Si se analiza en frío el caso criminal español Gürtel y se le retrata ante la versión dominicana de Odebrecht, rápidamente se descubren similitudes, que hacen suponer, que aquí, el ministerio público y el tribunal a cargo, procederá igual en condenas drásticas y castigos ejemplares ante semejante muestra de corrupción pública, tan infame como canallesca

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Mientras en España las instituciones funcionan y con todo que los mismos españoles hacen lo imposible por desacreditarlas y descalificarlas y que es la gran diferencia de como en este país y todos los otros de herencia hispánica, el Estado no es ni siquiera funcional y mucho menos creíble.

            Lo cierto, que, en la nación ibérica, su sistema de justicia es realmente independiente a todos los intereses públicos como privados y tanto, que, en la dilucidación de ciertos casos, parecería que determinados jueces y fiscales, en su interpretación de los textos legales, llegara el momento de que se muestran más puntillosos de la cuenta y casi con aires de creerse un suprapoder.

            Sin embargo, dejando subjetividades a un lado, lo determinante es, que, en el país ibérico, no solo que quien la hace la paga y sin importar el tiempo que se tome al Poder Judicial para determinar hechos y responsabilidades, sino que al final y con la excepción de Cataluña, las instituciones funcionan y gozan de la mayor credibilidad ciudadana.

            Ante esa realidad, los ciudadanos españoles y como contribuyentes, se encuentran totalmente seguros de que el funcionario, empresario o institución que roba los dineros públicos, este nunca dejará de ser sancionado y si naturalmente, las pesquisas arrojan, no solo su imputabilidad, sino el grado de culpabilidad que le acompañan por los ilícitos efectuados.

           Por eso, ningún ciudadano y por más poder económico o de representatividad social o gubernamental que pueda tener, se le ocurre asumir, que, si comete un fraude o desfalco contra la hacienda pública, podría evadir el castigo y señalamiento de lugar y de ahí, que el principal resultado positivo sea, que los funcionarios, nacionales, provinciales y municipales. Ninguno actúa a la libre y nadie y de jefe de gobierno nacional para abajo, se le ocurre cometer una ilegalidad, que como se ha notado por la firmeza y rudeza del Poder Judicial, se sabe que jueces y fiscales castigan con todo el rigor que les otorga la ley.

            En consecuencia, España es un Estado adulto, vivo y viable y de alta credibilidad moral y que como sabemos, lamentablemente, no es la condición generalizada del Estado Dominicano y la mayoría de todo su cuerpo de funcionarios públicos.

            Y al hacer pues las comparaciones de lugar, se entiende el por qué en los últimos cincuenta años, en República Dominicana nunca se ha sancionado la corrupción pública desde todo el estamento oficial y menos el empresarial y financiero y que es el origen del por qué la corrupción ahoga y lacera la vida nacional.

            Ahí tenemos el Odebrechtgate, un escandaloso caso de depredación pública a gran escala, en el que coinciden todas las formas posibles o inimaginables de dolo, corrupción, cohecho, prevaricación, soborno, estafa, fraude, apropiación indebida de fondos públicos, coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública y asociación de malhechores y el que increíblemente, abarca a integrantes de los tres poderes interdependientes del Estado y su colateral de periodistas, medios y empresarios, cómplices activos en todos los ilícitos cometidos. 

           Pues, mientras en los demás países en los que el cartel mafioso de asociación de malhechores, que la multinacional brasileña creó en ocho países latinoamericanos y para agenciarse contratos y licitaciones de construcción de obras públicas, en siete, jueces y fiscales han actuado, castigado, expropiado bienes e impuestos multas millonarias, solo en República Dominicana, no ha habido ningún tipo de condena y resarcimiento de daños y al contrario, son las mismas instituciones del Estado y funcionarios públicos a todos los niveles, quienes hacen lo imposible por que la Justicia no actúe, en tanto todo un asqueante e indecente tinglado mediático, hace presencia y para impedir que no hayan juicios y tampoco condenas y menos, que los implicados conozcan cárcel, al tiempo que se les facilitan las cosas y para que todos, traten de ocultar sus bienes, activos y recursos y al mismo tiempo, se actúa desplegando campañas mediáticas de manipulación de hechos  y afectación del honor y moral de fiscales y jueces y para lograr que nadie sea implicado o imputado y luego acusado y condenado.

