Por lo visto y en la práctica, parecería que el Estado Dominicano y tanto desde el sector civil como desde el oficial, es o se comporta como un estado delincuente y de ahí los problemas de inconductas generalizadas que se observan y que parecería que no pudieran corregirse

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Tener hábitos, es una parte de la conducta humana que es muy difícil de erradicar y aun cuando en algunos casos las personas traten de corregirlo y por la simple razón, de que siempre los individuos se recuestan de la línea del menor esfuerzo y lo que si lo llevamos al quehacer ciudadano diario o a la política que se practica entre los dominicanos, se termina entendiendo el por qué, la cultura dominicana de lo mal hecho luce imposible de erradicar.

            Por esa razón, las personas siempre tratan de justificar sus hábitos no correctos y en materia de saber comportarse o administrarse y lo que después se refleja, en el tipo de comportamiento generalizado que hace de la idiosincrasia nacional una especie de caricatura, por la que todos y consciente o inconscientemente, tendemos a encerrarnos y en lo que termina siempre por convertirse, en un comportamiento burocrático propio del mediocre que para nada asume el reto de innovar y tratar de actuar correctamente.

           Si esta conducta se analizara con el debido cuidado y lo que cada individuo o persona puede hacer perfectamente y si es que quiere mejorar cada día en su comportamiento diario, en el territorio nacional no se dieran las circunstancias de encasillamiento de cada quien, y solo en lo que se entiende correcto para sí y no, porque la conducta normal dentro de una sociedad organizada impulsa a las personas a cada día superarse en lo aprendido y tratar de hacerlo mejor.

            De hecho y cuando se ahonda en los comportamientos diarios de la generalidad de los dominicanos en todas sus clases sociales (qué las hay y bien marcadas) se descubre del empecinamiento de muchos, pretendiendo obligar a los demás, a que se comporten como ellos interactúan y aun cuando en su yo interno, saben que no lo están haciendo de la manera correcta.

            Es por eso, que los niveles de corrupción en todos los estamentos del Estado y peor, entre la mayoría de los ciudadanos, llega a unos alcances tan desconcertantes para los pocos que quisieran actuar correctamente, que cuando se viene a ver, el orden social imperante, impone las inconductas generalizadas y las que se pueden sintetizar, de que al parecer, a nadie le preocupa el origen de su dinero o riqueza y el sí solo tenerlo y que es el punto de inflexión, que no permite, que la clase media criolla pudiera ser entendida, que actúa dentro de los parámetros normales de toda sociedad civilizada.

            Y que es el grave factor, que tampoco permite al observador atento, sentir que en este país pueda haber un quiebre con la inconducta de aprovechados que tantos han generalizado y que, en definitiva, es el peor lastre que la ciudadanía dominicana exhibe y ni hablar, en las capas económicamente altas de la población.

            ¿Acaso no es verdad que quienes siempre hacen lo mal hecho en materia de afán de lucro extremo, nunca tienen una respuesta sensata a sus desvaríos y por lo contrario, solo atinan a justificarse y con el pretexto de que esa es la conducta generalizada que siempre ven?

           ¿Qué decir de los miembros del aparato político y ni hablemos del empresarial, quienes, en la gran mayoría de los casos, violentan el orden jurídico e igual el moral y para nada, muestran el menor interés en corregirse y que es una inconducta peor entre aquellos individuos que pertenecen o se desenvuelven en los ámbitos de corrección y vigilancia provenientes desde los sectores militares, policiales y de inteligencia y ahora lo nuevo, desde el de informática?

            Véanse dos casos que están siendo convertidos en emblemáticos y los que de una u otra forma tienen que ver con el orden social. El sector financiero toma control de las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP) y al mismo tiempo, el de las administradoras de Riesgos de la Salud (ARS) y al extremo, que ya como intermediarios financieros, ha logrado que el Estado le conceda el control prácticamente mayoritario de los dineros de los trabajadores para fines de pensiones y al punto, de que desde hace un tiempo, los ciudadanos no tienen una cobertura de servicios médicos aceptables y ni medianamente para los asuntos de altos riesgos y generándose un grado tan alto de iniquidad social, que al final, los beneficiarios de tanto desorden, se blindan o protegen entre sí y para que nadie ose modificar el pastel de ilícitos, del que hasta los principales barones mediáticos, se benefician con largueza.

