Quienes crean que la huelga de un día, que en apariencias motorizan determinados sectores populares y sociales, es políticamente inocente, olvidan aprestos similares en años atrás y contra otros gobiernos y con la única pretensión de obligar al gobierno de turno a actuar y dictar políticas en el sentido de solo beneficiar a quienes financian el apresto desestabilizador, en este caso, este nuevo iniciado esta mañana y que se supone solo por este día.
En este plano, solo hay que leerse las 106 “demandas reivindicativas” que los instigadores del movimiento contestatario pretenden que el Estado les complazca y que, por lo amplio del abanico de demandas, evidencia que sus instigadores empresariales solo quieren el pretexto para afectar la estabilidad social y por la simple razón, de que cuanto solicitan, se corresponde a un programa de gobierno y propio de dos administraciones.
Es decir, están haciendo observaciones en base a requerimientos, que, por una parte, el mismo presidente Luis Abinader y su gobierno está implementando y por la otra, que son planteamientos, que en la mayoría de los casos no dan espacio ni siquiera para llevar a cabo una discusión amigable sobre temas que pudieran llegar a algún tipo de consenso.
Sencillamente, el sector empresarial que está detrás del llamado de la nueva entidad subversiva, “Coalición de Organizaciones Sociales y Populares” (COSP) y disgustado porque la parte del empresariado que es miembro del gobierno plutocrático de Abinader y el PRM, aparentemente no satisface sus requerimientos en busca de beneficios particulares para sus negocios, se ha decidido por financiar un movimiento huelgario-político por parte de los mismos agitadores y contestatarios seudo izquierdistas o “progresistas” de siempre y quienes siempre procuran este tipo de alternativa ácrata y a modo de mantener un chantaje más o menos sostenido en contra del gobierno de turno.
Solo hay que ver lo ocurrido esta mañana al iniciarse la protesta, cuando un grupo de estos provocadores, saquearon negocios de comerciantes detallistas en los barrios (pulperos) y también incendiaron neumáticos en el municipio de Licey al Medio, diez kilómetros de Santiago, mientras en San Francisco de Macorís hacían otro tanto y con el solo interés de llevar la intranquilidad social y ahora buscando lo evidente, del muerto que justifique sus aprestos subversivos.
Se está pues, ante una muestra de más de lo mismo en materia de agitación política y social y lo grave, que a nuestro modo de ver, es un testimonio a razonamiento a contrario, que demuestra que hay un sector empresarial patrocinando esos desmanes, dado que ninguna de las entidades o asociaciones empresariales que decían ayer que se oponían a la huelga, ninguna trató de romper el movimiento huelgario, abriendo sus negocios y tampoco el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) no ha emitido llamado alguno al cese de la agitación que se está creando.
Más el otro accionar enormemente sospechoso, de toda la fauna política opositora, haciendo coro con el partido de gobierno, el PRM y el que desde el primer momento debió de haber emitido un comunicado público a la nación y rechazando vigorosamente el accionar conspirativo del COSP y calificándolo directamente, el que y por nuestras fuentes, parecería que también cuenta con cierto “apoyo táctico” del opositor PLD a través del ayuntamiento de la ciudad de Santiago que ese partido opositor controla.
Entiéndase, que, si el grueso del empresariado no se pronuncia y menos los partidos políticos y desde los medios de la prensa mercancía que controlan los barones mediáticos se mantiene una sutil actitud de informar, pero sin señalar a ningún sector pró huelga, o si ocurre lo inquietante, que de pronto una parte de los organizadores del paro anuncian que se desligan del mismo, lo que significaría que el grupo más radical ya tiene el control del mismo, que definitivamente haya que advertirle al gobierno, que empiece a entender que algo más allá de una simple huelga sobre temas “reivindicativos” sería lo que se está presentando.
Por eso y frente a esta última probabilidad de hondo matiz subversivo, que no descartamos. El presidente Abinader deberá poner en juego la enorme popularidad que las encuestas dicen que tiene y desafiar abiertamente a quienes abusivamente quieren desestabilizar a su gobierno.
Puntualizamos y sobre el probable hecho, de que si en el discurrir del día, los huelguistas logran afectar vidas humanas, Abinader debería verse obligado a apelar a medidas de control constitucional, al tiempo que ya debió de haberle exigido a los miembros por paga de su aparato de propaganda y al director del mismo, haber lanzado un amplio dispositivo comunicacional que le haga ver a la atrapada opinión pública, que quienes están detrás del movimiento huelgario no tienen razón alguna para fomentarlo.
También habría que observar, que si en horas de la tarde los agitadores supuestamente desconocidos y en los enfrentamientos con la autoridad que están escenificando, lograran herir o asesinar policías y buscando un cariz definitivamente de agitación plena, las autoridades no podrían descartar el establecimiento de una especie de estado de sitio o toque de queda y dado que cada vez que se efectúa semejante tipo de escalada de violencia, lo que se estaría buscando sería afectar a nivel general la paz social y el control de autoridad del mismo gobierno.
Lo que hay que advertir y dada las características de enfrentamiento total que en su comunicado, la COSP está planteando y al decir: “Mientras nos traga la inflación, la política fiscalista y los elevados impuestos han llevado a la quiebra a centenares de empresas, nos suben la comida, los combustibles y encarecen los servicios básicos de salud, educación y alquileres de viviendas. Las condiciones de hambre y pobreza abaten a las grandes mayorías populares del campo y la ciudad”, lo que no es más que un llamado directo hacia un apresto subversivo de desestabilización generalizada del que definitivamente el gobierno no puede ni debe pasar por alto.
Todavía más y como hay empresarios por medio, supóngase que estos logran parar a sus sargentos políticos y tropa de choque y que efectivamente la huelga termine en un día. Entonces y si esto ocurriera, al gobierno se le plantearía un agudo problema de inestabilidad social a mediano y largo plazo que nunca sus servicios de inteligencia y contraespionaje podrían ignorar y menos los miembros de su aparato de propaganda.
Lo que obliga a entender y en definitiva, que por primera vez, un sector empresarial alejado del poder se inclina por afectar la gobernabilidad y propiciar un amago de huelga general conspirativa. El gobierno constitucional no se puede dejar colocar entre la espada y la pared, pues si sucediera, perdería autoridad. (DAG)
