Partidos minoritarios y de alquiler: No tienen ni cinco mil miembros y cobran como si tuvieran 100 mil militantes y encima, abogan por que guardias y policías voten y en lo que sería un partido político castrense. ¡Indeseables!

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Solamente una persona pública atrasada mental o un político insensato, es a quienes pudiera ocurrírseles y como legisladores, presentar un proyecto de ley para que se permita que guardias y policías en activo voten en los procesos eleccionarios y tal como si los uniformados fueran ciudadanos que no estuvieran obligados a lo que la Constitución de la República en el artículo 208, párrafo primero, ordena: “No tienen derecho al sufragio los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ni quienes hayan perdido los derechos de ciudadanía o se encuentren suspendidos en tales derechos”.

Porque lo grave de tan infame proyecto, no es que el mismo va abiertamente contra la Carta Magna, sino que sea precisamente un grupo de diputados, que se supone que como “civiles” no deben abogar por ningún tipo de ley, estatuto o resolución que conspire contra la viabilidad del sistema político democrático y esencialmente civil que se tiene y el que es preservado de cualquier tipo de andadura golpista de autoría legislativa contra el articulo 208 arriba mencionado.

Pero al mismo tiempo, si grave es la actitud de esos desalmados diputados proponentes de semejante atentado contra nuestro orden constitucional, mucho peor habría que calificar la parte de civismo y civilidad de las fuerzas vivas nacionales y en particular desde los mass media de la prensa mercancía, donde la respuesta a semejante iniquidad ha sido un silencio mayoritario y por lo tanto consentidor de semejante atropello inconstitucional y el que es una muestra patética del por qué y  cuanto irrespetan muchos legisladores, la viabilidad del orden civil y democrático de  esta nación.

Todavía más, ¿cuál ha sido la experiencia que se tiene con los militares y policías y en gran mayoría, ocupando funciones públicas de administración dentro de los tres poderes interdependientes del Estado? ¿acaso no es, que son el principal nicho de corrupción desde el poder o no es eso precisamente lo que la Procuraduría General de la República reveló a la nación hace unos días, cuando dispuso que dos subprocuradores les cayeran encima a un mayor general en activo del “ glorioso Ejército Nacional” y a otros oficiales militares también en activo y en un terrible caso de presunta corrupción de más de seis mil millones de pesos estafados al Estado y a los contribuyentes, con el caso criminal Coral y mucho más atrás con el otro Tucano?

Hay que suponer, que si existiendo un orden político y social supuestamente democrático y de esencia civil, el poder castrense hace lo que le viene en ganas con los presupuestos que las diversas entidades militares administran o lo otro tan bochornoso para toda persona que se precie de decente, de un jefe policial en la Dicrim, robándose todo un cargamento de drogas ilícitas decomisadas y apartadas como objeto de prueba del delito y al que hasta la fecha no se le ha procesado debidamente y nada de lo que sustrajo se le ha quitado y mucho menos expropiado y lo único que se ha sabido, es que  en apariencias, el Poder Ejecutivo dispuso el cese y desmantelamiento de la entidad y lo que todavía está por verse.

Entonces, si de ese modo es que se comportan guardias y policías delincuentes y la mayoría, miembros de su oficialidad, ¿qué más podría ocurrir en esta nación en materia de delitos castrenses, si el proyecto de ley que determinados diputados han presentado por secretaría de la Cámara baja y para preocupación de muchos ciudadanos e instituciones cívicas, fuera aprobado?

De ahí de la enorme peligrosidad que encierra, que estos señores diputados y que no mencionamos por la vergüenza que como medio de comunicación experimentamos, lograran, que en el hemiciclo se aprobara tal despropósito y al que insistimos, hay que salirle al frente y evitar su aprobación.

Ahora bien, parte de los proponentes y quienes en ciertos casos en el pasado han estado tipificados como funcionarios públicos y anteriormente  en cargos que requieren un decreto del Poder Ejecutivo, parecería y comprobando su alto nivel y calidad de vida, que en esa funciones, delinquieron y cometieron atropellos incalificables contra los dineros y bienes públicos y quienes ahora no pueden justificar los bienes y riquezas que ostentan, al tiempo que como miembros de los llamados “partidos minoritarios o de alquiler”, han logrado que abusivamente la clase gobernante y vía la Junta Central Electoral (JCE) les subsidie en base a dineros de los contribuyentes y con más de 200 millones de pesos cada año.

 Y que si unimos ese monto de dinero de los contribuyentes, a los más de mil millones de pesos que también tienen de subsidio directamente los llamados “partidos mayoritarios” y que es el nicho en el que el gansterismo político ha saqueado a este país en los últimos 43 años y con la más absoluta impunidad, por obligación, tendríamos que entender, que este país y todos los años, está siendo saqueado por su clase gobernante y tanto, que un político miembro de esa mafia y habiendo sido un alto cargo público y ahora multimillonario, reconoció descaradamente, que en los últimos diez años, “la corrupción se ha llevado más de 100 mil millones de pesos de los contribuyentes”.  

¿Qué quiere decir todo este rosario de inconductas y corrupción al mayor nivel?, que las complicidades son tan graves a todos los niveles de la sociedad y la ciudadanía, que si por manos de los trapos se aprueba el ante proyecto de ley que proponen esos diputados, el Estado Dominicano y como tal, habría que tipificarlo como uno delincuente y en el que todas sus autoridades miran para el otro lado y principalmente las del Poder Judicial, mientras a hurtadillas se enriquecen vilmente y lo que también se logra y duro es reconocerlo, por la indudable corrupción abierta que los medios de la prensa mercancía, propiedad de los barones mediáticos, se muestran como sus cómplices más esclarecidos. Se ha llegado a un extremo, que hay directores de periódicos escritos a los que presumiblemente se le imputa que cobran 25 mil dólares cada mes a cambio de darle cobertura de protección a determinados altos cargos del área económica.

Sabiendo todo lo anterior, ¿se podría entender como factible, que la nación acepte a guardias y policías con derecho a votar en nuestras elecciones y lo que significa, que automáticamente tendrán calidad para ir a cargos públicos de elección y como cualquier ciudadano civil?

De hacerlo, se correría el riesgo y viendo como desde el sector militar y policial el enriquecimiento ilícito y abusivo de los últimos 20 años pasa y mal contados, a más de 70 mil millones de dólares, en tanto desde el Congreso Nacional, la mayoría de los diputados y senadores de los últimos 16 años se han llevado en sus zaquetas más de 5000 millones de dólares, que definitivamente haya que entender, que estamos a las puertas de que República Dominicana sea tipificada como un Estado fallido y la voracidad es tal, que encima de todo lo que saquean, roban y estafan a los contribuyentes, todos esos “padres de la patria”, la mayoría de la población  también ha terminado por consentirlos y actuar como todos esos delincuentes de cuello blanco.

De este modo es que decimos: Partidos minoritarios y de alquiler: No tienen ni cinco mil miembros y cobran como si tuvieran 100 mil militantes y encima, abogan por que guardias y policías voten y en lo que sería un partido político castrense. ¡Indeseables y abusadores! (DAG)