lunes, octubre 7, 2024
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¿Qué es lo que se esconde detrás de la extraña negativa del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para facilitar los traslados de jurisdicción de notarios públicos que los han solicitado?

Silentemente, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y haciéndole el juego a la pasada directiva del Colegio Dominicano de Notarios (CDN) en la administración Montero, tiene más de cinco años que no permite ningún traslado de jurisdicción para ningún notario público y en una abusiva violación de derechos adquiridos de todos esos auxiliares de la justicia.

El pretexto ha sido, que “hay demasiados notarios en una sola jurisdicción” y lo que exactamente no se corresponde a la verdad absoluta. Más bien lo que se entiende, es que la directiva del colegio de Notarios, extrañamente le conviene que ningún notario se pueda trasladar a otra jurisdicción y lo que puede ocurrir por enfermedad temporal o por asunto de movilidad familiar.

La situación ha llegado al extremo, de que desde la SCJ se argumenta y por censo hecho, que en todo el país hay registrados entre cinco y siete mil notarios de los que la gran mayoría radican en la capital nacional, la provincia de Santo Domingo o la de Santiago, mientras que en la provincia de La Altagracia solo tiene 46 y para citar un caso.

También se ha podido conocer que el congelamiento de los traslados, a dado paso a una especie de mercado de tráfico clandestino de notarios y en base a favoritismos políticos o profesionales a favor de grupos de presión dentro del Colegio de Notarios como dentro de la burocracia del Consejo Nacional de la Magistratura y prestándose a cientos de especulaciones.

Lo que se entiende, es que, si se quiere mejorar la calidad de los notarios públicos, el Poder Judicial como tal, debería abrir una serie de seminarios de preparación, pero no para impedir a más notarios que con este pretexto, los que no califiquen se les impida ejercer y lo que sería en sí una monstruosa violación constitucional.

¿Por qué se da esta situación?, porque hay una casta de notarios burócratas desde su colegio y apoyados por otro grupo burócrata en la Procuraduría General de la República y en donde, dicho sea de paso, esta se ha apropiado de más de cien millones de pesos cada año por lo de “firmas de legalización” y que en absoluto no corresponde a la PGR y sí al Colegio de Notarios.

Paralelamente, una fuerte casta de burócratas dentro de la estructura de la SCJ hace lo indecible para impedir los traslados y dándose la sospecha, de que de alguna manera y a espaldas de los jueces de la Suprema, existe un mercado clandestino de tráfico de influencias y lo que se comprueba por el listado de determinados notarios suertudos que han logrado sus traslados con todo y suspensión.

Un ejemplo. Uno de estos casos de solicitud de traslado no favorecido, es el que corresponde al notario público cuyo registro en el Colegio es el 4790 y quien desde el 2022 solicitó su traslado de jurisdicción por razones de salud y también como de reagrupamiento familiar y que llegada la solicitud a la secretaría de la Suprema y tramitada, de improviso fue suspendido el trámite y sin ninguna razón valedera.

Resulta, que cuando se inicia el proceso burocrático de traslado, el próximo paso es su aprobación por el pleno de jueces de la SCJ y porque con el trámite, el notario de que se trate ya ha sido aprobado su traslado en “primera instancia”, digámoslo así y sin que nadie en la SCJ diga el porqué del cese del trámite y lo que en la actualidad está registrado en los archivos de la secretaría general de la Suprema Corte.

Y como se está en un círculo cerrado, el notario al que no se le da paso a su solicitud de traslado, este no hace nada con exponer su caso en el Colegio, sabiendo que allí y de inmediato le tiran la bola al Poder Judicial y diciendo que la Suprema es la que sabe de esa situación y lo más grave, que la presidencia del Colegio de Notarios, ni siquiera hace la menor diligencia para documentarse sobre este particular.

Entonces, si la burocracia de la Suprema cierra el trámite y en el Colegio de Notarios se hace igual, se presenta el grave abuso de poder de que a esos auxiliares de la Justicia se les afectan sus derechos ciudadanos y esto, ¿por qué se hace?, porque el Poder Legislativo, que es la única instancia que puede presionar al Poder Judicial y dado que simplemente es quien designa y quita a los servidores del Poder Judicial, entra en la extraña perspectiva, de que se le entienda como uno que también participa en lo que es una grosera conculcación de los derechos ciudadanos de esos notarios públicos que están siendo terriblemente afectados en sus calidades profesionales.

Ante esto, consideramos que hay que tocar las puertas del senador en el Distrito Nacional, Omar Fernández, @omarlfernandez  quien, en su calidad de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, pensamos que es el personaje idóneo para que se interese en la problemática que describimos y para que pueda ayudar a destrabar esta situación.

Mientras tanto, hemos conocido, que se pretende hacer un censo de notarios y que se suponía se haría en este mes, pero que ahora se le ha dado largas para octubre y ante lo cual, hay que pensar que las perspectivas serán mucho más sombrías, pues ante tantos obstáculos,  no se puede dejar de pensar que se está en una situación fuera de lo común, de parte de poderes políticos que solo quieren como notarios a vasallos suyos y ante esa sospecha, con premura nos hacemos eco de la situación y esperanzados de que de algún modo, quienes tienen poder de decisión en la presidencia y en la secretaría general de la SCJ, se interesen en el problema de grave afectación de derechos ciudadanos y hagan por resolverlo.

Como medio de comunicación, nos acercamos a ambas instancias y por las indagatorias hechas, parecería que en estas se está en ánimo de querer resolver la enojosa situación de grave abusos de derechos, pero y como nos dijo uno de los notarios públicos afectados, “la necesidad tiene cara de hereje y el que no grita no mama” y en consecuencia, nos hacemos eco de una extraña problemática, que sin duda es necesario resolver y sin retaliaciones políticas o sociales de ninguna especie.

De ahí que nos preguntemos: ¿Qué es lo que se esconde detrás de la extraña negativa del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para facilitar los traslados de jurisdicción de notarios públicos que lo han solicitado? Con Dios. (DAG) 08.09.2024

 

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