¿Seguridad social? Toda una historia de cuentos, mentiras y trampas y con fallas notorias en la mayoría de los colegios de profesionales, que junto a otras instituciones y en gran espiral, afecta dramáticamente la vida nacional y de lo que la prensa, por cómplice, no es ajena

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Realmente es escandaloso conocer, que, en este país, las debidas garantías para las vidas de sus ciudadanos y desde el punto de vista de la seguridad social, es el peor atajo de enriquecimiento ilícito para los ejecutores, institucionales y personales, de esos supuestos planes garantistas de salud y tanto desde las ARS como desde las AFP así como de los seguros propios de cada colegio de profesionales y como muestra preocupante de la fuerte degradación de la vida ciudadana.

Por ejemplo, el Colegio de Abogados, que tiene una matrícula de más de 65 mil miembros, como el Colegio de Periodistas, con unos 8 mil miembros o el Colegio de Notarios y sus 10 mil miembros. Ninguno tiene un fuerte como determinado capítulo de fondos estratégicos para el cuido de la salud de sus miembros y mucho menos para su retiro, vejez y muerte.

El pretexto socorrido que se argumenta es que la mayoría de sus miembros no pagan las cuotas de cada mes y que debido a ello se carece de los fondos necesarios para cubrir esas necesidades y lo que en parte podría ser verdad, pero que, al mismo tiempo, testimonia y por los desfalcos que a ratos se descubren, la ausencia notoria de civilidad y responsabilidad cívica por parte de todos sus directivos y miembros.

A partir de estas carencias, de inmediato se debe entender, que así como esos colegios andan paticojos, se puede comprender el por qué la seguridad social dominicana y en términos institucionales y sobre todo de gobierno, es un marcado fracaso para el resto de la población y la que para colmos, es esquilmada por las instituciones financieras que manejan, controlan o administran los fondos de pensión por más de 800 mil millones de pesos y de los que directamente, los burócratas que están al frente o pertenecen a la nómina de la superintendencia de esos fondos o el Estado, son los grandes beneficiarios directos de los mismos.

Hasta ahora, nada en concreto se dice sobre la realidad de quienes tienen esos fondos de trabajadores y empleados y con subterfugios, se argumenta que sirven de capital fresco para todas las instituciones financieras o de fondos de contingencia para los programas de obras públicas del Estado y lo que ciertamente, estaría bien, si en cambio, se publicaran las auditorías forenses, que indiquen por lo menos,  cuál es el por ciento y como dinero prestado, que en intereses son devengados por parte de  los trabajadores y empleados que hacen sus aportes y frente a quienes ahora usufructúan esos dineros y que se supone, deberían de estar  pagando a los propietarios legítimos de esos recursos.

Hay otras instituciones, como la cooperativa del sindicato de maestros, cuyos fondos son mega millonarios y de los que, sí se conoce, que responden con presteza a los requerimientos de sus miembros o lo otro de ciertas instituciones financieras, que disponen de cláusulas especiales en materia de seguridad para la salud y para la vejez de sus ejecutivos, que de tan generosos, dan de que hablar al resto de la población y por los privilegios de vida dentro del sector de empleos de la alta burocracia privada, en el que y por lo que sabemos, existe un tira y hala y terrible lucha de intereses y para ver quien se beneficia más y aun cuando sea al costo de apropiarse de los recursos generales de esos fondos y en base a cláusulas privilegiadas para sus ejecutivos y que es una verdadera vergüenza de cara a los intereses generales de la población que trabaja y para no hablar de la ciudadanía en general.

Sí se ha observado el interés del gobierno actual, que encabeza el presidente Luis Abinader, en mejorar la seguridad médica  a través de la institución Senasa y también en el aumento de cuota de garantías para las enfermedades extremas y por las que sus afiliados empieza a estar debidamente compensados, pero aún así, no menos de cinco millones de dominicanos y de los 10.5 millones que componen la población en el territorio nacional, carecen de la cobertura necesaria y en el aspecto de cuido de salud, atención a la vejez y los gastos de hospitalización y muerte e incluidos los gastos funerarios de tumbas y entierros, que no les son cubiertos.

Como contraste indecente, las cámaras legislativas así como los ejecutivos de determinados ayuntamientos, disponen de unos seguros extraordinarios y en mayoría, contratados en el exterior, que de tantos detalles de puro privilegios que tienen los miembros de esas instituciones y lo más abusivo, con dineros aportados por los contribuyentes, lo menos que provocan en quienes conocen los detalles, es una peligrosa rabia sorda que no deja que la paz de espíritu anide dentro de los espíritus de muchos.

De esta manera, la seguridad social y en el pleno ejercicio de la palabra, no existe para una fuerte mayoría nacional y sí solo para quienes como privilegiados dentro de las instituciones públicas como privadas, representan la posición ignominiosa de dominicanos de primera y el resto de segunda y que es la razón principal, del por qué la delincuencia y en todos los estamentos sociales, a tomado ya patente de corso y licencia para debilitar a los no favorecidos por la fortuna o porque se carezca de amigos o relacionados dentro de la estructura infame de la alianza público-privada dirigida a empobrecer aún más a los ciudadanos de clase media pobre y a los de a pie.

Se vive pues, dentro de los parámetros de una sociedad injusta, que para colmos, favorece la prostitución, el consumo de drogas ilícitas, el juego y el aniquilamiento social de la personalidad individual y llegándose al extremo, de que cada vez hay más personas ligadas o asociadas al narcotráfico, el tráfico de influencia, el lavado de activos y hasta los crímenes por encargos y acompañada de la terrible carga que tanto ilícito provoca y en instituciones como la policial o la militar, donde de un tiempo a esta parte, la degradación moral que las acompaña, prácticamente está a punto de aniquilarlas y que es la razón del porque sus miembros y en mayoría carecen de autoridad moral.

Desde luego, no queremos quererle hacerle daño a nadie, pero alguien dentro de determinados grupos debe y junto a estos, responder por tanta iniquidad y por eso que planteemos y como grito sentido de impotencia y desesperanza: ¿Seguridad social? Toda una historia de cuentos, mentiras y trampas y con fallas notorias en la mayoría de los colegios de profesionales, que junto a otras instituciones y en gran espiral, afecta dramáticamente la vida nacional y de lo que la prensa, por cómplice, no es ajena. (DAG)