            ¿A que se debe semejante desorden e inconducta tan amoral?, a que, en los últimos 22 años, áreas del poder ahora y del presidencial anterior, en las administraciones de Leonel Fernández y como nunca se había visto. El Estado Dominicano fue convertido, en uno delincuente, en el que, hasta el primer magistrado de la nación se implicaba abiertamente y en lo que se entendían presumibles tratativas infames, de complicidad y aceptación de regalos e intermediación a favor de la multinacional brasileña y todas clases de ilícitos perpetrados por carteles del narcotráfico y estos prohijados por militares en activo y desde ministro de Defensa para abajo.

            En razón de tal realidad, todavía no se puede decir que semejante incultura de lo ilícito y desde el mundo oficial haya podido ser disminuida y menos, cuando desde el sector privado de la economía y en alianzas con factores públicos de poder. Son incontables los hechos criminales de dolo y robo, perpetrados por instituciones financieras, de la sociedad civil, de los sindicatos y a un grado tan extraordinario, que en muchos aspectos, en su lado criminal, a esta nación se la entiende una, en la que las peores formas y practicas de corrupción  son incentivadas y protegidas y con mucho énfasis, desde uno de los sectores fácticos, que en una sociedad organizada, nunca concurrirían en ilícitos de ninguna especie y como lo es el integrado por los millonarios barones mediáticos, quienes y en muchos casos puntuales, utilizan sus mass media como especie de arma de reglamento para imponérsele a los gobiernos y a la sociedad y hasta a determinados periodistas asignados a fuentes determinadas y para que les sirvan de alcahuetes para obtener privilegios, contratas y canonjías y lo que siempre deberá de ser condenado y como la peor forma de corrupción y de abuso de confianza, dado que con ello, el factor mediático, no solo conspira y alienta las inconductas que pudieran generalizarse en la ciudadanía, sino que se convierte en el motor que impulsa todo lo ilícito y la innegable inversión de valores morales que afecta a la sociedad y en particular, a la alta burguesía de clase media superior económicamente.

            Ayer y después de trece meses de intensas investigaciones, recopilación de pruebas e indagatorias, uno de los más altos tribunales españoles, la Audiencia Nacional, condenó en la llamada trama Gürtel (la versión española del Odebrechtgate) al partido de gobierno, el Popular, como al extesorero del mismo (Luis Bárcenas) y otros individuos, por corrupción. AL PP, exactamente “por lucrarse de una trama corrupta de empresarios y cargos públicos de esa formación” en el tráfico ilícito de influencias para obtención del otorgamiento de contratos de obras públicas a empresas y empresarios donantes de apoyo a ese partido, estructura criminal organizada y creada por Bárcenas y quien fue condenado a 33 años de cárcel, igual su esposa, a quince años y al empresario Francisco Correa, considerado el líder de la trama, a 51 años.

            Al contrario, en este país, todos los involucrados en el Odebrechtgate se defienden mediáticamente como gatos boca arriba y de insolentes, acusando y amenazando a terceros, mientras el considerado cabeza de esos ilícitos, el impresentable de Angel Rondón Rijo, quien era el que repartió 92 millones de dólares estadounidenses en sobornos y beneficiando a todo un tejido criminal compuesto por altos cargos públicos en los tres poderes interdependientes del Estado y también a un amplio grupo de periodistas y responsables de medios, quienes luchan a brazo partido por tratar de implicar a la mayor cantidad de personas y para que al final, las acusaciones tuviesen que caerse, si como esa mafia espera, las pruebas que está recopilando la procuraduría general de la República (PGR) no fueran suficientes, creíbles y firmes, para ser presentadas y sustentadas ante el tribunal especial a cargo.

            Desde luego, que toda la gente decente de este país aspira a que todos los implicados en el Odebrechtgate, les pase igual o peor que lo que acaba de ocurrir en España con los responsables de la trama Gürtel. Pero hay una duda y generada por una gran diferencia: Que, en España, ningún medio escrito, radial, televisivo y digital que se precie de responsable, nunca a actuado de alcahuete o apoyador de lo ilícito y de ahí su gran peso moral. En tanto el periodismo dominicano y dentro de la llamada prensa mercancía, es la muestra más envilecedora de la corrupción mediática en connivencia espuria con el poder.

            Situación que nos impulsa a tener dudas, pero no tantas, como para que no se entienda, que, si se analiza en frío el caso criminal español Gürtel y se le retrata ante la versión dominicana de Odebrecht, rápidamente se descubren similitudes, que hacen suponer, que aquí, el ministerio público y el tribunal a cargo, procederá igual en condenas drásticas y castigos ejemplares y ante semejante muestra de corrupción pública, tan infame como canallesca. Con Dios. [DAG. Viernes, 25 de mayo de 2018. Año XVI. Número 6,321]