Lo mejor que puede ocurrir, es que los jueces y tribunales dominicanos. Alentados por la actitud independiente de sus iguales en España, Brasil, Perú y Colombia, pongan freno a los excesos de la partidocracia y ajusten a derecho, a los partidos y para preservar la libertad de escogencia de los ciudadanos y el respeto a sus decisiones.

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Desde que el mes pasado, el Tribunal Superior Electoral (TSE) llamó la atención de la directiva del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y en el sentido de anularle su pasada convención de diciembre y decidir, que a sesenta días luego deberán efectuar unas nuevas elecciones internas para elegir sus nuevos cuadros directivos y luego, repitiéndose la decisión dos semanas después, con la directiva del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y por los mismos motivos y circunstancias. Por primera vez, muchos dentro del país político, hemos visto las primeras señales de un órgano judicial competente, pretendiendo trazar los limites y calidades de los actores políticos y frente a las decisiones del tribunal de referencia.

            Lo sorpresivo de la determinación del pleno del TSE, es de una trascendencia extraordinaria y desde el momento, que si se repasan las actuaciones de los jueces electorales en sus diversos niveles de acción y ejecución, nunca y desde el 1966, ningún tribunal de este país había mostrado la intención de ser más que un fiscalizador de terceros y sí el de ejercer el papel de amable componedor que la ley le confiere y por medio del cual y en el caso de los actores políticos, estos no deben creerse y como por lo visto es lo que ha estado ocurriendo, que en algún momento, políticos y partidos podrían torcerle la voluntad a los jueces electorales y con la simple amenaza, de que mediante los senadores y diputados suyos, perfectamente, que ellos podrían lograr que el Poder Legislativo aplastara todo tipo de disidencia judicial contra el extraño como desusado usufructo del poder de la ley, que evidentemente, los políticos hasta ahora habían creído que detentaban.

            Las decisiones tomadas por el TSE tienen entonces una trascendencia institucional extraordinaria y de tal matiz, que por las reacciones destempladas, groseras y mal educadas de los presidentes de ambos partidos, los señores, Miguel Vargas Maldonado y Federico Antún Batlle, parecería, que en su reacciones tan enconadas y ciertamente de rebeldía apenas disimulada, que dentro de poco la nación podría encontrarse con la sorpresa, de que la Cámara de Diputados pudiera constituirse en tribunal ad hoc para elevar una instancia de reconducción ante el senado de la República y a modo de plantear una especie de juicio político a los miembros del TSE, cuando lo real es, que los jueces de ese tribunal, por ningún lado han violado ley alguna y menos la electoral, al momento de tomar las decisiones ya conocidas. 

            Todavía más, con el anuncio de esos políticos, de que elevarían un recurso de reconsideración o de interpretación constitucional ante el Tribunal Constitucional y en obvia pretensión, de que el TC falle en contra de las decisiones tomadas por el TSE, lo primero que habría que decir y frente a semejante pedido tan insensato, que lo menos que el TC debería de hacer, es declarar irrisible el recurso que los presidentes del PRD y del PRSC y sea juntos o por separado, pudieran presentarle y en obvia intención,  de pretender que el TC estuviese facultado para actitud y decisión semejante y menos, cuando al leerse las dos sentencias del TSE, es evidente, que ambas, son una muestra interesante y docta del bien decir y bien hacer y al momento que el pleno de ese tribunal de segunda instancia electoral, decidiera asumir las medidas reconvencionales ya conocidas.

            Pero supongamos, que independientemente de tratar de recurrir tan equivocadamente ante el TC, los presidentes de ambos partidos, descalificados en la practica por haber ejercido acciones confusas, difusas y oportunistas que rozaban lo fraudulento y para erigirse como presidentes y al mismo tiempo, sus respectivos grupos de apoyo, copando los demás cargos directivos a nival nacional de las dos banderías, a algunos de ellos se les ocurriese ir en aras de tratar de provocar una especie de acción contumaz contra el TSE, presentando algún tipo de recurso a la desesperada al pleno de la Suprema Corte de Justicia y que de suceder, sería también y no solo lo más parecido a un intento por toda la regla para tratar de  desconocer, los fueros, derechos y calidades de los señores jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), sino que se abriría un debate político-jurídico-institucional muy interesante y el suficiente, como para que la parte más preparada de la atrapada opinión pública, pudiera y desde todos los mass media y recursos, incoar y jurídicamente hablando, un gran debate nacional y para analizar pormenorizadamente, hasta donde un partido político puede creerse con mayores calidades y competencias que un tribunal de justicia calificado.

