Con la autoridad moral que no otorga que fuimos de las primeras voces que reclamó del gobierno del presidente Luis Abinader, que tratara de disminuir las deportaciones de haitianos ilegales y en razón de la situación de ingobernabilidad real que se está dando en el país transfronterizo, queremos advertir sobre lo conveniente de insistir sobre este particular, pero sin desconocer el derecho absoluto que a nuestro estado soberano le asiste de deportar a cuanto extranjero entienda que no se ajusta a nuestro ordenamiento legal.
En este plano y como también lo hemos hecho conocer, rechazamos absolutamente las pretensiones de burócratas en organismos internacionales, de pretender trazarle pautas a nuestra nación y respecto a como debe ser el trato en cuanto a la parte de la población inmigrante que esté ilegal y en razón de ello, aplaudimos y respaldamos y como así está testimoniado en anteriores análisis político de Estado, que el presidente Abinader le asiste el derecho de ordenar deportaciones masivas de indocumentados y de acuerdo al legítimo interés nacional de salvaguardar nuestra propia seguridad.
Ahora bien, sí creemos correcto, que por un espíritu cristiano y de hermandad, esta nación y su gobierno, debería motorizar un replanteamiento de las deportaciones, por lo menos para los próximos tres meses y de respeto por parte de las autoridades actuantes con relación a los haitianos con documentación legal como inmigrantes o estudiantes universitarios, pues realmente, las autoridades de la dirección de Migración están cometiendo groseros abusos que no se pueden tolerar y como son esos de separar padre de hijos legales y deportarlos sumariamente.
Si vamos a ser francos, también hay que exigirle a la autoridad militar destacada en la Frontera, que deje de mantener el negocio clandestino de la trata de indocumentados, por los que cobra altas sumas de dineros a repartir entre los mandos superiores y que es una canallada que no tiene punto de comparación.
Es decir, en el Gobierno debe existir una actitud correcta y humanitaria y siempre legal para tratar todo lo concerniente a la población flotante haitiana y la que constituye en el noventa por ciento de los casos, la mano de obra básica en la agroindustria, los campos de caña de azúcar, la construcción, el turismo, la industria y las labores domésticas, etc.
Recalcamos, es necesario efectuar un compás de espera en lo relativo a las deportaciones masivas, por los meses desde este noviembre a marzo del año que viene y sin importar lo que en la ONU o en cualquier otro organismo internacional se quiera decir al respecto y sin que tampoco haya que prestar atención a todas esas oenegés internacionales que saquearon a Haití a resultas del terremoto de 2010, en cuyas manos desaparecieron cerca de 5 mil millones de dólares de toda la ayuda internacional no dominicana que llegara, en tanto la única ayuda internacional que no fue a parar a manos extrañas fue la que tanto el gobierno como el pueblo dominicano dio directamente y por más de 500 millones de dólares e incluida las facilidad de habilitar el aeropuerto de Barahona como el puerto de Manzanillo para toda la ayuda internacional que fuera a Haití.
Sobre este particular, hay que recordar y por eso no criticamos a las veinte y tantas organizaciones dominicanas que critican y piden que se paren las deportaciones, porque al igual como el pueblo dominicano y no el gobierno trujillista de la época, hablamos del 1937, se volcó salvando a no menos de 15 mil haitianos entre hombres, mujeres y niños, de la bárbara persecución desatada por la burguesía dominicana anti haitiana y que provocara las muertes de no más 3 mil haitianos, en tanto los salvados fueron sacados clandestinamente hasta cruzar la frontera, así mismo entendemos que ese mismo espíritu humanitario y de concordia la nación dominicana como un todo debe favorecer a los haitianos indocumentados en nuestra nación y lo que se refleja en el pedido de las organizaciones dominicanas.
También comprendemos la molestia que el presidente de la República tuvo y al conocer el abusivo, desconsiderado e injusto reclamo, que no ata a esta nación, emitido por el alto cargo que tiene que ver con los Derechos Humanos en el mundo y quien de atrevido, consideró que podía trazarle pautas a este país y también a su gobierno y no obstante, que de acuerdo al uso diplomático internacional, en su opinión, aquel se extralimitó y por improcedente y de la que debería de abstenerse por resultar excesiva y fuera de lugar.
Hablando en criollo, Abinader cogió pique o se enculilló por lo dicho por el burócrata a cargo de la división de Derechos Humanos en la ONU, Volker Türk. Pero, disminuida la tensión y la emoción bajo control, consideramos que el presidente haría bien en evaluar su decisión original y ponderar y para que no se nos vea como una nación que quisiera destruir al pueblo haitiano y que es el abusivo meta mensaje al que se sustrae el inapropiado comunicado de las organizaciones internacionales, como ONGs, que siempre se han beneficiado de las carencias del pueblo haitiano y las que de forma oportunista, mostraron su apoyo al desagrado y molestia de las organizaciones dominicanas pró derechos humanos.
Sin embargo, hay que puntualizar, que no es cierto y como dijeran esa veintena de organizaciones dominicanas, que el actual proceso de deportaciones a gran escala, “puede convertirse en una campaña de limpieza étnica” y lo que rotundamente no es cierto y por una sola razón, estamos hablando de dos pueblos negros y mulatos básicamente, que, pese a todo, conviven dentro de sus fronteras y quienes tienen más de dos millones de miembros de familias binacionales en sus respectivos territorios.
Las deportaciones, es un derecho inalienable de cada Estado soberano y las que en mayor o menor medida son practicadas por los 185 estados miembros de la ONU, por eso, al burócrata Türk no le asiste la razón en querer ser selectivo y volcar acusaciones infundadas solo contra República Dominicana y mucho menos, cuando otros Estados, en esta parte del mundo y en Europa, se muestran tan poco humanitarios y sí abusivos en las deportaciones que practican, que ni por asomo son iguales a las dominicanas.
Concluyendo, solo hay que agregar, que mientras en Haití el Estado no funciona, en República Dominicana, su Estado sí que actúa y siempre esta vigilante y se le respeta o se hace respetar. Esa es la gran diferencia del porqué de las deportaciones masivas. (DAG)
