NACIONALES. 23 de febrero de 2016.

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TC excluye a JCE del régimen de Contrataciones Públicas.

El Tribunal Constitucional estableció que no son aplicables a la Junta Central Electoral (JCE), ni a los demás órganos y entes de rango constitucional con autonomía reforzada, las disposiciones de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones que otorgan facultad de reglamentación, supervisión y control administrativo a la Dirección General de Contrataciones Públicas.El TC acogió una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la sociedad comercial Copy Solutions International, S. R. L., contra los artículos 36, 38, 67, 71, 72 y 75 de la Ley número 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 18 de agosto del año 2006, la cual fue modificada por la Ley número 449-06, del 6 de diciembre del 2006.

La sociedad sometió la acción el 4 de abril de 2014, con el propósito de que el TC emitiera una sentencia interpretativa y declarara esos seis artículos de la ley 340-06 inaplicables a la JCE y los demás órganos con autonomía constitucional.“ACOGER, en cuanto al fondo, la presente acción descrita en el ordinal anterior, y, en consecuencia, DECLARAR que las disposiciones contenidas en los artículos 36, 38, 67, 71, 72 y 75 de la citada Ley núm. 340-06, para que sean conformes a la Constitución en su Art. 212, deben interpretarse en la medida que no resulten aplicables a la Junta Central Electoral, ni a los demás órganos y entes de rango constitucional con autonomía reforzada, en lo que respecta al ejercicio de facultades de reglamentación, instrucción, supervisión y control administrativo por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas”, estableció el TC mediante sentencia, cuyo dispositivo publicó en el comunicado número 10/16 de fecha 19 de febrero de 2016. El artículo 212 que cita el TC en su dispositivo confiere personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera a la JCE.

Los artículos que el TC declara que no son aplicables a la JCE ni a otros órganos constitucionales tratan sobre el poder de reglamentación, supervisión y control administrativo que la ley concede a la Dirección General de Contrataciones Públicas frente a los organismos públicos. El artículo 36 de la ley 340- 06 contempla las funciones básicas de la Dirección de Contrataciones, como las de establecer las políticas de compras y contrataciones de bienes y servicios y evaluar su aplicación, en el marco de la política presupuestaria diseñar e implantar el catálogo de bienes y servicios de uso común para los organismos comprendidos por la ley. [Listín Diario]

Fallo del TC mantiene vigente la prisión por delito de difamación 

La versión adelantada por el Tribunal Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 6132 interpuesta por varios directores de periódicos de la República Dominicana, mantiene intacto el régimen de prisión por delitos de prensa, contrario a lo que aparentemente han creído algunos sectores. Una lectura razonada del dispositivo revelado por el Tribunal Constitucional indica que solamente se despenaliza del régimen de prisión las ofensas contra determinados funcionarios, pero subsiste la prisión cuando el delito se fundamente cuando encierre ataque al honor o la consideración de la persona, funcionario público o no, lo mismo que a los representantes de gobiernos, organismos y jefes de gobierno de otras naciones.

Con ese propósito, el Tribunal Constitucional dejó vigente los artículos 32, 33, 39 y 40 de la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento. En efecto, la difamación contra los funcionarios públicos, prevista en el artículo 31, se rige asimismo por el artículo 32, que busca proteger la vida privada de los funcionarios.Pero como el Tribunal Constitucional al dejar subsistir el artículo 33, se mantiene la prisión, que va de quince días a seis meses y con multas, o con una de esas penas. Por eso, en los dispositivos que el Constitucional adelantó el pasado domingo, no hace alusión a los artículos 368 al 372 del Código Penal que establecen un régimen de prisión para los delitos de prensa.

El domingo, la Sociedad Dominicana de Diarios declaró que aguarda “la esperanza de que también sean declarados inconstitucionales los artículos 368, 369, 370, 371 y 372 por ser atentatorios a la libertad de expresión en el país, o que los mismos sean eliminados al conocer nuevamente el Código Penal en el Congreso Nacional”.De esa forma parece que el Tribunal Constitucional convino en eliminar el régimen de prisión cuando el delito de difamación esté relacionado con el desempeño de funciones públicas, más no si se considera que ataca la dignidad personal, sea funcionario o no la persona que objeto de la misma.

En cualquier caso, queda claro que todavía en República Dominicana la prisión puede “aguardar” a quienes sean condenados por difamación o injuria, prevista en la Ley 6132 y en el Código Penal.

Finjus
y FJT saludan fallo

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) apoyó ayer la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula artículos de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento que involucran sanciones penales. Servio Tulio Castaños Guzmán indicó que esta sentencia (que declara como inconstitucional los artículos 30, 31, 34, 37, 46, 47 y 48 de esa ley, que tiene más de 50 años) pone a la República Dominicana acorde con las convenciones internacionales. “En principio lo que ha hecho el TC es poner a la República Dominicana acorde con las convenciones internacionales y las decisiones de tribunales supranacionales”, expresó. Castaños Guzmán resaltó que aparte de la decisión del TC, hay otros puntos en la agenda y que quedan muchas cosas que deben ser revisadas, pero reiteró que hay que esperar a ver cuáles fueron las motivaciones que consideró el tribunal para emitir esa decisión.

