El desconcertante nivel autoritario que los partidos políticos están imponiendo a sus miembros y en particular a quienes hayan sido electos en cargos municipales en elecciones nacionales, ha llegado al extremo, de que abiertamente sus directivos amenazan “por cometer desobediencia”, a los alcaldes y regidores que libremente tomen su decisión en base a su libre albedrío y tal como la Constitución de la República autoriza.
La situación es tal, que por un lado, los dirigentes nacionales partidarios se le imponen al tribunal electoral de primera instancia, el pleno de la Junta Central Electoral, obligándole a aceptar que las elecciones del año que viene deberán realizarse en base al conteo manual y para nada transparente, que de suyo afecta la libertad de escogencia de los electores y por lo que recién, la JCE a emitido una resolución al efecto, que desde ahora hace ver que las elecciones venideras de libres y transparentes no tendrán absolutamente nada.
De hecho, el juicioso argumento del PLD, respecto y expresado por su delegado ante la JCE, Danilo Díaz y en cuanto a que lamenta que ese organismo haya desestimado la propuesta de esta organización política “para que los escáneres que se utilicen no solo transmitan, que es lo planteado por la Junta, sino que cuenten las boletas, impriman el acta y al mismo tiempo transmitan los resultados”, es la demostración más palpable de hasta que extremos ha llegado la sinrazón de la partidocracia.
Es decir, la partidocracia exige a los funcionarios partidarios electos en cargos municipales, que todos ellos deben decidir de acuerdo con las disposiciones administrativas que los partidos les ordenen y no de acuerdo con la Carta Magna, que dispone el libre albedrío y libertad de escogencia y con miras de favorecer el interés común de los electores y al mismo tiempo traza pautas antidemocráticas a la manera de como deberán ser presentados los resultados eleccionarios.
Se está pues, llegando a unos limites que desbordan todo ejercicio democrático de los ciudadanos y de estos como miembros o dirigentes de algún partido o como funcionarios municipales elegidos libremente y lo que significa y tal como puntualizamos el pasado lunes 24 en la sección “El País Político”, que es “un retroceso para favorecer el voto cautivo de la partidocracia y aumentar la abstención. Junta Central Electoral da paso al voto y escrutinio manuales. PRM emite velada amenaza” y que por el silencio de los mass media y fuerzas vivas y sociedad civil, parecería que se está en la coyuntura, de que los resultados de las próximas elecciones no serán para nada la legitima representación de la voluntad popular.
Para colmos, el partido del gobierno y via su delegado ante la JCE, Sigmund Freund, fue radical al plantear y como amenaza sibilina, que “hay un aspecto en el que nos opusimos, de que por cada colegio electoral debía haber un equipo de alta tecnología, pero habrá que ver cómo la Junta podrá adquirir cada equipo por cada colegio con su presupuesto porque no se le debe cargar al Gobierno. Esperamos que la Junta vea cómo financieramente va a solucionar esa situación", dijo
Freund y abrogándose un criterio que no le corresponde, pero que evidencia la irracionalidad del oficialismo, olvidó que la JCE tiene su propio presupuesto y que, si algún déficit hubiere, sería el gobierno central el que tiene que cubrirlo y como siempre ha sucedido a lo largo de los años.
Ayer, el planteamiento del PRM fue más radical si cabe, al plantear el primer subsecretario general nacional y secretario de asuntos municipales de ese partido, Kelvin Cruz y con una prepotencia inaudita, que en razón de que alcaldes y regidores decidieron contrario a la decisión tomada por el partido, “ haré un levantamiento en los 158 municipios y los 235 distritos municipales del país para determinar el comportamiento de los alcaldes y regidores oficialistas con respecto al cumplimiento del acuerdo interno”.
Lo que Cruz está planteando, es que el PRM hará una purga entre los funcionarios municipales electos y que presentará “un informe a la dirección de la entidad política sobre las posibles sanciones por imponer a los alcaldes, alcaldesas, regidores y regidoras que no acataron la disposición de respetar el tradicional pacto de 2006. Lo propio se hará en el caso de los directores de juntas de distritos municipales y los vocales de esas demarcaciones”.
El PRM y en sus tiempos que se le conocía como el PRD de cuando la Guerra Fría, había elaborado un dispositivo, por medio del cual y para toda elección interna, debía primar una escogencia acomodada a los intereses de los grupos internos y lo que ahora no fue acatado.
Se recuerda, que “el acuerdo consiste en escoger como presidente y vicepresidente del consejo directivo de regidores a aquellos que sean del partido al que pertenece el alcalde del ayuntamiento o máximo representante local” y como puntualizó un rotativo matutino.
Por sus palabras, lo que se entiende, es que la dirigencia nacional del PRM no quiere candidatos disidentes a la posición oficial partidaria y lo que es un grosero contrasentido y en un partido que se ufana de actuar democráticamente.
Entonces, lo que se tiene, es una abierta como tendenciosa actitud partidaria que conspira contra la viabilidad de la libre escogencia y lo que por más que se quiera justificar, no se corresponde a una formación política en la que el libre disentimiento de sus miembros se determina por medio de elecciones internas en las que la mayoría se le impone a la minoría.
Ahora, es evidente que el PRM quiere imponer una aplanadora a sus propios miembros y con el pretexto de que sus autoridades municipales violentaron el espíritu de un atrasado acuerdo partidario que en el 2006 se dio en condiciones específicas y debido a que el liderato nacional del partido no pudo imponérsele a la militancia.
En esta oportunidad, parecería que se repite la historia y sin importar que han pasado 17 años de aquel acuerdo ya obsoleto y el que nunca fue de conducción democrática y sí de dirección autoritaria de su entonces líder nacional. Se evidencia pues, que el PRM no es una colectividad auténticamente democrática y sí una en la que los señalamientos de a dedo continúan siendo su norma de dirección y que en un partido que tiene a la puerta una probable reelección presidencial constitucional y que es el del gobierno, sin duda que es un grave peligro de cara a su propia institucionalidad.
Mientras tanto, se hace público, que la partidocracia ha llegado al nivel de establecer una dictadura interna para cada partido y por lo que ahora se persigue a los dirigentes municipales que no acaten sus disposiciones administrativas inconstitucionales y que de cara a las elecciones de mayo 2024 sería un retroceso absoluto. La ciudadanía debe de estar atenta y si no quiere perder sus fueros cívicos y políticos. (DAG) 27.04.2023
