Durante años, el Poder Judicial ha sido dominado por la política partidaria y al extremo, de que, para todos los ciudadanos, prácticamente ha sido una costumbre aceptar, aunque a regañadientes, que la partidocracia por un lado y el empresariado por el otro, tengan bajo secuestro el sistema de justicia.
Todo comenzó con Balaguer, quien inició la degradación institucional, militarizando los tribunales con jueces provenientes del sector militar y todo, con el pretexto de la Guerra Fría y como respuesta a los múltiples asesinatos perpetrados por terroristas de izquierda y la mayoría, entre los mismos gatilleros pertenecientes a células políticas terroristas como el PACOREDO, el MPD y una nueva, de comunistas secuestradores de empresarios y diplomáticos.
A partir de ahí, la reacción de una parte de la clase media fue la de plantearse la opción de sicarios privados para enfrentar la delincuencia juvenil en los barrios de las ciudades o de muchos de estos, ofreciendo sus servicios a comerciantes para que estos cobraran deudas punitivamente.
La situación llegó a unos niveles tan preocupantes y sobre todo en el periodo de los doce años (1966-1978) que, por lo recurrente y paralelamente, se dio el fenómeno de medios de comunicación apoyando la carnicería y de acuerdo con sus intereses y resultando luego, que el periodo de estado de sitio no oficial dio como una especie de carta de presentación, a un sistema de justicia, que jamás pudo reencontrarse con su propia legalidad.
Es así que ya se ha hecho habitual, que los gobiernos y en esto se llevaron la palma los del PLD y ahora en el del PRM, la politización del estado de derecho y en función de la politización gradual del sistema de justicia, sirve para meter presos a los dirigentes políticos adversarios, a los periodistas “difamadores” y a la competencia de determinados empresarios y todos, aplaudiendo a rabiar que el gobierno de turno eleve aun a mayor, la persecución política del ministerio público y sin importar las leyes, códigos y hasta Carta Magna que pudieran ser violentados.
Hoy, del ministerio público central no se tiene confianza y todo el mundo e impotente, observa el comportamiento chocante de la actual procuradora general de la República, Miriam German Brito, la que a jacha y machete impone un quehacer interno represivo y autoritario, en tanto de cara al público deja que se fabriquen expedientes contra adversarios políticos del régimen y que ni por asomo, haya algún resquicio, mediante el cual los ciudadanos pudieran decir que se puede escapar hacia la legalidad.
Como contraste, la nación contempla el quehacer hasta ahora ajustado a Derecho de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional en las administraciones de los reputados jueces presidentes, Henry Molina y Milton Ray Guevara y brinda un tanto de reconocimiento a los tribunales: Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral y Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, sobre todo, viéndose la manera chabacana, despótica y negadora de derechos, de cómo actúan los demás tribunales de la República.
Al darse esta situación, de que los ciudadanos no tenemos una justicia regular realmente de criterio doctrinario y de práctica de derecho correcto, es innegable que la mayoría de las fuerzas vivas nacionales responden actuando de la única forma inequívoca de sobrevivir en semejante selva jurídica: Comprando sobornos a diestra y a la siniestra y comenzando por los niveles inferiores de la aplicación de justicia y el incremento de la delincuencia juvenil.
Por eso, la mayoría de los procesos investigativos que el ministerio público central lleva o ha llevado a término, se caracterizan por ese profundo sello de parcialización política determinada y el que se muestra indecentemente en el accionar de los individuos, quienes como fiscales anticorrupción e increíblemente, corrompen las investigaciones que realizan y provocando con ello, que cuando esos casos son llevados a juicio, allí, jueces de ambos sexos, maleados por la realidad política de un ministerio público pusilánime y corruptor, atropellan de manera sostenida y abusiva las garantías procesales que deben tener los enjuiciados o imputados o en otros casos, simplemente le rechazan a los fiscales sus argumentos y para gran escándalo público, descargar a funcionarios o exfuncionarios civiles y militares y políticos implicados en grandes casos de corrupción.
Precisamente, sobre este particular, ayer, el reputado dirigente político y exfiscal en el Distrito Nacional, Guillermo Moreno, publicó un enjundioso articulo: “Qué vergüenza, un sistema de justicia cómplice de corruptos”, que publicamos y en el que retrata fielmente la situación actual de una justicia y la que realmente ya no es confiable casi a nadie.
Para colmos, a todo esto y en el partido de gobierno, se aspira a una modificación constitucional con el supuesto “de hacer independiente al ministerio público” y que una gran mayoría rechaza y precisamente por el mal que criticamos, que la partidocracia ha prostituido en gran parte el accionar de la función judicial y de lo que en líneas generales, entendemos que no debe ser la situación que en estos momentos debería tratarse, cuando lo primero, es adecentar institucionalmente a la PGR y a todo el ministerio público y comenzando por sacar del Poder Judicial, que muchas de sus decisiones se tomen desde la óptica de la política gubernamental o partidaria.
Lo ideal debería ser, que tanto quien esté al frente de la PGR y del resto del ministerio público, sus cabezas sean nombradas en base a elección popular directa y en periodos escalonados de años que no coincidan con el periodo regular de término del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo y el Municipal y como último recurso, para ver si se logra que el Poder Judicial sea realmente independiente y teniendo manejo propio de su presupuesto, que debería estar fijado por el Legislativo.
Consecuentemente, consideramos, que hasta tanto esto no se consiga, las voces más independientes dentro del periodismo y las redes sociales, deberemos insistir y hasta el cansancio, en cuanto a que las decisiones políticas sean sacadas de las sentencias y otras decisiones de los tribunales como del ministerio público y hasta que los ciudadanos podamos sentirnos, que realmente se vive dentro de un estado legal y legítimo de derecho y del que en la actualidad carecemos.
Frente a tal situación tan irregular es que planteamos: La gran falla: El sistema de justicia a nivel de la Procuraduría General de la República (PGR) y el ministerio público, es evidente que está al servicio de la política y tanto de gobierno como de oposición. (DAG)