De su lado, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini, calificó como un trascendente avance y un triunfo para la democracia dominicana el reciente fallo del TC, porque el mismo despenaliza la difamación e injuria y extirpa la anacrónica responsabilidad en cascada, que penalizaba también a los directores de medios por los escritos de los periodistas. Destacó que en el caso particular de los directores de medios de comunicación, esta sentencia viene a corregir el desconocimiento por décadas de un principio cardinal del Derecho, consagrado en el artículo 40 de la Constitución, cuando establece que nadie es penalmente responsable por el hecho de otro. 

Espera
que periodistas no se vean afectados

El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Olivo de León, dijo ayer que, aunque todavía no ha leído la sentencia del TC, espera que la misma vaya a fortalecer el ejercicio periodístico y no en perjuicio de los periodistas que salen a las calles a buscar las informaciones. “Si la decisión solo se limita a liberar de responsabilidad a los directores y ejecutivos de medio frente a difusión de informaciones trabajadas por los periodistas, si es así, si solo se limita a eso, entonces sería lamentable una decisión como esa”, puntualizó de León. [El Caribe]

La falta de una Ley de Partidos no exime a la Junta Central Electoral (JCE) de su responsabilidad de fiscalizar el tiempo y el gasto en la campaña, y garantizar el acceso equitativo a los medios de comunicación a las organizaciones políticas que compiten por el poder, afirmaron ayer tres reconocidos juristas dominicanos.

Servio Tulio Castaños Guzmán, Eduardo Jorge Prats y Cristóbal Rodríguez, afirmaron que en los artículos 211 y 212 de la Constitución hay una disposición expresa que faculta a la JCE no solo a organizar, dirigir y supervisar las elecciones, sino además, a reglamentar en los asuntos de su competencia. Sin embargo, Castaños Guzmán y Rodríguez difieren de Jorge Prats en que para reglamentar es necesario una reforma a la Ley Electoral número 275-97.

Los tres juristas fueron consultados sobre el tema en
entrevistas separadas.

Aquí no hay límites. Para Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), en la actual coyuntura electoral en el país “no hay límites ni un control de cuánto los partidos recaudan del sector privado y utilizan en la campaña”. En cuanto al principio de equidad, dijo que “solo hay que prender la radio o ver la televisión” para ver si se cumple con ese mandato de la Constitución. Afirmó que regular eso es atribución de la JCE, lo cual puede hacer mediante un reglamento “que en la actual coyuntura sería válido y eso no es inconstitucional.” Indicó que con la Constitución anterior la JCE no podía reglamentar porque la Carta Magna no la facultaba, “pero en esta ocasión es la Constitución la que la faculta”, subrayó.

Valora proyecto Olivares. Dijo que la Finjus comparte la propuesta de Reglamento de Propaganda Electoral de Control del Uso de los Bienes Públicos en la Campaña Electoral, presentada por Eddy Olivares y que el pleno de la JCE rechazó. En cambio, consideró una “apreciación” del presidente de la JCE, Roberto Rosario, afirmar que ese organismo tiene limitaciones para controlar el uso de los recursos del Estado en la campaña. “Eso es una cosa, y otra cosa es tú reglamentar tomando en cuenta ese aspecto y hacer un reglamento que pueda garantizar lo que la propia Constitución, como un derecho fundamental ella misma establece, y es que los procesos sean equitativos”, puntualizó.

La JCE no puede. Prats, de su lado, señaló que además de la Constitución, también en la propia Ley Electoral 275-97, artículo 6, se reconoce la potestad de la JCE para reglamentar lo relativo a la participación de los partidos en los medios de comunicación del Estado, el financiamiento público y la propaganda. Sin embargo, indicó que en todo caso ese poder reglamentario de la Junta está sujeto a la Ley y solo puede ejercerlo de forma válida dentro de su marco.“En otras palabras, la JCE no puede dictar reglamentos contra “legem” (es decir, contra las leyes vigentes). Por eso se requiere una actualización del marco legal electoral para adecuarlo a los nuevos tiempos”, concluyó Prats.

Bástale con la Constitución. Para el jurista Rodríguez, a la JCE le basta solo el mandato de la Constitución para reglamentar todo lo relativo a la campaña electoral; no necesita ni la Ley de Partidos ni la reforma a su ley orgánica para poner control a las organizaciones políticas durante el proceso electoral.Refirió que, si en el 2012 la JCE hizo un reglamento de compras y contrataciones de Bienes y Servicios, que es de hecho contrario a la ley que regula la materia, “con más razón lo puede y lo debe hacer en el ámbito de la regulación de la campaña electoral aún cuando no haya una ley”. El párrafo IV del artículo habla sobre los principios de equidad y de transparencia en el uso de financiamiento. [Hoy]

Diálogo Salud-Colegio Médico: primera reunión, sin acuerdo

Los gremios del sector salud y el Ministerio de Salud Pública no llegaron a ningún acuerdo anoche, luego de más de una hora de reunión, y ambas partes se acusan de la fricción.

La ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, dijo que les propusieron, de parte del Gobierno, revisar las pensiones del personal de salud, y en una semana discutir, cuando se tuviera el impacto presupuestario de ese punto, comenzar a discutir los otros dos relativos al aumento salarial y la asignación del 5 % del PIB para el sector. Sobre la propuesta de nombramiento de personal que hace falta, presentada por los gremios, el Ministerio propuso nombrar de los empleados que están trabajando, y que no están en nómina fija y no tienen los beneficios de los empleados, lo que también fue rechazado. “Nueva vez le solicito a mi querido colega Waldo, que los que les acompañan, en vez de estar termocefálicos, que abandonen la termocefalia. Y que no se deje contaminar políticamente, partidariamente, pues en la mesa vimos claramente quién no tenía una posición no gremial”, dijo Guzmán Marcelino.

Mientras que el presidente del Colegio Médico dijo que la reunión fue una táctica dilatoria y para ganar tiempo, que depusieron de la huelga para complacer al presidente Danilo Medina, pero que no les han hecho ni una sola propuesta. Suero responsabilizó al Gobierno “de lo que pase en el sector salud de ahora en adelante”, e informó que estarán en sesión permanente, y se reunirán hoy a las 10:00 a.m. para decidir qué acciones tomarán. “No nos hicieron ninguna propuesta específica con relación a nuestras cuatro demandas. De manera específica no hubo propuesta. Esto no es un diálogo, es una ganadera de tiempo, una artimaña más para ganar tiempo”, dijo Waldo Ariel Suero. Por el Gobierno estuvieron presentes, además de Guzmán Marcelino, Ramón Alvarado, director del Servicio Nacional de Salud y Jorge Marte Báez. Por los distintos gremios hubo 15 delegados. [Diario Libre]

Técnico advierte pozos están desertificando zona Constanza

Milton Martínez, especialista en agricultura de montaña, llamó al Ministerio de Medio Ambiente y al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) a dar a conocer el levantamiento que hicieran en Constanza, donde se han encontrado varios pozos tubulares en la zona conocida como El Paragua, lugar de nacimiento de los ríos Yaque del Norte, Yaque del Sur y Yuna, y donde ya no queda cobertura boscosa. Apuntó que las aguas subterráneas se escurren más rápido que las superficiales, por lo qu,e de continuar drenándose las lomas de la cordillera Central, en tres años colapsaría la producción acuífera porque se está desertificando.

Martínez, quien es director del Programa de Agricultura de Montaña de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), calificó de insólito e inimaginable que se haya permitido la operación de pozos tubulares en El Paragua. Apuntó que los pozos tubulares están prohibidos en las montañas, mucho más en Constanza, por lo cual el Indrhi debe intervenir urgentemente en esta zona. Dijo que él mismo ha contabilizado 18 de estos pozos, cinco de ellos en El Paragua, pero que existen mucho más hechos clandestinamente a una profundidad de hasta 200 metros. “¿Usted sabe lo que es hacer un pozo en una naciente de cuenca importante?” se cuestionó Martínez, y agregó que “lo último que uno pensaba que iba a ocurrir era que abrieran un pozo tubular ahí”. Consideró que Constanza debería declararse zona especial por su importancia hidrológica, pues allí se genera casi el 60% del agua de todo el país.

Más velocidad. Martínez explicó que la infiltración del agua en el subsuelo es un proceso que tarda muchos años para acumularse. Sin embargo, su escurrimiento es más rápido. Es decir, por arriba o en los ríos, el agua discurre en metros cúbicos por segundos y por debajo en kilómetros por año. Por lo tanto, dijo Martínez, cuando se bombea agua desde el subsuelo hacia arriba se impide que ese caudal alimente a los ríos superficiales. Recordó que el caudal de base de un río se mantiene con agua subterránea por lo que cuando no llueve ella es que mantiene la corriente fluvial.

En Constanza también se están devastando los bosques para agricultura no sostenible. Al respecto, Martínez detalló que en esa zona más que por lluvia, la mayor cantidad de agua se produce a través de neblina, la cual solo pueden captar los árboles. Entonces, dijo, cuando se elimina la vegetación natural, la recuperación de la región acuífera tarda muchos años. Además, al desequilibrarse el ecosistema, nacen nuevas plagas que atacan los cultivos debido a que se eliminan sus enemigos naturales. Por tanto, habrá que usar más pesticidas. Qué hacer. Martínez considera que la zona debe ser intervenida de emergencia, eliminar los pozos tubulares, prohibir los cultivos de ciclo corto y sembrar plantas perennes como agroforestales, café bajo sombra, hacer producción de manera restringida, a fin de recuperar suelo.

ZOOM

Un
lavamanos

Lejos de simbolizar una planta de brócoli para retener agua, la zona de Paragua ahora es un lavamanos por falta de cobertura, según Martínez.

La
madre

Si la cordillera Central se le llama “madre de las aguas” no es por capricho, es porque es el punto de recolección del líquido más importante, por lo que no se puede conspirar contra su producción. [Hoy]