El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Rafael Arias, informó este martes que coordina junto a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo buscar solución a la masiva cantidad de vehículos retenidos en el Centro de Retención Vehicular El Coco, mejor conocido como el canódromo.
“Ya estamos en conversación con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para ver de qué manera viabilizamos la salida de esos vehículos, que ya son chatarras”, indicó el funcionario al manifestar que cerca de 15 mil vehículos están retenidos en los centros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
Considera que la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana establece de forma clara que los vehículos retenidos que duren más de 90 días en centros de retención deben ser subastados.
De acuerdo con Arias, también solicitó la recomendación del Ministerio de Medio Ambiente.
Conductores reclaman entrega de sus motores en el canódromo
Lentitud y supuesta falta de atención por parte de las autoridades del canódromo, desató este martes un piquete a las afueras de sus instalaciones por parte de las personas que tienen sus vehículos retenidos.
Decenas de choferes vociferaban “queremos motores, tenemos familia”, en busca de una solución, debido a que aseguran tener hasta 15 días a la espera de sus vehículos.
“Tenemos hasta 15 días dando viajes para acá y no nos resuelven, siempre vienen con un cuento, ahora nos dicen que no serán entregados hasta el lunes, es un abuso”, así se expresó el señor José Luis García, quien asegura tener todos sus documentos al día, pero que aun así, no ve solución.
A pesar de estar desde tempranas horas de la mañana, los ciudadanos manifestaron que miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) pretenden entregarles sus motores el próximo lunes y que solo trabajarán para la entrega de vehículos de cuatro gomas.
Alegan que por motivo de la Semana Santa no les entregarán los motores, pese a que ya han pagado las multas requeridas y que cuentan con “sus papeles al día”.
Para el señor Pedro Pablo Almonte es un “abuso y una pena” tener que pasar un día entero sin saber si las autoridades le resolverán el problema, debido a que “ellos están a la espera de un coronel que ni sabe dónde está metido”.
“Eso está lleno de motores ahí, innecesariamente porque muchos tenemos los papeles y a la hora que ellos lo cogen ni siquiera te preguntan por ellos, solo te dice que lo suba y ya”, manifestó el señor Almonte.
Este lunes se presentó un incidente en el canódromo protagonizado por la coronel policial encargada del lugar y la que actuaba como una desequilibrada, durante el cual resultaron agredidos el defensor del Pueblo, Pueblo Pablo Ulloa, su secretario general y miembros de la prensa.
A través de una nota de prensa, la Digesett explicó y mintiendo, que el incidente se produjo porque “no hubo ningún tipo de notificación previa para la entrada de la comisión que encabezó el Defensor del Pueblo, tal y como lo establece el artículo 69-10 de la Constitución, que versa sobre el debido proceso”, cuando la realidad es que el funcionario no tiene que notificar ni anunciar previamente su presencia en una oficina pública.
Esta agresión provocó la destitución de la encargada del Canódromo, la coronel Ysabelita De los Santos Pérez, quien dirigió la turba de policiías agresores. En el cargo de De los Santos Pérez la institución designó de forma interina al teniente coronel de la Policía Nacional Hipólito Antonio Rijo Santana.
El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, calificó como una “vergüenza” la agresión por parte de miembros de la Dirección Nacional de Tránsito y Trans- porte Terrestre (Digesett) que se encontraban este lunes en el llamado “centro de retención vehicular del canódromo durante un operativo de inspección, luego de denuncias de irregularidades.
“Realmente es una vergüenza ver cómo la autoridad se desproporciona frente al ciudadano. Si eso es a un órgano constitucional y una ley que confiere la atribución de inspección a este órgano defensor del pueblo, qué será a un ciudadano dominicano normal y corriente”, se preguntó Ulloa, en declaraciones a la prensa luego del incidente.
Afirmó que la agresión fue constante por parte del equipo de seguridad que se encontraba en el canódromo y que ni siquiera permitieron que interactuara con la coronel De los Santos.
En horas de la tarde, Ulloa se reunió en el Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader, con quien trató la situación del canódromo.
Qué dice la Digesett
Ante los reclamos por parte de los conductores, autoridades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aseguran que estos motores serán entregados esta semana. Indica que el proceso de entrega se retrasó este martes debido al cambio de las autoridades.
Las denuncias recibidas
El defensor del Pueblo aseguró que le han llegado infinidad de denuncias y que por ello tomó la decisión de llevar a cabo la inspección. “Se habla de muchas cosas que, honestamente ya yo estoy pensándolas, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de maltrato de la propiedad privada, estamos hablando de incluso de tráfico de influencias para poder luego sacar un motor o un carro que ya se ha pagado la multa”, aseveró. Pablo Ulloa se presentó ante la Procuraduría General de la República tras querellase ante la Fiscalía del Distrito Nacional por las agresiones recibidas por parte de agentes del canódromo la mañana de este lunes. El funcionario dijo que su visita para la inspección había sido anunciada y la de sus miembros también. [Diario Libre-Ojo]