No hay boletería abierta todavía

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He proscrito algunas expresiones de mi repertorio. Y lo he hecho con las que, por su cansado uso, han devenido en clichés. Creo que a muy pocas personas les gustaría llevar a la boca un chicle masticado. Eso me pasa cuando repito términos tan rumiados como “populismo penal”, “transparencia”, “régimen de consecuencias”, “estado de impunidad” y muchas que conciernen a otros contextos no menos pesados.

Cuando las sociedades tienen un desarrollo conceptual invertebrado no solo pierden sentido creativo para las ideas sustantivas, sino que apelan mecánicamente a estos “enlatados léxicos”, casi siempre trasplantados, para graficar imágenes, condensar comprensiones y describir realidades. Pero también son muy sensibles a los fanatismos; esas tendencias absolutistas, subjetivas y predeterminadas de “la verdad”.

El tema de la persecución judicial de la corrupción ha sido objeto de fanatismos, emotividades y fuente de clichés. Las posiciones, como siempre, se atrincheran. De un lado están los que idealizan la institucionalidad formal como si ella operara así en la realidad. Para estos, el orden judicial, casi sueco, está liberado de los cercos políticos y de los intereses ajenos a los de la Justicia. Por el otro, están los que piensan que el sistema judicial es una estructura fallida y ven en la persecución de la corrupción la única manera de someterla auténticamente a prueba. Los primeros se legitiman en los derechos del procesado; los segundos, en la necesidad de justicia como viejo adeudo social.

En este desencuentro se anidan los fundamentalismos: así, en la primera posición, sus extremistas piensan que la persecución judicial es políticamente sospechosa y responde casi siempre a un manipulado “populismo penal”; en la segunda, sus talibanes no “sienten” que se hace justicia hasta ver gente presa; piden sangre… ¡y pronto!

No creo ni en una ni en la otra: no es verdad que el sistema funciona como debe o que la persecución penal es necesariamente populista, pero tampoco estimo que la prisión sea el único reparo al daño social de la corrupción.

Es el momento de abordar la persecución judicial de la corrupción como lo que es: un problema real, concreto y complejo. Y resulta así porque es la primera vez que (sin exageraciones) se asume esta responsabilidad pública con sentido de historia. El pasado reciente estuvo cubierto de apariencias embusteras. La verdad es que el sistema solo existía en la letra de la ley. Las actuales autoridades del Ministerio Público han tenido que instalarlo mientras ponen en marcha acciones penales de gran calado, confrontando, por demás, limitaciones colosales en ese trance. Es como decidir mudarse a un edificio en construcción y llevar además una vida normal.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), concebida en el decreto que la creó como una dirección general, estaba degradada a un despacho de tercera categoría con apenas seis procuradores adjuntos sin dinero ni auxiliares técnicos ni logística forense ni autoridad jerárquica… y una caja chica de apenas cincuenta mil pesos. Los ojos e intereses de la Procuraduría estaban puestos en aquellos programas con presupuesto, especialmente en el de “humanización” penitenciaria. Pronto sabremos por qué y a qué nivel. Nos faltará aliento.

Perseguir la corrupción sin una auditoría es como arar en las nubes. Como sabemos, la Cámara de Cuentas, como fiscalizadora externa de las cuentas públicas, es la única con competencia para auditar a las dependencias del Estado y en esa materia concentra un monopolio funcional conferido por la Constitución y la ley que la crea (Ley núm. 10-04) hasta el punto de que la única forma de “destruir” la presunción de legalidad de las actuaciones de los funcionarios es cuando una auditoria, estudio o investigación especial de la Cámara de Cuentas determine lo contrario.

El problema es que la pasada Cámara de Cuentas formaba parte de un sistema coludido de corrupción y encubrimiento: cuando no auditaba, maquillaba. La dirección de auditoría de esa entidad, al decir de sus funcionarios medios, era un estetic center. Es ahora, con la nueva Cámara de Cuentas, que el Ministerio Publico podrá solicitar las auditorias que respalden las investigaciones en curso o por abrirse. De manera que, técnicamente hablando, la verdadera cruzada judicial anticorrupción empezará de la mano de la nueva dirección de ese órgano de control externo.

Es cierto que no veremos las acciones judiciales deseadas, ya que todo caso no da un expediente, pero tampoco en el tiempo reclamado hasta que no fluyan las comprobaciones forenses de la Cámara de Cuentas; sin embargo, la Dirección de Persecución de la Procuraduría y la PEPCA, además de trabajar sábados y domingos, tienen cerca de 430 casos en proceso de investigación con apenas un personal de casi sesenta procuradores adjuntos, sin considerar el hecho de que una parte del Ministerio Público responde a los intereses del viejo régimen y que algunos enclaves del Poder Judicial permanecen políticamente atados, dispuestos a subvertir cualquier buen propósito.

Es fácil juzgar, pero solo desde dentro se conoce la verdadera hondura de las contrariedades que obstruyen el camino elegido: sin embargo, tarde o temprano habrá sus compensaciones de alcances institucionales duraderos. Júrelo.

Pero también tendremos que acostumbrarnos a otros relatos en la historia de los desenlaces judiciales. A la gente común le provoca y persuade la espectacularidad de los arrestos, los juicios y la cárcel. El morbo se nutre de ese suspenso, sin considerar que muchas veces con una prisión el Estado sale perdiendo porque, aparte de mantener al recluso, no recupera lo sustraído. Para eso existen los acuerdos con los investigados, siempre que se sujeten a garantías de cumplimiento y controles rigurosos de ejecución que le permitan al Estado recuperar parte de lo robado y evitarse el costo de un juicio. Al final, para los que llegaron sin nada al Estado, permanecer en prisión es llevadero, siempre que puedan ocultar lo distraído. Es con ese propósito que el presidente Abinader nombró un equipo de abogados que trabajará en coordinación con el Ministerio Público en la recuperación del patrimonio público.

De manera que, para quienes querían ver circo temprano, la boletería no está abierta, y no porque falte la determinación de perseguir, sino para hacerlo bien y con ello evitarse las condenas anticipadas de los que siempre ven en estos esfuerzos un ejercicio de populismo penal (perdónenme el cliché) o parte de la “persecución política”.

La sociedad dominicana debe estar segura y confiada en que en esta gestión del Ministerio Público no habrá deserciones, inflexiones ni acomodamientos. Tampoco existe la intención de festinar casos para ganar aplausos o para aprovechar oportunidades políticas. De manera que a los fanáticos del espectáculo les invito a guardar sus boletas y a los extremistas del sistema “mítico” de justicia a reservar sus teóricas valoraciones. Por: José Luis Taveras  [Diario Libre]