SANTO DOMINGO.- Para afrontar el candente problema de la inmigración haitiana, las autoridades dominicanas se empeñan en crear mayores controles, respetar fielmente la ley, registrar asentamientos, biometrizar a los inmigrantes, auditar los inmuebles, fundar una policía migratoria y frenar la injerencia extranjera.
De este modo el país sería capaz de aplicar una política migratoria basada en su soberanía, poniendo reglas claras y regulando el desenfrenado ingreso de haitianos. Esto lo dice con puntualidad el viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización, Juan Manuel Rosario.
Entrevistado por Persio Maldonado, director de y por este redactor, el funcionario calibra en todas sus dimensiones lo que significa esa legión de indocumentados. De manera que, para él, no es solo un tema migratorio, sino también de seguridad nacional. Así, la cuestión es mucho más que una cifra migratoria: recala en la misma realidad nacional y dibuja una seria amenaza para la sociedad dominicana.
Según él, unas 40 propiedades han sido adquiridas por haitianos documentados, y se está auditando cada movimiento y transacción de venta de bienes con indocumentados. ¿A qué se debe esto? A “una mala legislación” que permite que “cualquier extranjero pueda comprar un bien inmueble sin importar su estatus migratorio”.
“Entonces viene un extranjero, compra un inmueble y después resulta que la persona era no residente o estaba ilegal; y después que hace la inversión en el inmueble, está el problema de cómo repatriarlo cuando ya ha comprado todo. Antes de una persona comprar algo, tiene que haber un control de Migración en primer lugar, y eso tiene que pedírselo donde se hace el registro de título”, dice.
El viceministro no oculta su nacionalismo sincero: rechaza la intrusión de organismos internacionales y de esas Ong que se entrometen en el tema. Para colmo, esos organismos foráneos están pidiendo otro proceso de regularización de extranjeros.
Sin embargo, “nosotros tenemos que actuar conforme a la ley, el país no puede permitir que un organismo internacional venga aquí a decirle cómo nosotros debemos administrar nuestras leyes, porque eso es un error”.
Por cierto, anota que en los últimos dos años han identificado y registrado unos 476 asentamientos de haitianos, y siguen sumando.
Propuestas de solución
Se discuten opciones y propuestas de solución. Una de ellas es la biometrización. En tal sentido, los sectores construcción y agrícola debían biometrizar a sus obreros haitianos, asentándolos en un listado que se les entregaría a las autoridades en un plazo dado. Los que no estuvieran así registrados serían recogidos y repatriados. Eso se acordó pero no se cumplió: letra muerta.
También se están habilitando oficinas en distintos puntos del territorio nacional, junto a Migración y los ministerios de Trabajo y de lo Interior.
El incumplimiento de estas opciones tiene mucho que ver con un sospechoso y ardiente activismo prohaitiano, que infesta a las propias filas oficiales. Así, ciertos funcionarios aceptan las presiones de actores internacionales; Rosario, en cambio, las aborrece. No le teme a la reacción extranjera: es coherente con su postura dominicanista.
De hecho, revela que algunos organismos tratan de sacarlo del puesto, debido a su posición, y que esos mismos sectores pretenden que el país modifique la ley y flexibilice su política migratoria para asumir el pesado yugo haitiano.
Pero, ante esas pretensiones, “no podemos cargar con Haití, no podemos con lo nuestro, mucho menos con Haití. Nosotros no podemos entregar este país”. Eso responden él y el ministro Jesús -Chú- Vásquez. Se la están jugando.
El viceministro y abogado observa la importancia de crear una policía migratoria, que sea responsable de todas las personas que entren por la frontera terrestre. Una de sus facultades sería, por ejemplo, detectar y frenar las dramáticas oleadas de parturientas haitianas que son traídas por mafias dominico-haitianas. Esas parturientas, que vienen a alumbrar cómodamente,
Los agentes de esa policía migratoria serían bien entrenados y tendrían a su cargo chequear las carreteras, con facultad de repatriar a los indocumentados. Sería un brazo policial especializado para cumplir las leyes.
Una realidad dramática
Ocho años después, Rosario repasa el Plan Nacional de Regularización y sus resultados. Habla con documentos en mano. Es dramática la realidad: 288,467 extranjeros se inscribieron en el Plan (260,241 regularizados y 28,226 no regularizados); de los regularizados, 7,834 son residentes y 252,407 no residentes; el 35 % de los registrados son mujeres y hombres el restante 65 %.
De Haití procedieron la mayoría de las solicitudes de inscripción en el añejo Plan de Regularización: 282,536; de Italia, 766; de Estados Unidos, 666; de Venezuela, 439; de Cuba, 383; de España, 378; de otras nacionalidades, 3,299.
La Ley de Naturalización Especial (169-14) arrojó 60 mil extranjeros dominicanizados de 103 nacionalidades. De esos, 41,133 fueron haitianos.
La entrada Rosario: Hay presiones extranjeras para que RD asuma legión de haitianos; habla de policía migratoria (República Dominicana).
Fuente: El Nuevo Diario
