca con su accionar es que “los nuevos integrantes de la JCE sean personas imparciales y que no estén viciadas con el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD)” y en un mundo donde la imparcialidad como tal no existe, lo que en realidad esos individuos quisieran, es que ni el PLD y tampoco el Poder Ejecutivo y menos el Poder Legislativo, que mayoritariamente está en manos del partido de gobierno, ejerzan la función administrativa-constitucional, de escogencia de los ciudadanos, que de acuerdo a determinados perfiles, ya la comisión senatorial a cargo a pre escogido.

            En conclusión y como muchos otros ciudadanos y sectores, entendemos que ya este asunto no se le puede dar más largas y que definitivamente, en esta semana, la cámara alta debe proceder a cubrir los asientos en la JCE, donde también muchos entendemos que deben irse todos los que están y quienes después de más de cinco años continuos en sus poltronas, haciendo marrullas de todo tipo y para quedar bien con todos los partidos, tanto de oposición como de gobierno, han devenido en individuos no confiables para la generalidad de los componentes del país político como de la población.

            Y en consecuencia, al no creer en lo absoluto, las expresiones maliciosas de la oposición, en lo atinente a lo que esa gente entiende como “imparciales y no viciadas con el PLD” y cómo requisito único para ser miembro de la JCE, que definitivamente instemos al Senado de la República a cumplir con su función y determinar de una vez y por todas, la composición final de la JCE. [DAG. Domingo, 13 de noviembre de 2016. Año XIV. Número 5723  ]