            Pues lo que estamos observando, es que con las reacciones emocionalmente violentas, de Vargas y Antún y lo que también se observa, en cuanto a que estos dos dirigentes políticos, se han creído que como presidentes de los partidos que representan, que ellos pudieran y hasta debieran actuar al margen de la ley  y tomar determinadas providencias y sin importarles chocar con el estado de derecho que es regido por la Constitución de la República y la que con solo determinar la separación de los tres poderes del Estado y sus respectivas áreas de influencia e independencia de decisión, automáticamente, no da espacio alguno para que absolutamente nadie en este país, que pudiera entenderse perjudicado por la decisión de un tribunal, tendría derecho a alzarse contra las leyes y eventualmente contra la misma Constitución de la República.

           De todas maneras, las reacciones de estos políticos, Vargas y Antún y sus partidos, confirman de una manera dura y explicita, que realmente, los políticos de este país y en gran mayoría, de tan insolentemente impunes de cómo han actuado en los últimos 52 años, han terminado por entender que todo les está permitido y lo suficiente, hasta para suponer, que los cuatro grandes partidos políticos y los otros 23 de alquiler electoral que les acompañan y que les han servido de condones todo el tiempo, pueden actuar como un supra poder institucional, como especie de cartel partidocrático, que ejerce una tutela tiránica contra el ejercicio de las libertades públicas y los fueros y derechos ciudadanos.

            Y siendo esto así, los ciudadanos debemos de aplaudir, que haya ocurrido, que el pleno del TSE se hubiese decidido por fijar los parámetros legales desde los cuales los partidos políticos, sus dirigentes y miembros deben y pueden actuar y por lo que se está viendo, rescatando su propia libertad de acción ejecutiva, administrativa y procesal y con la evidente como saludable intención, de que definitivamente, los dominicanos y como ciudadanos electores, sientan y descubran y confíen, que los tribunales a cargo de los procesos electorales, implementación y dilucidación (al menos el TSE y porque la Junta Central Electoral todavía se muestra extremadamente sumisa a la clase gobernante) van a actuar de ahora en adelante, como los fieles garantistas de los derechos que protegen a todos los ciudadanos y en específico, a velar porque la facultad de elegir y de ser elegido no puedan ser menoscabadas por los intereses partidarios más extremos como viles.

            Desde ese punto de vista, en POR EL OJO DE LA CERRADURA, entendemos que debemos llamar la atención de todos quienes nos hacen el honor de atender estos análisis diarios y en el sentido, de que comprendan, asuman y defiendan, el paso de independencia procesal e institucional que los honorables jueces del TSE han efectuado y como la mejor garantía, de que para los comicios de febrero-mayo de 2020, como nunca antes la libertad e independencia de cada votante, será celosamente cuidada y protegida.

            Por supuesto, ser político y ser parte del infierno es lo mismo y mucho más, si se está respaldado por el gobierno de turno o como decíamos el pasado martes, por los millonarios barones mediáticos, quienes desde antes de 1962, han entendido que sus medios de comunicación y de información de masas, deben ser utilizados como sus armas de reglamentos para imponérsele a todo el mundo, encerrar en un cepo a la atrapada opinión pública, prostituir y manejar y controlar a los partidos políticos, decidir quiénes pueden o no ser candidatos electorales a todos los cargos de elección y lo más grave, constituirse en los nichos de capataces infames, que con el poder de sus dineros y el de ser dueños de los medios de producción, han logrado dividir a los dominicanos entre esclavos económicos y los otros, quienes por un cargo de elección o de trabajo, según sean sus circunstancias, deben corromperse y llegándose al límite de lo más asqueante. De que todos se consideren y actúen, como colchonetas de sexo obligado a favor de quienes se entienden tan equivocadamente, como los dueños de la República; los que quitan y ponen gobiernos, los que difaman y estigmatizan a la menor molestia y quienes también, aunque no todos, matan a quien les afecte sus intereses y sabiendo que no hay gobierno ni leyes que pudieran echarle manos.

            Todo lo anterior y más, es el amplio abanico de opciones a desterrar o de otras a preservar, que se encierra en las dos sentencias del TSE contra los presidentes y directivos de los partidos PRD y PRSC y quienes a partir de ahora y no solo ellos, sino todos los miembros de la partidocracia y comenzando por el partido de gobierno, ya deberían estar haciendo conciencia, de que el TSE no está ni a favor ni en contra de ellos y solo sí del país y de sus ciudadanos.

            De ahí que digamos, que lo mejor que puede ocurrir, es que los jueces y tribunales dominicanos. Alentados por la actitud independiente de sus iguales en España, Brasil, Perú y Colombia, pongan freno a los excesos de la partidocracia y ajusten a derecho, a los partidos y para preservar la libertad de escogencia de los ciudadanos y el respeto a sus decisiones. Con Dios. [DAG. Jueves, 12 de abril de 2018. Año XVI. Número 6,236]