miércoles, mayo 18, 2022
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La interacción colaborativa del asociacionismo judicial

Entre las naciones interamericanas, la República Dominicano había quedado rezagada en la esfera del asociacionismo judicial, debido a la propensión inmanente en todo colectivo humano de mostrarse resistente a las tendencias propiciatorias de cambios cualitativos, aunque la renuencia de mayor impacto suele enquistarse en la cúspide del poder, pero pese a los presagios de mal agüero, aun cuando fue necesario nadar contracorriente, se hizo mimesis del trabucazo histórico para dejar constituida en abril de 2011 la primera asociación de jueces en nuestro país, tras haberse emulado el ejemplo de otros pueblos ínsitos en la misma latitud regional.

De hecho, en fecha primero de abril de 2011 hizo aparición institucional la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo), cuando un grupo significativo de la judicatura acogió la propuesta de la entonces magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez de constituirnos como tal, en tanto que este paso trascendental dio pábulo a que otros integrantes del Poder Judicial emularan el ejemplo sentado en esa memorable ocasión, conformando tras de sí varias entidades propias del gregarismo organizacional, lo cual ha permitido la participación pluralista de semejante conglomerado de la justicia letrada.

Al cabo de once años de existencia institucional, el asociacionismo judicial, a través de Judemo, ha tenido que llenar en gran medida el vacío de la vocería de la justicia, por cuanto ha colaborado con la portavocía oficial de la judicatura, ya mediante instrumentación y difusión de un inmenso cúmulo de comunicados de prensa o realizando interacciones mediáticas en programas radiales o televisivos, a fin de reivindicar la función orgánica y teleológica del Poder Judicial, cuando se ha pretendido deslegitimar o erosionar la imagen pública de esta rama especializada del Estado.

Aparte de Judemo, existen en el país otras entidades gregarias ínsitas en la justicia letrada, tales como la Red Nacional de Jueces y la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd), así como la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (Asodojupa) lo cual en principio fue objeto de crítica, por cuanto denota escisión en el colectivo de la magistratura judicial, pero en democracia cabe verse como un rasgo característico del pluralismo ideológico inserto en este conglomerado de servidores profesionales, situación que también ocurre en la mayoría de las naciones civilizadas, cuyo sistema jurídico queda inscripto dentro de los parámetros de la familia romano-germánica.

A mayor abundamiento, nada impide decir ahora que el asociacionismo judicial de origen vernáculo ha obtenido anclaje global, a través de Judemo que a su vez ostenta membresía de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), por cuya razón la República Dominicana ha sido sede de varios eventos regionales y continentales circunscriptos en esta materia, pero además la judicatura criolla ha sido receptora en diversas ocasiones de respaldo, apoyo y solidaridad de tales instituciones gregarias de jueces hermanos.

Entre nosotros, el asociacionismo judicial halla cobertura jurídica en el artículo 47 de la Constitución de la República, donde consta semejante prerrogativa general, siempre que sea con fines lícitos, pero en sentido particular este derecho libertario les permite a los jueces defender la independencia de la judicatura, garantizar la representatividad y horizontalidad en el ejercicio del poder, por cuanto hay cabida para participar y ser consultado en los asuntos concernientes a dicho colectivo profesional, lo cual implica la democratización prohijada en la administración del sistema de justicia.

A través del asociacionismo judicial, la judicatura no sólo habla por sentencia, sino que también existe una vocería colectiva que suele unirse en colaboración con la portavocía oficial y el Consejo del Poder Judicial para planificar, ejecutar y evaluar acciones reivindicatorias de la dignidad de los jueces, tal como ha ocurrido con la puesta en marcha del escalafón judicial y el manual de compensación salarial, entre otras medidas de políticas públicas.

En resumidas cuentas, cabe concluir diciendo que en todo ser humano subyace el instinto gregario, por lo que al darse semejante emulación de trabucazo histórico, ocurrido en fecha primero de abril de 2011, vino a cobrar vigencia la frase paremiológica de que la unión hace la fuerza, máxime cuando constituye una obviedad que entre nosotros el asociacionismo judicial ha propiciado sinergia para que la justicia sea tuitiva de derechos, por cuanto así reivindica la pacificación social, función esencial de la judicatura. Por: Daniel Nolasco [El Caribe]

 

 

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