Por acusaciones sobre corrupción, de Washington contra el gobierno de Danilo, esté queda expuesto a ser imputado directamente por corrupción, mientras la negativa de la procuraduría contra la corrupción, a entregar interrogatorios Cámara de Cuentas, la descalifica de pleno

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El expresidente Danilo Medina Sánchez haría muy bien en plantearle a su equipo de abogados, un estudio y revisión exhaustiva del documento de gobierno del Departamento de Estado, en materia sobre el informe sobre corrupción en el país y en su pasado gobierno, toda vez que por el mismo y por primera vez, el gobierno de Luis Abinader podría encontrar el pie de amigo para encauzarle directamente como un pasado gobernante corrupto y corruptor.

En este plano, hasta ahora el camino judicial luce estancado y sino cerrado, por un hecho evidente, que no ha permitido, que ni fiscales ni jueces pudieran tener mano libre para dar paso a las imputaciones probables que el nuevo gobierno hubiese podido obtener y por la simple situación, de que el 90 % de los miembros de la Escuela Nacional de la Magistratura y comenzando por su director fundador, Luis Henry Molina, ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia, conforman una especie de “orden secreta” que no deja que el sistema judicial sea realmente libre e independiente y debido a las tortuosidades cometidas por el anterior gobierno.

Debido a esa realidad, desde la Procuraduría General de la República no han podido hacer nada cierto y correcto, legal y presumiblemente creíble, para encauzar judicialmente a cuanto funcionario pasado y susceptible de que se le formulen cargos de corrupción en el ejercicio de sus funciones y que es la razón principal del por qué la justicia administrativa que depende del Poder Ejecutivo no han podido cumplir con su papel de contrapeso frente a la justicia de los magistrados jueces, quienes como alumnos de la escuela de la magistratura, dependen emocionalmente del ahora magistrado Molina.

Es decir, hay un tranque burocrático que le tiene las manos atadas al gobierno de Abinader y que si ahora se agrava con ciertas inconductas absolutamente cuestionables y sorprendentes del llamado departamento de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) el que increíblemente cuenta con una presencia e influencia política determinante e hija de las relaciones personales del expresidente Leonel Fernández con la subprocuradora Reynoso Gómez y que oscurece su accionar institucional, al tiempo que como Abinader luce que abandonó cándidamente el control directo de la procuraduría general de la República en favor de Leonel, se nota entonces, que el mismo presidente de la República, ha desertado directamente de sus responsabilidades políticas, administrativas y personales de control directo sobre la PGR.

Ante estas circunstancias, habría que concederle al presidente Abinader, que aquella predica suya de que para él “la justicia es independiente”, ha sido tomada como una especie de dogma de fe por parte de los dos subprocuradores, Reynoso Gómez y Camacho y quienes dicho sea de paso y para colmos, no guardan ningún tipo de freno en sus relaciones propias y lo que ante muchos, dejan la desagradable impresión de que poco falta que se les entienda enemigos personales.

Por eso y ante una relación de trabajo y personal tan poco correcta, muchos sectores y en particular este medio de comunicación digital, vemos con preocupación, como el ministerio público se desenvuelve lo mas parecido a andar manga por hombro y con sus dos principales funcionarios subalternos acechándose y hasta lograr que tipo de zancadilla o gancho se infringen uno que otro.

De este modo, la Pepca se ha convertido en un avispero, que de cierto le está creando un fuerte dolor de cabeza, a un Abinader, quien, de seguro de buena fe, creyó que con designar a una procuradora general que dizque no conocía y con la que nunca había mediado palabra, podría ser suficiente para que el ministerio publico se desenvolviera de la manera abierta e independiente que él quisiera.

Pero no ha resultado así y por eso de los errores de procedimiento y de bulto que se están cometiendo y ante los cuales, la recomendación más sana que podríamos formularle al presidente es que revise exhaustivamente el funcionamiento administrativo de la Pepca como de la propia PGR y para que mañana no se encuentre con un serio dolor de cabeza que le obligue a reformular el aparato administrativo dentro del mismo ministerio público central.

Véase ahora el último escándalo y el que sorprende, porque es mucho peor que el primero, cuando los subprocuradores Reynoso Gómez y Camacho y en un accionar insólito y totalmente inaceptable constitucionalmente, cometieron el atropello de invadir la Cámara de Cuentas, apoderarse de documentos de la misma e imputar moralmente a sus jueces y con lo que a partir de semejante atropello, de ahora en adelante, absolutamente ningún departamento del Estado dentro del Gobierno de la República, estaría a salvo y desde el Poder Ejecutivo para abajo, de experimentar la misma situación.

En esta oportunidad, los subprocuradores Reynoso Gómez y Camacho, llegan mucho más lejos, desacatan una disposición de la jueza de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, María Garabito, que apoderada por el presidente Molina del caso de investigación sobre el atropello institucional cometido, había solicitado la entrega de todos los interrogatorios realizados por la Pepca contra la Cámara de Cuentas.

Desde luego, en el fondo queremos entender, que la actitud y disposición de los subprocuradores a cargo de la Pepca y sabiendo que con su negativa cometen un atropello institucional mayor, es retrasar la entrega certificada de los interrogatorios cometidos, por lo que ahora agregaron su negativa tajante y en base a un argumento baladí y propio de estudiantes nuevos de ciencias jurídicas, al disponer “el secreto total del acto y hecho y hasta tanto solicite medida de coerción o anticipo de pruebas en contra de algunos de los investigados”, jueces administrativos a los que con este tortuoso procedimiento, los funcionarios de la Pepca han difamado e injuriado en su condición de magistrados del principal órgano de supervisión administrativa a nivel nacional.

Ahora el lío creado involucra a la Suprema Corte de Justicia, al ministerio público central a la misma PGR y ni que decir a los funcionarios de la Pepca y que obligará la intervención del Tribunal Superior Administrativa y hasta recalar ante el Tribunal Constitucional y para no hablar del mismo Poder Ejecutivo.

Estamos hablando, de que una dependencia directa de la justicia administrativa responsabilidad del Poder Ejecutivo, se ha alzado contra el mismo sistema de Justicia y lo que en su momento deberá obligar la intervención presidencial y por el hecho cardinal, de que la PGR amenaza con paralizar la institucionalidad administrativa del Estado via allanamientos insólitos contra sus órganos ejecutores de administración y lo que difícilmente un gobierno que se respete podría soportar.

En consecuencia, ya Abinader tiene lo que precisamente no quería: Intervenir en el sistema judicial de una manera más amplia y en el caso de que las instancias judiciales envueltas en el insólito contencioso no puedan reconducir a derecho a un ministerio público central alzado contra la Constitución de la República y las leyes. En tanto de entretenimiento, el Departamento de Estado le brinda la oportunidad a Abinader de “comerse” judicialmente a Danilo.

Y que en resumen decimos que, por acusaciones sobre corrupción, de Washington contra el gobierno de Danilo, esté queda expuesto a ser imputado directamente por corrupción, mientras la negativa de la procuraduría contra la corrupción, a entregar interrogatorios Cámara de Cuentas, la descalifica de pleno. (DAG)