En el desarrollo de la vida política como pública, nada ocurre al azar y en este sentido, siempre serán determinantes, los pasos que dé el tribunal de primera instancia, Junta Central Electoral (JCE) para decidir en uno u en otro aspecto sobre el destino que deberá tener el proceso electoral, que culminaría con las elecciones del 2024.
Si el pleno de la JCE decide, por ejemplo, que determinadas fuerzas políticas vayan con mejor ventaja que otras o lo decisivo, que los miembros del pleno y más por razones egoístas y personales de su presidencia y uno que otro de sus miembros, entiende que debe variar o demorar la voluntad popular, nada mejor que apelar al expediente del 2020, pero mejorado.
Sobre todo, cuando sin que hubiese habido nada que indicara que el torneo electoral no podía o no debía realizarse, en aquella oportunidad, el pleno decidió unilateralmente, que como hubo una secuencia de errores en el aparato informático y que tan extrañamente sus técnicos no podían resolver, se prefirió suspender los comicios y provocando con ello la serie de catarata en errores que llevó al partido oficial de entonces, a una segura y humillante derrota electoral y más hija de la JCE, que de ninguna fuerza política en particular.
Ocurrió, que el presidente de la entidad, Julio César Castaños Guzmán, decidió generar sus propios resultados electorales y al suspender las elecciones, por lo que todo el mundo achacó a trampa del gobierno ya saliente, la inusitada interrupción.
Fue precisamente por esa interrupción tan extraña, que ese día, el actual presidente de la República, Luis Abinader, logró un triunfo sorpresivo y seguro y gracias a dos factores, la movilización mediática contra el gobierno del PLD y la incursión política solapada y desestabilizadora de un expresidente Leonel Fernández, quien, utilizando arteramente su nueva bandería política, socavó de plano, un triunfo electoral que se entendía ganaría el partido morado.
Ahora y en base a tal experiencia, la partidocracia entiende que la actual dirección de la JCE está en los mismos pasos de la anterior, pero para beneficiar aparentemente al partido oficial PRM y al presentar la nueva resolución por la que prohíbe que las banderías políticas y sus candidatos no pueden ni debe desenvolverse, en los aprestos de campaña electoral abierta, con la libertad “de funcionabilidad” que se supone la ley electoral facilita y que ningún burócrata no debe impedir y en particular, vulnerando la libre opinión y la libertad de reunión.
¿Qué ha hecho?, prohibir el cese inmediato de los actos de mítines, marchas, caravanas, durante la precampaña y bajo la amenaza, de que quien desobedezca, recibirá una dura sanción en la reducción del monto del subsidio que la ley otorga a los partidos políticos registrados para concurrir a las urnas.
Es decir, y por más “razonamientos” que el pleno de la JCE ha utilizado para justificar su decisión, toda la parte opositora de la partidocracia ha montado en cólera y abiertamente se rebela contra la inoportuna decisión, que ciertamente debió tomarse el mismo día de apertura de la precampaña y con un anuncio al efecto y lo importante, sin violentar derechos. No se hizo y ahora y de inmediato, todos los partidos y lideres políticos han entendido que “la JCE quiere resolverle al PRM para que vaya con ventaja y gane los comicios”.
Cierto o no, se hace evidente que el tribunal de primera instancia está maniobrando contra los partidos y que, de continuar en persistir en sus alegatos, no solo que la JCE perderá credibilidad moral para dirigir los comicios de febrero y mayo de 2024, sino que, a razonamiento a contrario, bien que podría provocarle al PRM como partido oficial, que paradójicamente pudiera perder la ventaja táctica que su condición de partido en el poder le ofrece, salvo que sus legisladores tomen el toro por los cuernos y obliguen a la JCE a ajustarse a derecho.
Lo prudente debería de ser, que la JCE retire su resolución o que el mismo PRM le demande una reunión amplia de todo el liderato político nacional y como el mejor modo de quitarse de encima la curiosa sospecha que el pleno de la JCE le ha hecho caer a su responsabilidad y de la que aun parecería que “el pueblo” no.
Entendemos también, que la actual JCE favorece a un candidato presidencial opositor, precisamente aquel que tiene la mayor tasa de rechazo, pero que también cuenta con la aceptación de las infames redes sociales y los opinantes en los kilométricos programas de radio y televisión, quienes decididos a tumbar al PRM como en el 2020 se le hiciera al PLD, ahora se le van al cuello y en particular, afectando la probable candidatura reeleccionista constitucional oficial.
Esta nueva situación debería obligar al presidente Luis Abinader, a cerciorarse y darse cuenta, de que es contra él, contra quien va la JCE y por más desmentidos y golpes de pecho que su pleno se dé, pues al entenderse que su accionar no se ajusta a un árbitro electoral que no tenga simpatías o prejuicios por ninguna bandería y candidaturas.
Las reacciones de los partidos opositores y como se ha visto, han sido de esas de tirar la piedra y esconder la mano. La FP dice que no permitirá que se le silencie, el PLD habla de que las actividades que efectúa van dirigidas a plantear “una movilización ciudadana en contra de los altos precios de la canasta básica, los apagones y otras problemáticas que afectan a la población” y mucho más, cuando esa organización y desde hace días tiene anunciada una gran marcha “de la esperanza”, dice y en la ciudad de Santiago. En tanto para el PRD, el busca alianzas de todo tipo, se dice que “la resolución de la JCE llega tarde. Debemos provocar que el liderazgo partidario llegue a un acuerdo con la autoridad electoral para viabilizar el cumplimiento de la normativa electoral”. Del lado del PRM, silencio.
Si se nos fuera a solicitar nuestra opinión y como medio de comunicación digital de 23 años corridos de fundado y columna política no partidaria de 51 años de existencia continua, diríamos y para concretar, aparte de lo nuevo que aquí observamos, que si se recuerda que para las elecciones del 2020 fue la parcialidad de la JCE al suspender las elecciones, el factor que motorizó el triunfo a favor del PRM, no debe ser extraño que la partidocracia y desde la oposición, se oponga a la última decisión de esta, prohibiendo la libertad de acción, actitud, reunión y de palabra en la misma precampaña electoral por parte de todas las fuerzas políticas.
En consecuencia, habría que decir, que, de improviso, las elecciones están en dudas y dada la torpeza, de una JCE, que como mujer casquivana deja ver debajo de su vestido el refajo que lleva y lo que, a corto plazo, significaría pérdida de credibilidad y ausencia notoria de respeto a la libertad de escogencia de la población. Es cuánto. (DAG) 12.08.2023