            Se diría, que los ciudadanos son victimas de un aprisionamiento social dirigido desde la clase gobernante y de tal magnitud, que todos los involucrados, saben que se fundamenta en el despojo más colosal y aun así, a nadie se le ocurre reclamar y de parte de los cotizantes al sistema, una reestructuración de la desigualdad social imperante.

            ¿Resultado?, solo hay un grito amplio, de que algo debe ser corregido, cuando los actores del sistema y porque entre ellos mismos el capitalismo salvaje que los arropa les arrebata logros o ganancias desmesuradas, ponen el grito en el cielo y al ver, que “colegas”, pero con mayores medios económicos y financieros, pudieran en algún momento arrebatarles el control y hegemonía sobre determinados aspectos del control social.

            Como hemos dicho, dos son los casos que ahora mismo han entrado al debate público: La amplia inversión financiera de parte de emprendedores extranjeros y criollos en el sector Salud, donde han incursionado creando grandes conglomerados de servicios médicos y clínicos de primera generación y para el cliente que pueda pagarlos y los que de tan vastos, al hacer uso de la libertad de empresa como la de comercio, colocan en una situación de vida o muerte, al monopólico sector de las empresas de salud  agrupadas en la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), cuyos dueños, alarmados porque podrían ser desplazados del mercado y por calidad y mejor precio, plantean, que tales inversiones “elevarán a precios inimaginables los servicios médicos en el país y harán que las clínicas tradicionales desaparezcan al no poder competir con emporios internacionales”, cuando lo correcto debería ser, que se abocaran a una drástica labor de reingeniería y agrupándose como cooperativas y para dar un ejemplo, de adaptarse al libre mercado y no decir, lo poco sensato, de que “el país está ante un sistema neoliberal que ha llevado a privatizar la medicina, y que a su paso crea monopolios dañinos a los esfuerzos nacionales”,  con lo que quieren esconder, que su afán de lucro de años y de solo ganar y explotar a los pacientes e invertir poco, ha sido el factor que les ha impuesto el nuevo reto de innovación que se les viene encima y el que por lo visto, no saben como hacerle frente y al comportarse, solo como artesanos de la medicina y no, como los profesionales  que sus diplomas académicos dicen que son.

           El otro caso, es político y de manejos dolosos o turbios e incontrastablemente de grave corrupción administrativa. En la administración anterior de la Junta Central Electoral (JCE) su presidente y unilateralmente, contrato los servicios y compras de equipos de alta tecnología a una empresa extranjera por el orden de los US$39.7 millones y de los que se deben US$13.9 millones y lo que parecería que ha resultado en un fraude y estafa colosal en contra del contribuyente.

            Lo que ha trascendido, es que las nuevas autoridades de la JCE y apoyadas en un aparente informe técnico, le han dado bola negra a aquellos equipos e increíblemente, han señalado que no los usarán y peor, que no están en eso de pagar el saldo final y lo que dicen, sin importarles en lo más mínimo el daño que a la seguridad jurídica que provee el Estado Dominicano le causará, cuando lo pertinente, debió de haber sido el pago del saldo final y entonces y como institución, abocarse a una acción en reparación de daños contra el presidente y demás miembros de la anterior JCE y hasta contra la misma empresa vendedora y en su caso, por fraude y defraudación contra el Estado y no propiciar la acción de ahora, de que por diversas vías, todos los involucrados y de hecho, se están burlando y en sus propias caras, de los ciudadanos de este país.

            Cómo está conocido, en ambos casos. Por lo visto y en la práctica, parecería, que el Estado Dominicano y tanto desde el sector civil como desde el oficial, es o se comporta como un estado delincuente y de ahí los problemas de inconductas generalizadas que se observan y que parecería que no pudieran corregirse. Y es precisamente, semejante mala práctica de inconductas generalizadas, el germen desde el cual la corrupción política, administrativa y económica ha tomado espacio y de una manera tal, que de lejos se nota, que para muchos dominicanos ese es el comportamiento más natural y no obstante que el resto del mundo y de las personas decentes, critican y exigen una labor de reingeniería eficaz, que haga, que todos esos hábitos de comportamientos irregulares, deban cesar. Con Dios. [DAG. Miércoles, 16 de mayo de 2018. Año XVI. Número 6,312]