Soluciones a las malas prácticas policiales (II de II)

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Llama a preocupación la indefinición frente a la reforma policial. Parecería que se quiere condenar y cobrar a la Policía Nacional todos los pecados y crímenes políticos influenciados por grandes potencias y la Guerra Fría, ya que se plantea por una parte intenciones de destruir la institución policial, con todo y su palacio, por otra parte, sustituirla con servicios de seguridad privada.

Será una manera de desahogar y vengar todos los resentimientos sociales de cada gobierno dictador, represivo e inhumano que ha permitido y mantenido victimizando y abusando a muchos sectores de la población que hoy tienen poder, usando no solo a la PN, sino a todos los organismos de seguridad e inteligencia.

La cantaleteada reforma a la Policía vuelve a resurgir, esta vez motivada con voluntad política del Señor Presidente de la República y por parte de la sociedad, siendo acelerada por la lamentable muerte de la pareja cristiana en Villa Altagracia que indignó a la población dominicana.

Este trágico hecho destapa la trayectoria de cuestionable moral y hoja de servicio criminal del comandante de la plaza. El perfil del coronel Mariñez Lora, comandante departamento por casi tres años en Villa Altagracia, habría sido descalificado para optar como comandante de esa plaza, si se aplicara un régimen de carrera policial institucional, transparente y efectivo, que establezca la obligatoriedad de concursos o evaluados con exámenes de oposición para acceder a los puestos de mando.

Queda al desnudo la irresponsabilidad y dejadez de los gobernantes y autoridades de los poderes públicos dominicanos para asumir la modernización, eficientización y humanización con transparencia ética de todo el Estado, siendo la Policía dependiente y subordinada del poder ejecutivo, y una de las instituciones más importante y necesaria, de manera que haga cumplir la Constitución y las leyes, aplicando y respetando.

Lo que ha dado paso a las innumerables víctimas a manos de la Policía en los 85 años de su historia, (junto a otros organismos de seguridad e inteligencia) pues, no hay excusa alguna que pueda justificar que en más de ocho décadas ningún presidente, congreso ni sector alguno se sumara a nuestro clamor durante 30 años que llevamos promoviendo una verdadera reforma policial.

Desde siempre, el ingreso, nombramientos, ascensos, retiros, las evaluaciones y demás aspectos del régimen de carrera de los miembros de la Policía, han dependido de la voluntad de los presidentes e incumbentes de turno, también, de otros con influencias oscuras, ignorándose la meritocracia que manda la Constitución y las leyes.

En esta segunda parte complementamos el fortalecimiento institucional a través: 1) De los concursos para las designaciones o nombramientos en los puestos de mando. 2) Cambio de Estructura Orgánica Funcional 3) Profesionalización y doctrina policial adaptada a la visión de un Estado Social y Democrático de Derechos y el debido proceso; 4) Filosofía de Integración Comunitaria; 5) Oficinas de Atención al Ciudadano con tecnología policial moderna para todas las oficinas. 6) Supervisión efectiva y transparente.

La Constitución de la República en su artículo 138 establece los principios de la administración pública y es específico, en cuanto a que el acceso a la función pública se llevará a cabo mediante los méritos y la capacidad de los candidatos; el artículo 255 Constitucionaliza la función policial y el artículo 256 establece la carrera policial y las pautas o las líneas generales para que a través de una ley se definan los detalles de cómo debería desarrollarse la carrera policial en cada caso.

La Ley Institucional 590-16, en su capítulo V (desde el art. 56 al art. 93) trata la mayoría de los aspecto fundamental y determinante del servicio y la carrera policial que manda el artículo 256 de la Constitución, pero deja de lado la forma y el cómo se accede a los puestos de mando en la policía nacional, que en definitiva será la persona responsable de lo que hagan sus subordinados en cada intervención policial y del trato que reciba la población.

Desde nuestra perspectiva, estamos ante la tarea pendiente más desafiante de los últimos tiempos, es por esta y otras razones que abocarnos a introducir en la nueva normativa las formalidades para obtener nombramientos o designaciones dentro de la Policía Nacional representaría un gran avance y un verdadero cambio con fortalecimiento para la institucionalidad policial.

La seguridad pública y ciudadana no depende de que tengamos buenos Policías, ni de malos ciudadanos y viceversa, el asunto es más complejo, por lo que va más allá del policía que queremos, se requiere de responsabilidad estatal, de humanizar y fortalecer la calidad de vida ciudadana, de fiscalizar la labor preventiva de seguridad (no haciendo redadas, ni revisiones, ni molestando al ciudadano en las calles, lo que de paso es ilegal e inconstitucional, ni improvisando con presencia de guardias en las esquinas de las principales avenidas) lo que se requiere es verdaderas políticas públicas con planes integrales para prevenir la violencia y los crímenes; involucrando a la sociedad en la elaboración e implementación  de dichas políticas, de convertir a la policía en una institución de servicios y no de pedigüeños ni de extorsionadores o serviles.

La justicia y la ley son el fundamento de la institucionalidad. Cuando se ausentan o se corrompen la justicia y la ley, el mal gobierna, reina el crimen y colapsa la institucionalidad. A razón, República Dominicana vive la peor crisis institucional, y nuestro presidente urge del apoyo de todos sus funcionarios, quienes en su gran mayoría no se perciben en la misma sintonía. En tales circunstancias es difícil avanzar, medrar y competir. Sumado a esto, el deterioro ético-moral y un agravado miedo generalizado por la pandemia complican la crisis de seguridad.

Nosotros como policía de carrera, sentimos igual que el que más, las deficiencias de nuestra seguridad pública y de las instituciones responsables que dependen del gobierno para garantizarla. Y conscientes de esta situación, estamos dispuestos a involucrarnos y participar en llevar solución a esta problemática social de inseguridad; pues queremos y debemos trabajar en la construcción de un mejor país.

Reiteramos que la policía es un reflejo de la sociedad y ella no se hizo así misma. Según muchos planteamientos de diferentes sectores y particulares la policía debe ser eliminada y hasta derribar el palacio policial.

Preguntamos: ¿Entonces, debemos destruir la sociedad dominicana incluyendo a los que actuamos correctamente y no somos parte del problema?

De igual manera: ¿Debemos destruir la justicia, con su sede corrupta de contratos leoninos, también el congreso y así sucesivamente todas las demás instituciones que entendemos no funcionan?

Dios bendiga siempre al pueblo dominicano. Todo por la Patria. Por Juan Tomás Taveras  [El Nuevo Diario]